TERRORISMO FINANCIERO EN CHIAPAS

Publicado: Septiembre 14 del 2008.

Por: Rafael Cruz Vázquez*

Llamadas intimidatorias, amenazas de embargo, y de ser boletinados al Buro de Crédito, hostigamiento a altas horas de la noche, insomnio, depresión, crisis nerviosas, en fin, todo un estrés en su máxima expresión, son algunas de las características que presentan, tarjetahabientes de las distintas instituciones financieras, bancos, tiendas departamentales, y demás, que al no poder pagar las respectivas mensualidades de sus deudas o créditos, viven en “Cartera Vencida”, y detrás de ellos el acoso de los despachos de cobranzas.

Los comisionistas de tiendas departamentales, bancos y financieras, continúan embaucando a cuanta persona se deje, con el gancho, de que pueden facilitar préstamos hasta en 48 horas, así también, el hecho de que con gran facilidad expiden tarjeta de créditos, y que con estas, pueden obtener efectivo en los cajeros automáticos, además de que el Costo Anual Total (CAT) de las mismas, tiene uno de los porcentajes más bajos en comisiones por su uso.

Sin embargo aunado a la crisis económica que atraviesa el País, el frecuente aumento de las gasolinas, el desempleo, la inflación en general; el mal uso de tarjetas bancarias, las compras compulsivas, adquirir artículos que no son de primera necesidad, el no leer las clausulas para la obtención de una tarjeta de crédito, son algunos factores, que ocasionan que las personas hoy en día, se encuentren angustiadas por encontrarse endeudadas y en condiciones de no poder pagar a las instituciones de crédito y tiendas departamentales.

Esta situación trae como consecuencia, que los bancos o tiendas departamentales, contraten despachos jurídicos de cobranza o agencias de recuperación de créditos, que operan indebidamente, sin respeto a código de ética alguno, tratan de obligar a los deudores a pagar, amenazándolos de diferentes formas, a través de cartas, oficios, donde les dan a conocer que si no cubren sus adeudos, les serán embargados bienes muebles e inmuebles, o al extremo de que pueden ir a la cárcel, y de que recogerán la mercancía o producto adquirido.

También coaccionan a las personas mediante llamadas telefónicas frecuentes en días festivos, fines de semanas e incluso en horarios nocturnos interrumpiendo el descanso de las familias, en la mayoría de las ocasiones los despachos de cobranza, tienen contacto con niños, con personas de la tercera edad, que por su condición a veces presentan cuadros clínicos de diabetes, alta presión, u otras enfermedades que se agravan por estas acciones de intimidación.

Se encuentra contemplado en nuestra Carta Magna, el fundamento legal que protege los derechos de los deudores, de todos estos tipos de abusos como es el caso del Art. 14, que a la letra dice: “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En ese sentido, también tutela dichos derechos, el Art. 16, que enuncia:”Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesión, sino en virtud de mandamientos escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de procedimiento.

Es evidente que nuestra legislación federal establece que previo al cobro judicial de un adeudo, es necesario un juicio ante los tribunales civiles o mercantiles en su caso y que cualquier cobro que se pretenda realizar con antelación, es extrajudicial, es decir sin juicio y sin respaldo legal de una autoridad.

Cabe hacer notar que la ley, no permite amenazar o ejercer ningún tipo de violencia para exigir el cobro a ninguna persona. De igual forma las autoridades deberán tener una sentencia en contra del deudor, requisito indispensable para exigir el cobro judicial.
En Chiapas, se pueden citar algunos despachos jurídicos de cobranza, contratados por algunas financieras, como es el caso de “Financiera Independencia” que para recuperar cartera vencidas, requiere de los servicios de la agencia de cobros hostigadora, denominada “Conexia”, de la misma manera que lo hace el despacho autodenominado “Procuraduría de Cobranza Judicial” que con sus acciones de usura, fraude y amenazas, trabaja para Banco Azteca y Elektra.

De igual manera, lo hacen las tiendas departamentales y empresa, como son C&A, que para obligar a sus clientes a pagar sus adeudos, tiene al “ Grupo Asis, grupo de Asistencia Jurídica, S.C“, cuyo representante es Rafael Gutiérrez Padilla, así también lo hace LIVERPOOL, con su departamento de cobranzas, emplaza a pago a sus clientes mediante notificaciones que contienen únicamente firma , omitiendo el nombre del responsable de la misma. Lo mismo hace TELMEX que amenaza a sus clientes, que de no liquidar sus adeudos, le proporcionará su histórico de no pago al Área Contenciosa Jurídica, representado por el “Grupo Impulsor de Cartera”.

No es un delito que despachos jurídicos de cobranza realicen su trabajo contratados por instituciones bancarias o tiendas departamentales, lo que puede considerarse un delito, es la manera de presionar al pago, no se debe permitir las amenazas al patrimonio, ser objeto de presión psicológica y maltratos. Estos métodos de cobranza no son legales y éticos, van contra los principios de la abogacía, y pueden en incurrir en delitos de daño moral, fraude, allanamiento e incluso extorsión o chantaje.

Estos tipos de abusos, pueden ser denunciados ante “La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), o en su defecto ante el Fiscal del Ministerio Público y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aún cuando se trate de instituciones privadas.

No se trata de fomentar la cultura del no pago, pero si frenar todo este “terrorismo financiero”, y dar a conocer a los deudores de los derechos que tienen, y que los ampara la ley.

La recomendación para los deudores, es que negocien su deuda directamente con las instituciones financieras o tiendas departamentales, no así con los despachos, ya que el objetivo es evitar que esta aumente, y en su momento hasta se puede llegar a pagar sin intereses, lo cual sería una buena negociación, así también es sugerente en caso de ser necesario, que soliciten asesoría a la CONDUSEF.

*Se ha desempeñado como asesor del Poder Legislativo de Chiapas, asesor de ONG’S y articulista invitado de las Revistas de circulación Estatal y Nacional “Diálogos en el Sur”, “Imagen Política de Chiapas”, y “Quehacer Político”.

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