Publicado: Agosto 18 del 2008.
Por: Rafael Cruz Vázquez*
Frenar el deterioro forestal, fomentar la protección, restauración, producción, ordenación, cultivo, manejo y aprovechamiento de los recursos forestales maderables y no maderables, que brindan servicios ecosistémicos en la Entidad.
Así como Fortalecer las capacidades municipales en materia forestal, mediante el establecimiento, operación y desarrollo del Servicio Forestal Municipal, son algunas de las consideraciones, contempladas en la exposición de motivos del proyecto de lo que será la nueva “Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para Chiapas”, que en breve aprobaran los legisladores locales.
Sin embargo, como desaciertos se consideran algunos cambios que se hacen notables en el mencionado proyecto de Ley, como el de suprimir el Capitulo II del Titulo de participación social de la Ley Forestal Vigente, es decir desaparecer la figura del, una instancia de real representación social del sector, lo cual implica que los dueños y poseedores de predios forestales, ejidos y comunidades, organizaciones sociales, instituciones de investigación científica, personas físicas y morales relacionadas con el sector, todos ellos tendrán limitada participación e injerencia en lo que respecta a eficientar, vigilar, y mejorar las acciones de las políticas públicas que buscan el desarrollo sustentable de los recursos forestales y la conservación del medio ambiente.
Es necesario ser congruente con el mandato de ese Ordenamiento Forestal en vigencia, y establecer el impulso y fomento de la participación social, mediante prácticas democráticas que propician la interacción de la sociedad con las diferentes instituciones de gobierno. Al abrir canales institucionales para la participación sobre todo comunitaria, se alcanzarán políticas públicas más consensuadas y por tanto más eficientes. De esta manera se evitará el centralismo institucional en la gestión de recursos forestales, en la autorización de permisos de aprovechamiento, en la asignación de presupuesto para los distintos proyectos del sector.
Cambios substanciales o no, lo cierto es que la tan anunciada Ley, ha generado expectativas en los dueños y poseedores de recursos forestales, así como en la sociedad que percibe a esa normatividad, como una esperanza para evitar la desforestación, la tala clandestina, y el desarrollo forestal en Chiapas.
Pero por más innovadora que sea una ley, y contenga buenas intenciones, no basta, sino se destinan recursos financieros que permitan hacer operable la misma, establecer o perfeccionar los sistemas administrativos de las instituciones del sector que tengan un alto grado de descentralización, sectorización y participación social. El problema no es la funcionalidad de la Ley, sino la falta de su aplicación.
Aun cuando el gobierno federal ha considerado el tema del deterioro de bosques y selvas, como un asunto de Seguridad Nacional, implementando su política de “Cero Tolerancia a la Tala Ilegal”, no ha dado el resultado esperado, por falta de recursos para implementar los operativos necesarios para combatir y desarticular las bandas organizadas de “talamontes”.
Y como lograr este objetivo, si tan solo en este año, del Presupuesto total de Egresos de la Federación que asciende a 2 billones 569 mil 450.2 millones de pesos, el Ejecutivo Federal asignó para el apartado de gestión ambiental y recursos naturales 39 mil 64 millones de pesos que equivale al 1.5 %, cantidad por demás paupérrima e insuficiente que reduce la atención por parte de los programas gubernamentales y las acciones prioritarias y estratégicas para la sustentabilidad de los recursos naturales, tales como Inspección y Vigilancia, el cuidado de Áreas Naturales Protegidas, y el Manejo Forestal Sustentable de Comunidades y Ejidos, aún cuando este último, representa la mejor alternativa para detener la desforestación de bosques y selvas del país, aliviar la pobreza de los aproximadamente 13 millones que habitan en estos, mitigar el cambio climático, entre otros beneficios.
Así también en los presupuestos de egresos o gasto publico de los Estados de la República, el tema ambiental ha quedado muy relegado a pesar de los esfuerzos de los gobiernos estatales, como es el caso de Chiapas, que de 40 mil 873 millones a que asciende su presupuesto estatal de egresos en el 2008, únicamente dispone de 120 millones 43 mil pesos para la gestión ambiental y desarrollo sustentable, lo cual representa el 0.3 % del gasto público total.
No sólo se trata de escases de recursos, sino también de combatir y terminar con la negligencia y corrupción de los servidores públicos del sector forestal, que sin lugar a dudas, también, son responsables de permitir que crezca el índice de delincuencia ecocida , tal situación es violatoria de la ley forestal vigente, correspondiente al Título V, Capitulo II, en sus artículos del 102 al 117.
Sin dejar de reconocer la buena intención del Gobierno de Chiapas, más que abrogar una Ley, y crear una nueva, cuyo contenido incluirá los mismos instrumentos de la política estatal forestal, que son parte fundamental de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable Para el Estado de Chiapas, aún vigente. Definitivamente se requiere hacer cumplir la legislación actual o la que entrará en vigencia; por lo que se hace necesario que los gobiernos en sus distintos ámbitos de responsabilidad, le destinen suficiente recursos financieros al sector forestal y medio ambiente, lo que es sinónimo de cumplir con los mandatos de dicha Ley, garantizando así una gestión del desarrollo forestal y conservación de los bosques y selvas de la entidad.
