viernes, 6 de febrero de 2009
martes, 3 de febrero de 2009
CAMBIO INSTITUCIONAL O FICCIÓN CONSTITUCIONAL EN LA PROCURACIÓN DEJUSTICIA
Febrero 02 del 2009.
Por: Rafael Cruz Vázquez*
Sin lugar a dudas los gobiernos en turno de Chiapas, han promovido la transformación integral de la legislación local, lo cual les permite tener identidad y fortalecer sus instituciones públicas en el quehacer cotidiano de estas, así como en el servicio que prestan a la sociedad.
Si bien en cierto que Chiapas quiso estar a la vanguardia y a la par de otros países, como Italia y Argentina, en cuanto al sistema de procuración de justicia, desapareciendo la nominación de Procuraduría de Justicia del Estado, y creando para ello el 9 de Noviembre del 2004 el Ministerio público como institución pública autónoma bajo la denominación de Fiscalía General del Estado, lo cual implicó cambios estructurales que se reflejaron en su funcionalidad, también es cierto que esa autonomía fue relativa toda vez que se le dotó de personalidad jurídica y patrimonio propio, mas no autonomía de gestión y presupuesto.
El Fiscal General podía elaborar y presentar su anteproyecto presupuestal de gasto público al Secretario de Hacienda del Estado, pero este no hacía ningún ajuste de acuerdo a la necesidad del órgano procurador de justicia, si no que lo enviaba tal cual al congreso local para que lo incluyera en el presupuesto general de egresos estatal, imponiendo su criterio, sin darle la oportunidad al titular de la institución de argumentar o defender el presupuesto solicitado.
Además que el Fiscal General era propuesto por el Gobernador del Estado, designado por las dos terceras partes de los legisladores locales presentes.
La estabilidad del Fiscal General en el cargo se garantizaba, porque solo podía ser removido, a través del juicio político, si hubiese incurrido en violaciones graves a la constitución local, y a las leyes que de ella emanen, y por manejo indebido de fondo y recursos estatales y municipales.
También gozaba de inmunidad, y no podía ser acusado penalmente, si antes el congreso del estado, no le suspendía tal inmunidad.
El pasado 28 de Septiembre del 2007 el Gobierno del Estado, se propuso innovar, y eficientar la Institución del Ministerio Público, de tal manera que de Fiscalía General, paso a crear “El Ministerio de Justicia del Estado de Chiapas”, como un organismo público independiente, jerárquicamente subordinado al Gobernador del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
De este cambio institucional se derivó una dependencia con mayor estructura orgánica y legal integrado por un Consejo de Procuración de Justicia, Fiscalías de Distrito, Especializadas y Especiales, profesionalización Ministerial a través de la creación del servicio civil de carrera, funcionamiento y capacitación de una policía que estará bajo su mando.
A más de un año de haberse cambiado la denominación y estructura de la Institución del Ministerio Público, mediante decreto de fecha 06 de Enero del 2009 a través del Periódico Oficial No. 136, sustentado en el argumento de congruencia institucional, y adoptando el modelo federal, el Ejecutivo Estatal hace un nuevo cambio en el órgano de justicia, pero ahora de denominación, y crea nuevamente la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas. Dicho cambio no trastoca la estructura orgánica y atribuciones legales de la Institución.
Se hace notar que estos últimos cambios en el órgano de procuración de justicia han dejado como saldo, modernidad legislativa, tecnológica, profesionalización y eficacia, sin embargo le han restado la escasa autonomía que conservaba, en virtud que el Ejecutivo Estatal tendrá un margen amplio de injerencia respecto a la Institución procuradora de justicia.
Antes era facultad del congreso designar y remover al titular de la dependencia, y este ultimo a su vez nombrar y remover a sus subalternos o fiscales del ministerio público. Ahora es facultad del gobernador nombrar y remover al funcionario que representará a la institución, así como al Fiscal Electoral, y de Distrito, Especiales, Especializados, al Contralor General de esta, entre otros.
Más que modernizar, transformar la institución del ministerio público, y cambiar de denominación al órgano de procuración de justicia. El estado (ejecutivo, legislativo, y judicial), debe reafirmar su responsabilidad de garantizar eficacia, imparcialidad, honestidad y certeza jurídica a los Chiapanecos.
Para que el ministerio público cumpla con estos principios y su competencia, es necesario que goce de autonomía real, funcional, y técnica. De manera que debe ser un órgano constitucional autónomo, independiente del Poder Ejecutivo y Judicial, esto para evitar que la averiguación previa no corra el riesgo de contaminarse con elementos de carácter político, ya que hoy en día es común escuchar que “los asuntos jurídicos, se resuelven con decisiones políticas”.
No debe anteponerse a la ley, una razón de Estado o intereses particulares, las autoridades encargadas de la investigación y persecución de los delitos deben actuar en función de la ley.
Para el ministerio público la única verdad, consecuencia de la indagatoria, debe ser la que se derive de pruebas legales, con criterios estrictamente objetivos e imparciales, y no de instrucciones provenientes de sus superiores. Que no se mal interprete; la decisión de otorgar autonomía a la institución es política, pero la función de esta es específicamente jurídica.
Aún cuando la constitución de Chiapas ha pasado por diversas reformas en la búsqueda de constituir un mejor órgano de procuración de justicia, todo quedará en simulación o ficción constitucional, porque en la práctica no se cumple con los principios de autonomía, imparcialidad y eficacia, así como también por los precedentes, es evidente que cualquiera de los tres niveles de gobierno, no dejaran de tener injerencia en el órgano procurador justicia.
