ESTADO MEXICANO VULNERABLE ANTE EL CRIMEN ORGANIZADO

Publicado: Noviembre 13 del 2008

Por: Rafael Cruz Vázquez*

Las muertes de Juan Camilo Muoriño, Secretario de Gobernación y José Luis Santiago Vasconcelos, ex subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), y Secretario técnico para la implementación de la reforma penal en materia de seguridad y justicia penal, entre otros funcionarios del gobierno federal, fallecidos durante el percance aéreo en el que se desplomó el Learjet 45,propiedad de la Secretaría de Gobernación en lo que todo indica, que se trató de un atentado perpetrado por algunos de los carteles del narcotráfico; y de confirmarse, pasan a ser parte de las estadísticas de los más de de 3,800 muertos que ha dejado como saldo el crimen organizado en el presente año. Los crímenes de estos funcionarios son evidencias de lo tan vulnerable que se encuentra el Estado mexicano ante la delincuencia organizada.

La psicosis derivada de tanta violencia que existe en nuestro país, nos lleva a la conclusión que los decesos de los funcionarios del gobierno en el avionazo del pasado martes 4 de noviembre suscitado en la Avenida Reforma de la capital de la República, no es más que el resultado de la reacción de los carteles de la droga ante la guerra que ha emprendido el gobierno contra el narcotráfico.

Está percepción colectiva nos da la pauta para Contradecir la versión oficial del Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en cuanto a que la caída del avión gubernamental es consecuencia de un accidente, y en ese sentido se mantendrá esa información hasta en tanto la PGR no dé a conocer el resultado de la indagatoria basado en las investigaciones de la propia dependencia, y en los peritajes que realiza la SCT, y los peritos de Estados Unidos e Inglaterra, lo cual puede determinarse hasta en un lapso de diez meses o más, según fuentes oficiales, sobre todo si quien estará a cargo de la investigación, es Emilio Corzo Cabañas, Subprocurador de Control Regional, Procesos Penales y Amparos de la Procuraduría general de la República, quien a más de un año de ocurrido el accidente en la plataforma de PEMEX en Campeche, aún no da resultados de las pesquisas.

Lo más grave de esta situación, es que los mexicanos percibimos que el Estado representado por el poder ejecutivo, legislativo y judicial en sus ámbitos federal, estatal y municipal, cada día pierde autoridad y gobernabilidad, desde el momento en que los delincuentes atentan contra la paz, el orden y la seguridad nacional.

Se hace notar que el crimen organizado es como un mounstro mitológico de varias cabezas, que a pesar de que a este le cortan una de ellas, más que debilitarse, se repliega para recuperarse y atacar nuevamente.

Este mounstro llamado hoy crimen organizado se sigue reagrupando y utilizando todo su poder económico, para sembrar terror en el gobierno y ganarle así la batalla al mismo, utilizando peculiares armas como son los secuestros, ejecuciones, levantones, corrupción y narcoterrorismo.

No obstante la brutal violencia que predomina en el País, y con el propósito de dimensionar la problemática que está padeciendo México, el titular del Poder Ejecutivo Federal, Felipe Calderón Hinojosa, ante los medios de comunicación internacionales, ha dado a conocer, de las amenazas de que son objetos él y su familia, por parte de los narcotraficantes. Este tipo de declaraciones son por demás irresponsables, pues atemorizan, aún más a los ciudadanos, motivando así a los cárteles para continuar con actividad delictiva.

Sin dejar de mencionar que Juan Camilo Mouriño, y José Luis Santiago Vasconcelos, no estuvieron exentos de las amenazas de muerte por parte del crimen organizado, ya que según revela José Ramón Santiago Sánchez, hijo del ex Subprocurador de la SIEDO, que días antes de la muerte de su padre, esté se sentía triste y decepcionado porque descubrió que algunos de sus más cercanos colaboradores estaban al servicio de los capos de la droga. Además de que decidió cambiar de domicilio a su familia y resguardarla con estricta vigilancia policiaca y militar, porque fue amenazado de muerte.

Si esto pasa con funcionarios del gobierno que persiguen a la delincuencia organizada, mucho más nos puede pasar a los ciudadanos comunes, que no contamos con ninguna protección o seguridad privada, y que estamos expuestos a ser víctimas potenciales del crimen organizado sin deberla ni temerla, y muestra de ello son las personas muertas y mutiladas en Morelia Michoacán, derivado de explosivos que fueron arrojados por sicarios a la multitud durante los festejos patrios del 15 de Septiembre, los civiles muertos y heridos que resultaron del avionazo en la Ciudad de México, y a estas víctimas se suman los 25 Jornaleros desaparecidos y en Sinaloa, presuntamente levantones realizados por el narco.

Todas las buenas intenciones e implementación de estrategias, para luchar, disminuir y frenar al crimen organizado y la corrupción, se pueden ver obstruidas por los vínculos financieros entre el poder público y la delincuencia organizada, evidentemente que la corrupción penetra en el ambiente institucional, permeando a las estructuras gubernamentales de mandos superiores, medios, operativos e intermedios. Esta situación implica tener un Estado Mexicano débil con vacios de poder, en donde las decisiones del aparato de gobierno, no son propias, porque obedecen a intereses de la delincuencia organizada, prevaleciendo un clima de impunidad, y permitiendo que los grupos criminales progresen y ganen terreno al gobierno.
Para terminar con la vulnerabilidad del estado, no se requiere de más reformas legislativas que se traduzcan en elevar penalidades para inhibir los ilícitos que comete la delincuencia organizada, se necesita combatir el alto nivel de impunidad, y eficientar el funcionamiento de las instituciones.

Para terminar con la también delincuencia institucional, y contribuir a consolidar el Estado mexicano, es necesario romper el pacto de impunidad que existe entre la delincuencia organizada y los funcionarios del gobierno, así como también hacer efectivo el sistema de rendición de cuentas de dichos funcionarios.

*Se ha desempeñado como asesor del Poder Legislativo de Chiapas, asesor de ONG’S y articulista invitado de las Revistas de circulación Estatal y Nacional “Diálogos en el Sur”, “Imagen Política de Chiapas”, y “Quehacer Político”.

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