*Se ha desempeñado como asesor del Poder Legislativo de Chiapas, asesor de ONG’S y articulista invitado de las Revistas de circulación Estatal y Nacional “Diálogos en el Sur”, “Imagen Política de Chiapas”, y “Quehacer Político”.
laberinto_chis@hotmail.com cruz-vazquez@hotmail.com,
http://www.laberintochiapas.blogspot.com/
Así como Fortalecer las capacidades municipales en materia forestal, mediante el establecimiento, operación y desarrollo del Servicio Forestal Municipal, son algunas de las consideraciones, contempladas en la exposición de motivos del proyecto de lo que será la nueva “Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para Chiapas”, que en breve aprobaran los legisladores locales.
Sin embargo, como desaciertos se consideran algunos cambios que se hacen notables en el mencionado proyecto de Ley, como el de suprimir el Capitulo II del Titulo de participación social de la Ley Forestal Vigente, es decir desaparecer la figura del
Es necesario ser congruente con el mandato de ese Ordenamiento Forestal en vigencia, y establecer el impulso y fomento de la participación social, mediante prácticas democráticas que propician la interacción de la sociedad con las diferentes instituciones de gobierno. Al abrir canales institucionales para la participación sobre todo comunitaria, se alcanzarán políticas públicas más consensuadas y por tanto más eficientes. De esta manera se evitará el centralismo institucional en la gestión de recursos forestales, en la autorización de permisos de aprovechamiento, en la asignación de presupuesto para los distintos proyectos del sector.
Cambios substanciales o no, lo cierto es que la tan anunciada Ley, ha generado expectativas en los dueños y poseedores de recursos forestales, así como en la sociedad que percibe a esa normatividad, como una esperanza para evitar la desforestación, la tala clandestina, y el desarrollo forestal en Chiapas.
Pero por más innovadora que sea una ley, y contenga buenas intenciones, no basta, sino se destinan recursos financieros que permitan hacer operable la misma, establecer o perfeccionar los sistemas administrativos de las instituciones del sector que tengan un alto grado de descentralización, sectorización y participación social. El problema no es la funcionalidad de la Ley, sino la falta de su aplicación.
Aun cuando el gobierno federal ha considerado el tema del deterioro de bosques y selvas, como un asunto de Seguridad Nacional, implementando su política de “Cero Tolerancia a la Tala Ilegal”, no ha dado el resultado esperado, por falta de recursos para implementar los operativos necesarios para combatir y desarticular las bandas organizadas de “talamontes”.
Y como lograr este objetivo, si tan solo en este año, del Presupuesto total de Egresos de la Federación que asciende a 2 billones 569 mil 450.2 millones de pesos, el Ejecutivo Federal asignó para el apartado de gestión ambiental y recursos naturales 39 mil 64 millones de pesos que equivale al 1.5 %, cantidad por demás paupérrima e insuficiente que reduce la atención por parte de los programas gubernamentales y las acciones prioritarias y estratégicas para la sustentabilidad de los recursos naturales, tales como Inspección y Vigilancia, el cuidado de Áreas Naturales Protegidas, y el Manejo Forestal Sustentable de Comunidades y Ejidos, aún cuando este último, representa la mejor alternativa para detener la desforestación de bosques y selvas del país, aliviar la pobreza de los aproximadamente 13 millones que habitan en estos, mitigar el cambio climático, entre otros beneficios.
Así también en los presupuestos de egresos o gasto publico de los Estados de la República, el tema ambiental ha quedado muy relegado a pesar de los esfuerzos de los gobiernos estatales, como es el caso de Chiapas, que de 40 mil 873 millones a que asciende su presupuesto estatal de egresos en el 2008, únicamente dispone de 120 millones 43 mil pesos para la gestión ambiental y desarrollo sustentable, lo cual representa el 0.3 % del gasto público total.
No sólo se trata de escases de recursos, sino también de combatir y terminar con la negligencia y corrupción de los servidores públicos del sector forestal, que sin lugar a dudas, también, son responsables de permitir que crezca el índice de delincuencia ecocida , tal situación es violatoria de la ley forestal vigente, correspondiente al Título V, Capitulo II, en sus artículos del 102 al 117.
Sin dejar de reconocer la buena intención del Gobierno de Chiapas, más que abrogar una Ley, y crear una nueva, cuyo contenido incluirá los mismos instrumentos de la política estatal forestal, que son parte fundamental de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable Para el Estado de Chiapas, aún vigente. Definitivamente se requiere hacer cumplir la legislación actual o la que entrará en vigencia; por lo que se hace necesario que los gobiernos en sus distintos ámbitos de responsabilidad, le destinen suficiente recursos financieros al sector forestal y medio ambiente, lo que es sinónimo de cumplir con los mandatos de dicha Ley, garantizando así una gestión del desarrollo forestal y conservación de los bosques y selvas de la entidad.
*Se ha desempeñado como asesor del Poder Legislativo de Chiapas, asesor de ONG’S y articulista invitado de las Revistas de circulación Estatal y Nacional “Diálogos en el Sur”, “Imagen Política de Chiapas”, y “Quehacer Político”.
laberinto_chis@hotmail.com cruz-vazquez@hotmail.com,
http://www.laberintochiapas.blogspot.com/
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