*Se ha desempeñado como asesor del Poder Legislativo de Chiapas, asesor de ONG’S y articulista invitado de las Revistas de circulación Estatal y Nacional “Diálogos en el Sur”, “Imagen Política de Chiapas”, y “Quehacer Político”
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SE PROLONGA LA TRAGEDIA DEL GRIJALVA EN CHIAPAS
Publicado: Enero 19 del 2009
Por: Rafael Cruz Vázquez*
Más de quinientas familias aun siguen viviendo en albergues, otras regresaron al sitio donde se encontraban sus hogares, miles de personas no han sido indemnizadas por las inundaciones de sus casas, terrenos de cultivos, y demás bienes, como consecuencia del deslizamiento del cerro “Juan del Grijalva”, desastre ocurrido el 4 Noviembre del 2007, que a su paso arrasó con una comunidad entera del mismo nombre, ocasionando la pérdida de 25 vidas humanas, y un embalse en el rio Grijalva ubicado entre la presas de Peñitas y Malpaso, tal situación derivó que el agua se elevara de nivel saliéndose de su cauce afectando directa e indirectamente a habitantes de once comunidades de Ostuacán, y veintitrés comunidades de Tecpatán.
Solo en el recuerdo quedó la versión oficial de las autoridades federales respecto a la causa de esta tragedia: ” las lluvias del frente frio número cuatro humedecieron el cerro, y este se cayó”.
Sin embargo los afectados tuvieron sus propias conclusiones: “PEMEX es responsable por tantas detonaciones realizadas en la zona durante mucho tiempo como parte de los trabajos de búsqueda de petróleo que realizaba la Compañía Mexicana de Exploraciones, SA de CV (COMESA), empresa contratada por la Paraestatal, situación que ablandó la tierra y se vino abajo el cerro o bien pudieron haber dinamitado las entrañas del mismo, y todo termino en desgracia “.
Versiones más, versiones menos, pero la triste realidad la siguen padeciendo los lugareños, y no la pueden olvidar, como no pueden olvidar que el gobierno del estado basado en el anuncio que hiciera el gobierno federal, les generó esperanza al darles a conocer que de acuerdo a la evaluación de daños en materia de infraestructura urbana, educativa, carretera, hidráulica, y vivienda, serían atendidas estos rubros con 1,239 millones de pesos con recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).
Hoy han transcurridos casi catorce meses, y lo único que han recibido son paliativos para no pasarla tan mal, como dotación de despensas, que por cierto ya no les otorgan, bajo el argumento que ya terminó la contingencia, el apoyo para pago de rentas de casas habitaciones, que de igual forma fueron suspendidos, pese a que muchas viviendas desaparecieron, otras son inhabitables. Así también el otorgamiento de los denominados “Bonos para recuperar enseres domésticos”, que no fueron entregados de manera equitativa a los afectados.
Si bien es cierto que el Ejecutivo Estatal de Chiapas, mediante la Coordinación de Gabinete, conformó 2 Comisiones: La Comisión Técnica, y la Política Social, con el propósito de elaborar un diagnostico técnico en la zona de contingencia, y determinar la magnitud de las afectaciones, y de la misma manera concertar con las familias afectadas, la viabilidad de las acciones futuras, y en su caso solventar las necesidades más apremiantes. También es cierto que se pone en tela de duda la actuación de los funcionarios del Sr. Gobernador, porque no están cumpliendo al pié de la letra las instrucciones de éste.
Y es que se están suscitando conflictos entre los lugareños afectados, debido a que no existe un diagnóstico apegado a la realidad en que se encuentran, toda vez que los recursos destinados a la contingencia, fueron entregados y siguen entregándose a quienes no habitaban las zonas siniestradas o no se encuentran dentro de las consideraciones técnicas, referente necesario para clasificarlos como damnificados.
Tal situación ocurre porque no se constata la información que vierten las autoridades o representantes de las comunidades afectadas a las Comisiones de gobierno en cuestión, respecto a quienes deben ser beneficiados con los programas institucionales.
__Un testimonio de referencia, es el de don José López Velazco, de oficio pescador, y habitante del Ejido Nuevo México, Municipio de Tecpatán, Chiapas, afectado por la pasada inundación que provocó “El Tapón del Grijalva”. Quien dice: “ a muchos la SEDESO de Chiapas, no nos benefició con el Bono de diez mil pesos para enseres domésticos”, que por el hecho de que no fuimos afectados directamente, aunque nosotros argumentamos lo contrario; pero lo más extraño, es que otras personas estaban en las mismas condiciones que nosotros, sí recibieron el beneficio, incluso aún no viviendo en la comunidad, otras por el contrario, las excluyeron siendo que se encontraban dentro de los indicadores de márgenes de riesgo.
Evidencias de esta naturaleza, nos permiten llegar a la conclusión, que los representantes de los damnificados, podrían estar incurriendo en falsear información y fraude al estado, de la misma manera el silencio y la indiferencia ante estas circunstancias por parte de las dependencias, sobre todo SEDESO, haría a estas corresponsables.
Estas eventualidades son razones de peso para que la Secretaría de la Función Pública o en su defecto la Contraloría General de Gobierno, investigue que los 246.9 millones de pesos destinados a la zona siniestrada, hayan sido aplicados correctamente por las dependencias que atendieron operativamente la contingencia, tales como SEDESO (CABEZA SECTORIAL), DIF, SECRETARIA DEL CAMPO, SECRETARIA DEL TRABAJO, ENTRE OTRAS, y en caso de detectar irregularidades, proceder con todo el peso de la Ley contra quien resulte responsable
Qué futuro les depara a los afectados del “Tapón”, en este 2009, si no habrá crecimiento de la economía nacional, ni más fuentes de empleos, y mientras tanto el Instituto de Administración, Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), no termine con el proceso de avalúo de las propiedades y terrenos en la zona afectada, no se ve para cuando la reactivación económica de la región.
__Y por si esto no bastara, también se hace notar el testimonio de don José del Carmen de la Cruz Jiménez, otros de los damnificados por el taponamiento del Grijalva, quien con lágrimas en el rostro, y con la mirada que refleja desesperanza, expresa, “nuestra representante fue a la Capital, y se reunió con el Subsecretario de Gobierno Ismael Brito, y este le dijo, que tenemos que firmar anticipadamente de conformidad el avalúo que están haciendo las gentes del gobierno respecto a los bienes que perdimos, y si no lo hacemos quedaremos excluidos de que se nos pague. Ante ello, le que contestamos, que no vamos a firmar un avalúo que no conocemos, y que lamentamos que el gobierno nos trate así”.
Todo indica que la confronta entre lo valuado por INDAABIN y el valor sentimental que tienen los predios, solares, y viviendas, por parte de los afectados, va a originar un conflicto, porque estén de acuerdo o no con el avalúo de sus bienes dañados, tendrán que aceptar el pago indemnizatorio que el gobierno federal determine, de no ser así, serán sometidos a un procedimiento expropiatorio que podría tardar en resolverse, y que frenará el proceso de atención a la zona siniestrada, además de la tentativa de terminar en desalojo con la fuerza pública a quienes se aferren a no abandonar sus viviendas y terrenos ubicados en zona de alto riesgo.
Ante esta situación el gobierno debe actuar con sensibilidad, siempre buscando alternativas que permitan alentar el desarrollo y un clima de gobernabilidad con justicia social en la entidad.
*Se ha desempeñado como asesor del Poder Legislativo de Chiapas, asesor de ONG’S y articulista invitado de las Revistas de circulación Estatal y Nacional “Diálogos en el Sur”, “Imagen Política de Chiapas”, y “Quehacer Político”.
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ESTADO MEXICANO VULNERABLE ANTE EL CRIMEN ORGANIZADO
Publicado: Noviembre 13 del 2008
Por: Rafael Cruz Vázquez*
Las muertes de Juan Camilo Muoriño, Secretario de Gobernación y José Luis Santiago Vasconcelos, ex subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), y Secretario técnico para la implementación de la reforma penal en materia de seguridad y justicia penal, entre otros funcionarios del gobierno federal, fallecidos durante el percance aéreo en el que se desplomó el Learjet 45,propiedad de la Secretaría de Gobernación en lo que todo indica, que se trató de un atentado perpetrado por algunos de los carteles del narcotráfico; y de confirmarse, pasan a ser parte de las estadísticas de los más de de 3,800 muertos que ha dejado como saldo el crimen organizado en el presente año. Los crímenes de estos funcionarios son evidencias de lo tan vulnerable que se encuentra el Estado mexicano ante la delincuencia organizada.
La psicosis derivada de tanta violencia que existe en nuestro país, nos lleva a la conclusión que los decesos de los funcionarios del gobierno en el avionazo del pasado martes 4 de noviembre suscitado en la Avenida Reforma de la capital de la República, no es más que el resultado de la reacción de los carteles de la droga ante la guerra que ha emprendido el gobierno contra el narcotráfico.
Está percepción colectiva nos da la pauta para Contradecir la versión oficial del Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en cuanto a que la caída del avión gubernamental es consecuencia de un accidente, y en ese sentido se mantendrá esa información hasta en tanto la PGR no dé a conocer el resultado de la indagatoria basado en las investigaciones de la propia dependencia, y en los peritajes que realiza la SCT, y los peritos de Estados Unidos e Inglaterra, lo cual puede determinarse hasta en un lapso de diez meses o más, según fuentes oficiales, sobre todo si quien estará a cargo de la investigación, es Emilio Corzo Cabañas, Subprocurador de Control Regional, Procesos Penales y Amparos de la Procuraduría general de la República, quien a más de un año de ocurrido el accidente en la plataforma de PEMEX en Campeche, aún no da resultados de las pesquisas.
Lo más grave de esta situación, es que los mexicanos percibimos que el Estado representado por el poder ejecutivo, legislativo y judicial en sus ámbitos federal, estatal y municipal, cada día pierde autoridad y gobernabilidad, desde el momento en que los delincuentes atentan contra la paz, el orden y la seguridad nacional.
Se hace notar que el crimen organizado es como un mounstro mitológico de varias cabezas, que a pesar de que a este le cortan una de ellas, más que debilitarse, se repliega para recuperarse y atacar nuevamente.
Este mounstro llamado hoy crimen organizado se sigue reagrupando y utilizando todo su poder económico, para sembrar terror en el gobierno y ganarle así la batalla al mismo, utilizando peculiares armas como son los secuestros, ejecuciones, levantones, corrupción y narcoterrorismo.
No obstante la brutal violencia que predomina en el País, y con el propósito de dimensionar la problemática que está padeciendo México, el titular del Poder Ejecutivo Federal, Felipe Calderón Hinojosa, ante los medios de comunicación internacionales, ha dado a conocer, de las amenazas de que son objetos él y su familia, por parte de los narcotraficantes. Este tipo de declaraciones son por demás irresponsables, pues atemorizan, aún más a los ciudadanos, motivando así a los cárteles para continuar con actividad delictiva.
Sin dejar de mencionar que Juan Camilo Mouriño, y José Luis Santiago Vasconcelos, no estuvieron exentos de las amenazas de muerte por parte del crimen organizado, ya que según revela José Ramón Santiago Sánchez, hijo del ex Subprocurador de la SIEDO, que días antes de la muerte de su padre, esté se sentía triste y decepcionado porque descubrió que algunos de sus más cercanos colaboradores estaban al servicio de los capos de la droga. Además de que decidió cambiar de domicilio a su familia y resguardarla con estricta vigilancia policiaca y militar, porque fue amenazado de muerte.
Si esto pasa con funcionarios del gobierno que persiguen a la delincuencia organizada, mucho más nos puede pasar a los ciudadanos comunes, que no contamos con ninguna protección o seguridad privada, y que estamos expuestos a ser víctimas potenciales del crimen organizado sin deberla ni temerla, y muestra de ello son las personas muertas y mutiladas en Morelia Michoacán, derivado de explosivos que fueron arrojados por sicarios a la multitud durante los festejos patrios del 15 de Septiembre, los civiles muertos y heridos que resultaron del avionazo en la Ciudad de México, y a estas víctimas se suman los 25 Jornaleros desaparecidos y en Sinaloa, presuntamente levantones realizados por el narco.
Todas las buenas intenciones e implementación de estrategias, para luchar, disminuir y frenar al crimen organizado y la corrupción, se pueden ver obstruidas por los vínculos financieros entre el poder público y la delincuencia organizada, evidentemente que la corrupción penetra en el ambiente institucional, permeando a las estructuras gubernamentales de mandos superiores, medios, operativos e intermedios. Esta situación implica tener un Estado Mexicano débil con vacios de poder, en donde las decisiones del aparato de gobierno, no son propias, porque obedecen a intereses de la delincuencia organizada, prevaleciendo un clima de impunidad, y permitiendo que los grupos criminales progresen y ganen terreno al gobierno.
Para terminar con la vulnerabilidad del estado, no se requiere de más reformas legislativas que se traduzcan en elevar penalidades para inhibir los ilícitos que comete la delincuencia organizada, se necesita combatir el alto nivel de impunidad, y eficientar el funcionamiento de las instituciones.
Para terminar con la también delincuencia institucional, y contribuir a consolidar el Estado mexicano, es necesario romper el pacto de impunidad que existe entre la delincuencia organizada y los funcionarios del gobierno, así como también hacer efectivo el sistema de rendición de cuentas de dichos funcionarios.
*Se ha desempeñado como asesor del Poder Legislativo de Chiapas, asesor de ONG’S y articulista invitado de las Revistas de circulación Estatal y Nacional “Diálogos en el Sur”, “Imagen Política de Chiapas”, y “Quehacer Político”.
laberinto_chis@hotmail.com cruz-vazquez@hotmail.com,
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TERRORISMO FINANCIERO EN CHIAPAS
Publicado: Septiembre 14 del 2008.
Por: Rafael Cruz Vázquez*
Llamadas intimidatorias, amenazas de embargo, y de ser boletinados al Buro de Crédito, hostigamiento a altas horas de la noche, insomnio, depresión, crisis nerviosas, en fin, todo un estrés en su máxima expresión, son algunas de las características que presentan, tarjetahabientes de las distintas instituciones financieras, bancos, tiendas departamentales, y demás, que al no poder pagar las respectivas mensualidades de sus deudas o créditos, viven en “Cartera Vencida”, y detrás de ellos el acoso de los despachos de cobranzas.
Los comisionistas de tiendas departamentales, bancos y financieras, continúan embaucando a cuanta persona se deje, con el gancho, de que pueden facilitar préstamos hasta en 48 horas, así también, el hecho de que con gran facilidad expiden tarjeta de créditos, y que con estas, pueden obtener efectivo en los cajeros automáticos, además de que el Costo Anual Total (CAT) de las mismas, tiene uno de los porcentajes más bajos en comisiones por su uso.
Sin embargo aunado a la crisis económica que atraviesa el País, el frecuente aumento de las gasolinas, el desempleo, la inflación en general; el mal uso de tarjetas bancarias, las compras compulsivas, adquirir artículos que no son de primera necesidad, el no leer las clausulas para la obtención de una tarjeta de crédito, son algunos factores, que ocasionan que las personas hoy en día, se encuentren angustiadas por encontrarse endeudadas y en condiciones de no poder pagar a las instituciones de crédito y tiendas departamentales.
Esta situación trae como consecuencia, que los bancos o tiendas departamentales, contraten despachos jurídicos de cobranza o agencias de recuperación de créditos, que operan indebidamente, sin respeto a código de ética alguno, tratan de obligar a los deudores a pagar, amenazándolos de diferentes formas, a través de cartas, oficios, donde les dan a conocer que si no cubren sus adeudos, les serán embargados bienes muebles e inmuebles, o al extremo de que pueden ir a la cárcel, y de que recogerán la mercancía o producto adquirido.
También coaccionan a las personas mediante llamadas telefónicas frecuentes en días festivos, fines de semanas e incluso en horarios nocturnos interrumpiendo el descanso de las familias, en la mayoría de las ocasiones los despachos de cobranza, tienen contacto con niños, con personas de la tercera edad, que por su condición a veces presentan cuadros clínicos de diabetes, alta presión, u otras enfermedades que se agravan por estas acciones de intimidación.
Se encuentra contemplado en nuestra Carta Magna, el fundamento legal que protege los derechos de los deudores, de todos estos tipos de abusos como es el caso del Art. 14, que a la letra dice: “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
En ese sentido, también tutela dichos derechos, el Art. 16, que enuncia:”Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesión, sino en virtud de mandamientos escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de procedimiento.
Es evidente que nuestra legislación federal establece que previo al cobro judicial de un adeudo, es necesario un juicio ante los tribunales civiles o mercantiles en su caso y que cualquier cobro que se pretenda realizar con antelación, es extrajudicial, es decir sin juicio y sin respaldo legal de una autoridad.
Cabe hacer notar que la ley, no permite amenazar o ejercer ningún tipo de violencia para exigir el cobro a ninguna persona. De igual forma las autoridades deberán tener una sentencia en contra del deudor, requisito indispensable para exigir el cobro judicial.
En Chiapas, se pueden citar algunos despachos jurídicos de cobranza, contratados por algunas financieras, como es el caso de “Financiera Independencia” que para recuperar cartera vencidas, requiere de los servicios de la agencia de cobros hostigadora, denominada “Conexia”, de la misma manera que lo hace el despacho autodenominado “Procuraduría de Cobranza Judicial” que con sus acciones de usura, fraude y amenazas, trabaja para Banco Azteca y Elektra.
De igual manera, lo hacen las tiendas departamentales y empresa, como son C&A, que para obligar a sus clientes a pagar sus adeudos, tiene al “ Grupo Asis, grupo de Asistencia Jurídica, S.C“, cuyo representante es Rafael Gutiérrez Padilla, así también lo hace LIVERPOOL, con su departamento de cobranzas, emplaza a pago a sus clientes mediante notificaciones que contienen únicamente firma , omitiendo el nombre del responsable de la misma. Lo mismo hace TELMEX que amenaza a sus clientes, que de no liquidar sus adeudos, le proporcionará su histórico de no pago al Área Contenciosa Jurídica, representado por el “Grupo Impulsor de Cartera”.
No es un delito que despachos jurídicos de cobranza realicen su trabajo contratados por instituciones bancarias o tiendas departamentales, lo que puede considerarse un delito, es la manera de presionar al pago, no se debe permitir las amenazas al patrimonio, ser objeto de presión psicológica y maltratos. Estos métodos de cobranza no son legales y éticos, van contra los principios de la abogacía, y pueden en incurrir en delitos de daño moral, fraude, allanamiento e incluso extorsión o chantaje.
Estos tipos de abusos, pueden ser denunciados ante “La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), o en su defecto ante el Fiscal del Ministerio Público y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aún cuando se trate de instituciones privadas.
No se trata de fomentar la cultura del no pago, pero si frenar todo este “terrorismo financiero”, y dar a conocer a los deudores de los derechos que tienen, y que los ampara la ley.
La recomendación para los deudores, es que negocien su deuda directamente con las instituciones financieras o tiendas departamentales, no así con los despachos, ya que el objetivo es evitar que esta aumente, y en su momento hasta se puede llegar a pagar sin intereses, lo cual sería una buena negociación, así también es sugerente en caso de ser necesario, que soliciten asesoría a la CONDUSEF.
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R0MPER EL PACTO DE IMPUNIDAD ENTRE EL PODER PÚBLICO Y DELINCUENCIA ORGANIZADA.
Publicado: Septiembre 10 del 2008
Por: Rafael Cruz Vázquez
Ejecuciones, secuestros, narcotráfico, lavado de dinero, corrupción en el ámbito institucional, son algunas actividades características de la delincuencia organizada, que internacionalmente, pero sobre todo en nuestro país afecta progresivamente desde hace mas de dos décadas a gobernantes y gobernados a tal extremo que esta prevalece sobre el principio de gobernabilidad.
Este flagelo tiende a rebasar a las instituciones del estado mexicano, y es tal el daño en la sociedad, que la misma, no demanda sino que exige la actuación de sus gobernantes para poner fin al crimen organizado,
Sin embargo, mientras no disminuyan los altos niveles de corrupción que sistemáticamente se originan de la acción u omisión del poder público durante el quehacer de gobernar, los grandes compromisos que contrajo el Estado Mexicano con los ciudadanos en cuanto a erradicar la violencia y el crimen organizado, no se concretaran, simple y lógicamente, porque aun sigue infiltrada la delincuencia organizada en los órganos de poder, dígase Ejecutivo, Legislativo o Judicial.
Todas las buenas intenciones e implementación de estrategias, para luchar, disminuir y frenar al crimen organizado y la corrupción, se pueden ver obstruidas por los vínculos financieros entre el poder público y la delincuencia organizada, evidentemente que la corrupción penetra en el ambiente institucional, permeando a las estructuras gubernamentales de mandos superiores, medios, operativos e intermedios, pero lo más preocupante es que se infiltra en los espacios de decisión política. Esto permite que prevalezca un clima de impunidad, en donde las decisiones del aparato de gobierno, no son propias, porque obedecen a intereses de la delincuencia organizada.
Se hace necesario precisar que desde el punto de vista jurídico se considera delincuente, a quien comete una acción u omisión contraria a la legislación vigente, lo cual nos indica, sin excepción, que si funcionarios públicos, incurren en esos considerandos, encubriendo y protegiendo a delincuentes que gozan o no de tener una investidura oficial, se convierten en delincuentes institucionales.
La falta de actuación, un deficiente sistema de rendición de cuentas del funcionario público, sin efectivos controles de decisión administrativa y judicial, y una ausencia de control de resultados por parte del estado, son sinónimo de un pacto de impunidad política con la delincuencia organizada.
Para terminar con este pacto de impunidad es necesario, terminar con la corrupción, privilegiando el principio de la división y equilibrio de poderes del Estado, otorgando facultades de vigilancia a un poder o a una institución que no dependa del Ejecutivo, para garantizar la independencia y la autonomía de la evaluación y fiscalización de los programas y políticas públicas, y el desempeño de servidores públicos, sobre todo en materia de seguridad.
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¿LEGISLACION FORESTAL O PRESUPUESTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL EN CHIAPAS?
Publicado: Agosto 18 del 2008.
Por: Rafael Cruz Vázquez*
Frenar el deterioro forestal, fomentar la protección, restauración, producción, ordenación, cultivo, manejo y aprovechamiento de los recursos forestales maderables y no maderables, que brindan servicios ecosistémicos en la Entidad.
Así como Fortalecer las capacidades municipales en materia forestal, mediante el establecimiento, operación y desarrollo del Servicio Forestal Municipal, son algunas de las consideraciones, contempladas en la exposición de motivos del proyecto de lo que será la nueva “Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para Chiapas”, que en breve aprobaran los legisladores locales.
Sin embargo, como desaciertos se consideran algunos cambios que se hacen notables en el mencionado proyecto de Ley, como el de suprimir el Capitulo II del Titulo de participación social de la Ley Forestal Vigente, es decir desaparecer la figura del, una instancia de real representación social del sector, lo cual implica que los dueños y poseedores de predios forestales, ejidos y comunidades, organizaciones sociales, instituciones de investigación científica, personas físicas y morales relacionadas con el sector, todos ellos tendrán limitada participación e injerencia en lo que respecta a eficientar, vigilar, y mejorar las acciones de las políticas públicas que buscan el desarrollo sustentable de los recursos forestales y la conservación del medio ambiente.
Es necesario ser congruente con el mandato de ese Ordenamiento Forestal en vigencia, y establecer el impulso y fomento de la participación social, mediante prácticas democráticas que propician la interacción de la sociedad con las diferentes instituciones de gobierno. Al abrir canales institucionales para la participación sobre todo comunitaria, se alcanzarán políticas públicas más consensuadas y por tanto más eficientes. De esta manera se evitará el centralismo institucional en la gestión de recursos forestales, en la autorización de permisos de aprovechamiento, en la asignación de presupuesto para los distintos proyectos del sector.
Cambios substanciales o no, lo cierto es que la tan anunciada Ley, ha generado expectativas en los dueños y poseedores de recursos forestales, así como en la sociedad que percibe a esa normatividad, como una esperanza para evitar la desforestación, la tala clandestina, y el desarrollo forestal en Chiapas.
Pero por más innovadora que sea una ley, y contenga buenas intenciones, no basta, sino se destinan recursos financieros que permitan hacer operable la misma, establecer o perfeccionar los sistemas administrativos de las instituciones del sector que tengan un alto grado de descentralización, sectorización y participación social. El problema no es la funcionalidad de la Ley, sino la falta de su aplicación.
Aun cuando el gobierno federal ha considerado el tema del deterioro de bosques y selvas, como un asunto de Seguridad Nacional, implementando su política de “Cero Tolerancia a la Tala Ilegal”, no ha dado el resultado esperado, por falta de recursos para implementar los operativos necesarios para combatir y desarticular las bandas organizadas de “talamontes”.
Y como lograr este objetivo, si tan solo en este año, del Presupuesto total de Egresos de la Federación que asciende a 2 billones 569 mil 450.2 millones de pesos, el Ejecutivo Federal asignó para el apartado de gestión ambiental y recursos naturales 39 mil 64 millones de pesos que equivale al 1.5 %, cantidad por demás paupérrima e insuficiente que reduce la atención por parte de los programas gubernamentales y las acciones prioritarias y estratégicas para la sustentabilidad de los recursos naturales, tales como Inspección y Vigilancia, el cuidado de Áreas Naturales Protegidas, y el Manejo Forestal Sustentable de Comunidades y Ejidos, aún cuando este último, representa la mejor alternativa para detener la desforestación de bosques y selvas del país, aliviar la pobreza de los aproximadamente 13 millones que habitan en estos, mitigar el cambio climático, entre otros beneficios.
Así también en los presupuestos de egresos o gasto publico de los Estados de la República, el tema ambiental ha quedado muy relegado a pesar de los esfuerzos de los gobiernos estatales, como es el caso de Chiapas, que de 40 mil 873 millones a que asciende su presupuesto estatal de egresos en el 2008, únicamente dispone de 120 millones 43 mil pesos para la gestión ambiental y desarrollo sustentable, lo cual representa el 0.3 % del gasto público total.
No sólo se trata de escases de recursos, sino también de combatir y terminar con la negligencia y corrupción de los servidores públicos del sector forestal, que sin lugar a dudas, también, son responsables de permitir que crezca el índice de delincuencia ecocida , tal situación es violatoria de la ley forestal vigente, correspondiente al Título V, Capitulo II, en sus artículos del 102 al 117.
Sin dejar de reconocer la buena intención del Gobierno de Chiapas, más que abrogar una Ley, y crear una nueva, cuyo contenido incluirá los mismos instrumentos de la política estatal forestal, que son parte fundamental de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable Para el Estado de Chiapas, aún vigente. Definitivamente se requiere hacer cumplir la legislación actual o la que entrará en vigencia; por lo que se hace necesario que los gobiernos en sus distintos ámbitos de responsabilidad, le destinen suficiente recursos financieros al sector forestal y medio ambiente, lo que es sinónimo de cumplir con los mandatos de dicha Ley, garantizando así una gestión del desarrollo forestal y conservación de los bosques y selvas de la entidad.
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Así como Fortalecer las capacidades municipales en materia forestal, mediante el establecimiento, operación y desarrollo del Servicio Forestal Municipal, son algunas de las consideraciones, contempladas en la exposición de motivos del proyecto de lo que será la nueva “Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para Chiapas”, que en breve aprobaran los legisladores locales.
Sin embargo, como desaciertos se consideran algunos cambios que se hacen notables en el mencionado proyecto de Ley, como el de suprimir el Capitulo II del Titulo de participación social de la Ley Forestal Vigente, es decir desaparecer la figura del
Es necesario ser congruente con el mandato de ese Ordenamiento Forestal en vigencia, y establecer el impulso y fomento de la participación social, mediante prácticas democráticas que propician la interacción de la sociedad con las diferentes instituciones de gobierno. Al abrir canales institucionales para la participación sobre todo comunitaria, se alcanzarán políticas públicas más consensuadas y por tanto más eficientes. De esta manera se evitará el centralismo institucional en la gestión de recursos forestales, en la autorización de permisos de aprovechamiento, en la asignación de presupuesto para los distintos proyectos del sector.
Cambios substanciales o no, lo cierto es que la tan anunciada Ley, ha generado expectativas en los dueños y poseedores de recursos forestales, así como en la sociedad que percibe a esa normatividad, como una esperanza para evitar la desforestación, la tala clandestina, y el desarrollo forestal en Chiapas.
Pero por más innovadora que sea una ley, y contenga buenas intenciones, no basta, sino se destinan recursos financieros que permitan hacer operable la misma, establecer o perfeccionar los sistemas administrativos de las instituciones del sector que tengan un alto grado de descentralización, sectorización y participación social. El problema no es la funcionalidad de la Ley, sino la falta de su aplicación.
Aun cuando el gobierno federal ha considerado el tema del deterioro de bosques y selvas, como un asunto de Seguridad Nacional, implementando su política de “Cero Tolerancia a la Tala Ilegal”, no ha dado el resultado esperado, por falta de recursos para implementar los operativos necesarios para combatir y desarticular las bandas organizadas de “talamontes”.
Y como lograr este objetivo, si tan solo en este año, del Presupuesto total de Egresos de la Federación que asciende a 2 billones 569 mil 450.2 millones de pesos, el Ejecutivo Federal asignó para el apartado de gestión ambiental y recursos naturales 39 mil 64 millones de pesos que equivale al 1.5 %, cantidad por demás paupérrima e insuficiente que reduce la atención por parte de los programas gubernamentales y las acciones prioritarias y estratégicas para la sustentabilidad de los recursos naturales, tales como Inspección y Vigilancia, el cuidado de Áreas Naturales Protegidas, y el Manejo Forestal Sustentable de Comunidades y Ejidos, aún cuando este último, representa la mejor alternativa para detener la desforestación de bosques y selvas del país, aliviar la pobreza de los aproximadamente 13 millones que habitan en estos, mitigar el cambio climático, entre otros beneficios.
Así también en los presupuestos de egresos o gasto publico de los Estados de la República, el tema ambiental ha quedado muy relegado a pesar de los esfuerzos de los gobiernos estatales, como es el caso de Chiapas, que de 40 mil 873 millones a que asciende su presupuesto estatal de egresos en el 2008, únicamente dispone de 120 millones 43 mil pesos para la gestión ambiental y desarrollo sustentable, lo cual representa el 0.3 % del gasto público total.
No sólo se trata de escases de recursos, sino también de combatir y terminar con la negligencia y corrupción de los servidores públicos del sector forestal, que sin lugar a dudas, también, son responsables de permitir que crezca el índice de delincuencia ecocida , tal situación es violatoria de la ley forestal vigente, correspondiente al Título V, Capitulo II, en sus artículos del 102 al 117.
Sin dejar de reconocer la buena intención del Gobierno de Chiapas, más que abrogar una Ley, y crear una nueva, cuyo contenido incluirá los mismos instrumentos de la política estatal forestal, que son parte fundamental de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable Para el Estado de Chiapas, aún vigente. Definitivamente se requiere hacer cumplir la legislación actual o la que entrará en vigencia; por lo que se hace necesario que los gobiernos en sus distintos ámbitos de responsabilidad, le destinen suficiente recursos financieros al sector forestal y medio ambiente, lo que es sinónimo de cumplir con los mandatos de dicha Ley, garantizando así una gestión del desarrollo forestal y conservación de los bosques y selvas de la entidad.
*Se ha desempeñado como asesor del Poder Legislativo de Chiapas, asesor de ONG’S y articulista invitado de las Revistas de circulación Estatal y Nacional “Diálogos en el Sur”, “Imagen Política de Chiapas”, y “Quehacer Político”.
laberinto_chis@hotmail.com cruz-vazquez@hotmail.com,
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ESCASA VIGILANCIA, Y CORRUPCIÓN, AFECTAN A LOS BOSQUES Y SELVAS DE CHIAPAS
Publicado: Agosto 02 del 2008
Por: Rafael Cruz Vázquez*
Chiapas, cuenta con una superficie forestal de 5 millones 148 mil 104 hectáreas, de las cuales se pierden más de 60 mil hectáreas anuales entre bosques y selvas, lo cual representa un 16.2 % de la deforestación nacional, siendo diversas las causas que originan estas pérdidas, dentro de las que destacan la falta de vigilancia, cambios de uso de suelo, actividades ilícitas y la corrupción.
La entidad desde hace décadas ha sido embestida por la tala clandestina e inmoderada, y en consecuencia un deterioro enorme en su superficie arbórea que representa uno de los importantes pulmones naturales del mundo. Y esto ocurre bajo la complacencia de las instituciones federales y estatales encargadas de velar por el desarrollo y conservación de los recursos naturales, quienes ante tal situación no oyen, ni escuchan el clamor de los Chiapanecos, ni de organismos nacionales e internacionales que luchan por la conservación del medio ambiente, sino al contrario brindan las facilidades necesarias a los depredadores forestales.
La falta de vigilancia, por parte del gobierno federal y del estado, para combatir a los talamontes, hace vulnerable a los bosques de Chiapas, ya que día con día se les facilita la tala ilegal y el tráfico de madera.
