Publicado: Julio 6 del 2008
Por: Rafael Cruz Vázquez*
Es evidente que para el gobierno federal, las fronteras norte y sur del país, son prioridad en el combate al narcotráfico, y delincuencia organizada, así también el hecho de que las corporaciones policiacas de los estados del norte estén en un proceso constante de Capacitación y adiestramiento, respecto al combate al crimen organizado, a diferencia de los del sur, en particular el estado de Chiapas, que son vulnerables, al no contar con el adiestramiento necesario, y carecer de instrumentos suficientes de información e inteligencia, y de infraestructura para combatir el narcotráfico.
Independientemente que el narcotráfico es un delito federal, y no es competencia directa del gobierno del estado de Chiapas para combatirlo, sin embargo es necesario que este, dentro del ámbito de coordinación con el gobierno federal, solicite que se capacite a sus policías estatales en la persecución, y combate a estos ilícitos.
La actuación de la policía estatal en el combate al narcomenudeo y el crimen organizado debe hacerse con responsabilidad, dentro del marco de colaboración con los órganos de las policías federales, y del mismo Ejercito mexicano, de tal manera que previa concertación entre las instituciones participantes, se definan estrategias y mecanismos para hacer eficiente la lucha contra el flagelo social, también llamado narcotráfico.
El reflejo de las deficiencias de las policías locales y sus mandos jerárquicos, se hizo notar el mes próximo pasado en la cabecera municipal de Villaflores, Chiapas, en el enfrentamiento que sostuvieron 200 elementos de la Policía Estatal Preventiva e incluso del Ejercito Mexicano contra cuatro narcotraficantes del Cartel de los Valencia, especializados en el trafico de metanfetaminas, que después de dos días de combate armado, lograron someter a dos de los cuatro del grupo criminal, pues los otros dos murieron en el intercambio de disparos, según comunicado de la policía estatal, dos días después la Procuraduría general de la República, dio a conocer que los sicarios se habían suicidado para no ser aprehendidos vivos por la policía.
En tal enfrentamiento se destacó la utilización de armamento sofisticado por parte de los narcotraficantes, ya que a pesar de que la policía, y militares los superaban en número, estos se resistieron varias horas.
Tal es la ineptitud con que actúa la policía local, que después de asegurar la casa de seguridad, donde se realizó el enfrentamiento entre presuntos narcos, policías, y militares, estos no realizaron las diligencias judiciales correspondientes, no aseguraron las evidencias que se encontraban al interior de la casa, además que los habitantes del lugar entraron a la vivienda y saquearon objetos de su interior.
Otros de los errores de las instituciones policiales, se manifestó en el protagonismo, falta de planeación y coordinación en el decomiso de dos toneladas de cocaína realizado el mes pasado por policías ministeriales del Ministerio de Justicia del estado de Chiapas. Y que después de transcurridos diez días del aseguramiento de la droga, resultó que no era cocaína, sino lactosa, de acuerdo a un comunicado emitido por la misma dependencia de justicia.
Y es que el pasado 23 junio frente a reporteros de medios impresos de comunicación, y televisoras nacionales y locales, Amador Rodríguez Lozano, Ministro de justicia del Estado de Chiapas, emocionado, dio a conocer en conferencia de prensa que la incautación lograda, fue resultado del trabajo de inteligencia desarrollado por la policía ministerial.
Dijo “se trata de uno de los decomisos más importantes de esta droga en los últimos años, y fue producto de la detención de siete personas en una casa de seguridad, ubicada al oriente de esta Ciudad capital de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”, droga que al parecer sería enviada a la organización criminal del “Mayo Zambada”, y al Cartel de Sinaloa.
Este tipo de actuaciones, ante la sociedad mexicana, y sobre todo ante la Chiapaneca, es por demás irresponsable, y exhibe la incapacidad de las instituciones en materia de seguridad y procuración de justicia en la entidad, y deja en tela de duda la capacidad y honestidad con que se conducen los funcionarios.
La interrogante quedará por siempre, ¿la cocaína, la cambiaron por lactosa?, ¿en manos de quien o quienes quedaran los 1600 millones de pesos aproximados de ganancias? ¿Por qué a los diez días de la incautación de la droga dan a conocer que se equivocaron, y que no es enervante sino lactosa? ¿Existe corresponsabilidad de la Procuraduría General de la República? ¿Fincaran sanciones a funcionarios del estado y federales por estas equivocaciones?.
*Se ha desempeñado como asesor del Poder Legislativo de Chiapas, asesor de ONG’S y articulista invitado de las Revistas de circulación Estatal y Nacional “Diálogos en el Sur”, “Imagen Política de Chiapas”, y “Quehacer Político”.
http://www.laberintochiapas.blogspot.com/
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