Por: Rafael Cruz Vázquez
Ejecuciones, secuestros, narcotráfico, lavado de dinero, corrupción en el ámbito institucional, son algunas actividades características de la delincuencia organizada, que internacionalmente, pero sobre todo en nuestro país afecta progresivamente desde hace mas de dos décadas a gobernantes y gobernados a tal extremo que esta prevalece sobre el principio de gobernabilidad.
Este flagelo tiende a rebasar a las instituciones del estado mexicano, y es tal el daño en la sociedad, que la misma, no demanda sino que exige la actuación de sus gobernantes para poner fin al crimen organizado,
Sin embargo, mientras no disminuyan los altos niveles de corrupción que sistemáticamente se originan de la acción u omisión del poder público durante el quehacer de gobernar, los grandes compromisos que contrajo el Estado Mexicano con los ciudadanos en cuanto a erradicar la violencia y el crimen organizado, no se concretaran, simple y lógicamente, porque aun sigue infiltrada la delincuencia organizada en los órganos de poder, dígase Ejecutivo, Legislativo o Judicial.
Todas las buenas intenciones e implementación de estrategias, para luchar, disminuir y frenar al crimen organizado y la corrupción, se pueden ver obstruidas por los vínculos financieros entre el poder público y la delincuencia organizada, evidentemente que la corrupción penetra en el ambiente institucional, permeando a las estructuras gubernamentales de mandos superiores, medios, operativos e intermedios, pero lo más preocupante es que se infiltra en los espacios de decisión política. Esto permite que prevalezca un clima de impunidad, en donde las decisiones del aparato de gobierno, no son propias, porque obedecen a intereses de la delincuencia organizada.
Se hace necesario precisar que desde el punto de vista jurídico se considera delincuente, a quien comete una acción u omisión contraria a la legislación vigente, lo cual nos indica, sin excepción, que si funcionarios públicos, incurren en esos considerandos, encubriendo y protegiendo a delincuentes que gozan o no de tener una investidura oficial, se convierten en delincuentes institucionales.
La falta de actuación, un deficiente sistema de rendición de cuentas del funcionario público, sin efectivos controles de decisión administrativa y judicial, y una ausencia de control de resultados por parte del estado, son sinónimo de un pacto de impunidad política con la delincuencia organizada.
Para terminar con este pacto de impunidad es necesario, terminar con la corrupción, privilegiando el principio de la división y equilibrio de poderes del Estado, otorgando facultades de vigilancia a un poder o a una institución que no dependa del Ejecutivo, para garantizar la independencia y la autonomía de la evaluación y fiscalización de los programas y políticas públicas, y el desempeño de servidores públicos, sobre todo en materia de seguridad.
*Se ha desempeñado como asesor del Poder Legislativo de Chiapas, asesor de ONG’S y articulista invitado de las Revistas de circulación Estatal y Nacional “Diálogos en el Sur”, “Imagen Política de Chiapas”, y “Quehacer Político”.
http://www.laberintochiapas.blogspot.com/
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