No solo se trata de una escases presupuestal, por parte de La federación y el estado, para tener mayor infraestructura material y humana al servicio de la protección ambiental, sino que también se requiere de la aplicación de la legislación en la materia o en su defecto de reformas que se hagan a la misma, de tal forma que no existan limitantes para llevar a cabo actos de autoridad.
Ante tal situación, el gobierno estatal, con previas reformas a su legislación local, y dentro de los convenios de colaboración con el Gobierno Federal, debería analizar la posibilidad de crear “una policía ambiental armada”, que por cierto en algunos países y estados de la República ya existen. Y haciendo una excepción de la austeridad institucional, puede sectorizar parte de la Policía Estatal para tal propósito y capacitar a quienes tengan mejor nivel académico, en acciones de Inspección y Vigilancia Forestal, y en el combate frontal a ilícitos forestales, otorgándole a esta policía de elite ambiental, mejores salarios, para no hacerlos endebles a la corrupción.
De acuerdo a estadísticas de la SEMARNAT en Chiapas, que no son totalmente confiables, en el 2007, autorizó mas 37 hectáreas para cambio de uso de suelo, para la expansión de terrenos agrícolas o para asentamientos de núcleos de población, situación que origina daños a la superficie forestal del estado y al medio ambiente. Por ello, se hace necesario cambiar esta práctica, y optar por la reconversión productiva, estableciendo cultivos que restauren zonas degradadas, y que a corto o mediano plazo generen ingresos al productor, como es el caso de las plantaciones forestales con fines comerciales, que reditúan importantes ingresos.
Habría que preguntarse, qué pasa con las funciones que vienen realizando las dependencias del gobierno del Estado y Federal , encargadas de la Protección Ambiental, como es el caso de la dirección de Protección Forestal del estado, que pertenece a la Comisión Forestal Sustentable del Estado de Chiapas (COFOSECH),y la Procuraduría Federal de Protección al ambiente, la primera funcionando con 15 inspectores Forestales, y la segundo con 26 inspectores Federales, sin embargo es tan constante la tala clandestina, que la misma Delegación en Chiapas de la Cámara Nacional de la Industria Forestal, han solicitado la intervención del estado para frenar este ilícito, que está afectando la economía de sus agremiados por los precios bajos del producto forestal en el mercado negro, lo cual les propicia una competencia desleal, y los más grave, el deterioro del medio ambiente.
Se hace necesario erradicar la corrupción y desconfianza que se viene suscitando en estas dependencias, que por siempre han estado cuestionadas en su actuación, por ello es sugerente que la sociedad participe y denuncie los ilícitos en que incurren funcionarios públicos, desde los titulares de cada una de las dependencias (Protección Forestal del Estado de Chiapas y Delegación PROFEPA) hasta subordinados, para efecto de que la Contraloría General del estado, y la Secretaría de la Función Pública Federal, investiguen sobre el patrimonio actual de estos funcionarios para detectar si han incurrido en desviación de recursos de sus dependencias o han aprovechado los cargos que ostentan para enriquecerse ilícitamente u obtener beneficio alguno.
La corrupción en el sector público, es uno de tantos factores que más lesionan al sector forestal en el país y en el mundo, se entiende por corrupción la utilización ilegal de un cargo público por los políticos o funcionarios para obtener un beneficio propio. En determinadas circunstancias, la corrupción es fácil detectar, pero puede resultar más difícil de controlar y sancionar, porque quienes la cometen tienen más poder político para mantenerse en la impunidad e inamovibles de sus cargos públicos.
Ejemplos claros de corrupción en el Sector Público, son: <>, previa entrega de dadiva alguna al funcionario de la dependencia, por parte del interesado o beneficiario, un caso más a citar, es el
Otro acto de corrupción, se da cuando el funcionario de gobierno tiene conocimiento de que se provocaran incendios en determinado predios forestales, realizado por el mismo propietario o poseedor del recurso maderable, y
En muchas ocasiones, las actividades ilícitas se producen por la incapacidad del gobierno para hacer cumplir la Ley. Dentro de las actividades ilícitas forestales, cometidas por particulares o propietarios de bosques, destacan: <>, aprovechar especies forestales en “Status” o en peligro de extinción, extraer un mayor volumen de madera del autorizado, realizar aprovechamiento forestal fuera de los limites que contempla el respectivo plan de manejo forestal, explotar áreas naturales protegidas, etc.
Como parte de su política ambiental, en el presente año el Gobierno Federal dispuso aplicar recursos de forma sectorial, por la cantidad de 29 mil 802.3 Millones de pesos, lo cual no se ve reflejado en la operatividad de las dependencias del sector, tales como SEMARNAT, CONAFOR, PROFEPA, CONAGUA, etc.
Si eso ocurre en ese nivel, seguirá pasando lo mismo con el gobierno del Estado y los Municipios de la entidad Chiapaneca? ¿Cómo se podría reducir la desforestación en el estado de Chiapas, y fomentar el desarrollo sustentable de sus recursos naturales?, sin olvidar que mas 350 mil hectáreas de Bosques y selvas se pierden anualmente en la República Mexicana, en tanto que a nivel mundial 7.3 millones de hectáreas al año.
*Se ha desempeñado como asesor del Poder Legislativo de Chiapas, asesor de ONG’S y articulista invitado de las Revistas de circulación Estatal y Nacional “Diálogos en el Sur”, “Imagen Política de Chiapas”, y “Quehacer Político”.
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RECURSOS PARA EL AGRO DE CHIAPAS…BOTÍN DE LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS
Publicado: MAYO 21 DEL 2008Por Rafael Cruz Vázquez*
A principios de este año, durante sus visita a Chiapas, