Publicado: Enero 19 del 2009
Por: Rafael Cruz Vázquez*
Más de quinientas familias aun siguen viviendo en albergues, otras regresaron al sitio donde se encontraban sus hogares, miles de personas no han sido indemnizadas por las inundaciones de sus casas, terrenos de cultivos, y demás bienes, como consecuencia del deslizamiento del cerro “Juan del Grijalva”, desastre ocurrido el 4 Noviembre del 2007, que a su paso arrasó con una comunidad entera del mismo nombre, ocasionando la pérdida de 25 vidas humanas, y un embalse en el rio Grijalva ubicado entre la presas de Peñitas y Malpaso, tal situación derivó que el agua se elevara de nivel saliéndose de su cauce afectando directa e indirectamente a habitantes de once comunidades de Ostuacán, y veintitrés comunidades de Tecpatán.
Solo en el recuerdo quedó la versión oficial de las autoridades federales respecto a la causa de esta tragedia: ” las lluvias del frente frio número cuatro humedecieron el cerro, y este se cayó”.
Sin embargo los afectados tuvieron sus propias conclusiones: “PEMEX es responsable por tantas detonaciones realizadas en la zona durante mucho tiempo como parte de los trabajos de búsqueda de petróleo que realizaba la Compañía Mexicana de Exploraciones, SA de CV (COMESA), empresa contratada por la Paraestatal, situación que ablandó la tierra y se vino abajo el cerro o bien pudieron haber dinamitado las entrañas del mismo, y todo termino en desgracia “.
Versiones más, versiones menos, pero la triste realidad la siguen padeciendo los lugareños, y no la pueden olvidar, como no pueden olvidar que el gobierno del estado basado en el anuncio que hiciera el gobierno federal, les generó esperanza al darles a conocer que de acuerdo a la evaluación de daños en materia de infraestructura urbana, educativa, carretera, hidráulica, y vivienda, serían atendidas estos rubros con 1,239 millones de pesos con recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).
Hoy han transcurridos casi catorce meses, y lo único que han recibido son paliativos para no pasarla tan mal, como dotación de despensas, que por cierto ya no les otorgan, bajo el argumento que ya terminó la contingencia, el apoyo para pago de rentas de casas habitaciones, que de igual forma fueron suspendidos, pese a que muchas viviendas desaparecieron, otras son inhabitables. Así también el otorgamiento de los denominados “Bonos para recuperar enseres domésticos”, que no fueron entregados de manera equitativa a los afectados.
Si bien es cierto que el Ejecutivo Estatal de Chiapas, mediante la Coordinación de Gabinete, conformó 2 Comisiones: La Comisión Técnica, y la Política Social, con el propósito de elaborar un diagnostico técnico en la zona de contingencia, y determinar la magnitud de las afectaciones, y de la misma manera concertar con las familias afectadas, la viabilidad de las acciones futuras, y en su caso solventar las necesidades más apremiantes. También es cierto que se pone en tela de duda la actuación de los funcionarios del Sr. Gobernador, porque no están cumpliendo al pié de la letra las instrucciones de éste.
Y es que se están suscitando conflictos entre los lugareños afectados, debido a que no existe un diagnóstico apegado a la realidad en que se encuentran, toda vez que los recursos destinados a la contingencia, fueron entregados y siguen entregándose a quienes no habitaban las zonas siniestradas o no se encuentran dentro de las consideraciones técnicas, referente necesario para clasificarlos como damnificados.
Tal situación ocurre porque no se constata la información que vierten las autoridades o representantes de las comunidades afectadas a las Comisiones de gobierno en cuestión, respecto a quienes deben ser beneficiados con los programas institucionales.
__Un testimonio de referencia, es el de don José López Velazco, de oficio pescador, y habitante del Ejido Nuevo México, Municipio de Tecpatán, Chiapas, afectado por la pasada inundación que provocó “El Tapón del Grijalva”. Quien dice: “ a muchos la SEDESO de Chiapas, no nos benefició con el Bono de diez mil pesos para enseres domésticos”, que por el hecho de que no fuimos afectados directamente, aunque nosotros argumentamos lo contrario; pero lo más extraño, es que otras personas estaban en las mismas condiciones que nosotros, sí recibieron el beneficio, incluso aún no viviendo en la comunidad, otras por el contrario, las excluyeron siendo que se encontraban dentro de los indicadores de márgenes de riesgo.
Evidencias de esta naturaleza, nos permiten llegar a la conclusión, que los representantes de los damnificados, podrían estar incurriendo en falsear información y fraude al estado, de la misma manera el silencio y la indiferencia ante estas circunstancias por parte de las dependencias, sobre todo SEDESO, haría a estas corresponsables.
Estas eventualidades son razones de peso para que la Secretaría de la Función Pública o en su defecto la Contraloría General de Gobierno, investigue que los 246.9 millones de pesos destinados a la zona siniestrada, hayan sido aplicados correctamente por las dependencias que atendieron operativamente la contingencia, tales como SEDESO (CABEZA SECTORIAL), DIF, SECRETARIA DEL CAMPO, SECRETARIA DEL TRABAJO, ENTRE OTRAS, y en caso de detectar irregularidades, proceder con todo el peso de la Ley contra quien resulte responsable
Qué futuro les depara a los afectados del “Tapón”, en este 2009, si no habrá crecimiento de la economía nacional, ni más fuentes de empleos, y mientras tanto el Instituto de Administración, Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), no termine con el proceso de avalúo de las propiedades y terrenos en la zona afectada, no se ve para cuando la reactivación económica de la región.
__Y por si esto no bastara, también se hace notar el testimonio de don José del Carmen de la Cruz Jiménez, otros de los damnificados por el taponamiento del Grijalva, quien con lágrimas en el rostro, y con la mirada que refleja desesperanza, expresa, “nuestra representante fue a la Capital, y se reunió con el Subsecretario de Gobierno Ismael Brito, y este le dijo, que tenemos que firmar anticipadamente de conformidad el avalúo que están haciendo las gentes del gobierno respecto a los bienes que perdimos, y si no lo hacemos quedaremos excluidos de que se nos pague. Ante ello, le que contestamos, que no vamos a firmar un avalúo que no conocemos, y que lamentamos que el gobierno nos trate así”.
Todo indica que la confronta entre lo valuado por INDAABIN y el valor sentimental que tienen los predios, solares, y viviendas, por parte de los afectados, va a originar un conflicto, porque estén de acuerdo o no con el avalúo de sus bienes dañados, tendrán que aceptar el pago indemnizatorio que el gobierno federal determine, de no ser así, serán sometidos a un procedimiento expropiatorio que podría tardar en resolverse, y que frenará el proceso de atención a la zona siniestrada, además de la tentativa de terminar en desalojo con la fuerza pública a quienes se aferren a no abandonar sus viviendas y terrenos ubicados en zona de alto riesgo.
Ante esta situación el gobierno debe actuar con sensibilidad, siempre buscando alternativas que permitan alentar el desarrollo y un clima de gobernabilidad con justicia social en la entidad.
*Se ha desempeñado como asesor del Poder Legislativo de Chiapas, asesor de ONG’S y articulista invitado de las Revistas de circulación Estatal y Nacional “Diálogos en el Sur”, “Imagen Política de Chiapas”, y “Quehacer Político”.
http://www.laberintochiapas.blogspot.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario