Publicado: MAYO 21 DEL 2008Por Rafael Cruz Vázquez*
A principios de este año, durante sus visita a Chiapas, Alberto Cárdenas Jiménez, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo, Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), anunció la inversión de 2 mil 436 millones de pesos para el campo Chiapaneco entre recursos federales y del estado.
Este anuncio, propicio evidentemente que la mayoría de las Organizaciones Campesinas con presencia nacional y local, se trazaran como un fin la consecución en lo más posible de estos recursos, seguramente con la bandera de que coadyuvarán con el gobierno a detonar el desarrollo económico y social del sector en la entidad.
Es necesario precisar que los programas del gobierno federal y del estado, no son absolutamente eficaces o eficientes ante la ausencia de una estrategia integral de desarrollo, y los recursos para la activación de los mismos, se han convertido en la mayoría de los casos, en un fin en sí mismo y no en un medio para el logro de los objetivos que, al menos sobre el papel, plantean recurrentemente las organizaciones campesinas.
Bajo esta óptica, gran parte de las organizaciones campesinas, reconocen en los programas sociales del gobierno, como “el gran objetivo o botín”. De esta forma confirmamos que la “justicia social”, es supeditada a los intereses “de grupo” sin omitir los fines partidistas y electoreros.
Para poder ser beneficiadas las organizaciones, tienen como reto, cumplir, aún con simulaciones, los requisitos y condiciones que establece la normatividad vigente de cada programa institucional, al extremo que para lograr su propósito, recurren al chantaje, cohecho, soborno, y hasta amenazas de manifestaciones masivas, como medida de presión para lograr su cometido.
Si bien es cierto que las organizaciones campesinas han incurrido en esta clase de prácticas, la responsabilidad no solamente es de estas, sino del gobierno mismo al meterlas en la dinámica del clientelismo político, asignándoles año tras año prebendas o recursos financieros que les permita su existencia y subsistencia, para cumplir con su cometido, como es el responder a intereses particulares, respaldar políticas públicas del gobierno en turno, captar el voto rural, ganar posiciones en el congreso local, federal, en la administración estatal, o en ayuntamientos, que en resolver los problemas reales del campo.
Tan solo en el 2007, el Gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, otorgó a las organizaciones campesinas a través de la Secretaria del campo, un techo financiero por 183 millones de pesos, destacando por la enorme asignación de recursos la Central Independiente de Obreros Agrícolas, y Campesinos(CIOAC) con un monto de 43 millones de pesos, La Confederación Nacional Campesina (CNC), con 26 millones de pesos, La Coordinadora de Organizaciones Autónomas del Estado de Chiapas (COAECH) con 24 millones de pesos, La Confederación Independiente de Organizaciones, Asociación Civil (CIO-A.C), con 10 millones de pesos, La Coalición de Organizaciones para el Desarrollo Sustentable del Estado de Chiapas (CODESCH A.C) con 8 millones de pesos, entre otras.
Habría que ver si existe un censo preciso, para saber con cuantos militantes cuentan las organizaciones campesinas, porque existe la sospecha que los datos que proporcionan estas, son inconsistentes y contradictorios, o cual será el criterio que utiliza el gobierno para asignarles recursos.
Una realidad que viven las organizaciones campesinas, es que sus padrones de productores han ido disminuyendo, por el hecho que hace dos décadas predominaba el sector agropecuario, hoy tenemos a una sociedad rural en donde la agricultura es la actividad menos importante, en términos de la población económicamente activa, pues coexisten con este sector otras actividades económicas, que representan ingresos para los hogares chiapanecos.
La situación ha cambiado de forma drástica, que estadísticamente podemos concluir que el 31% de los hogares son campesinos, en tanto que el 69% no lo son.
La globalización hoy en día, ha forzado a las organizaciones campesinas a profesionalizar sus cuadros operativos e incluso a burocratizar su estructura, así que con la aplicación de los recursos gubernamentales que año tras año se disputan las distintas organizaciones en Chiapas, aparentemente estas se fortalecen, pero más bien son los lideres los que adquieren mayor poder, mientras sus bases se debilitan y se alejan, en la medida en que no se construyen organizaciones productivas sólidas, capaces de ofrecer una alternativa viable para la sociedad rural.
Las organizaciones campesinas en el estado y en el país, han perdido su capacidad de influir en las políticas públicas del gobierno, por eso se ven reducidas a jugar el papel de ejecutores de las decisiones tomadas por el ejecutivo. Y si no lo hacen se ven desplazadas por el trabajo de las ONG´S, ó los despachos de proyectos al servicio de los gobierno federal y estatal.
Mas que meterse en el estire y afloje para captar el financiamiento necesario para apoyar a sus agremiados, las dirigencias de las organizaciones, deberían construir acuerdos y consensos entra las mismas para presentar al gobierno estatal Y Federal, una propuesta que permita el desarrollo real del agro chiapaneco, y no solamente ser ejecutores de políticas públicas; para que no quede en estadísticas y números alegres que de manera mediática festeja el gobierno, respecto a los logros alcanzados en el sector, ya que la disminución de la participación del campesinado en el Producto interno Bruto Agropecuario PIB, es por demás evidente.
*Se ha desempeñado como asesor del Poder Legislativo de Chiapas, asesor de ONG’S y articulista invitado de las Revistas de circulación Estatal y Nacional “Diálogos en el Sur”, “Imagen Política de Chiapas”, y “Quehacer Político”.
http://www.laberintochiapas.blogspot.com/
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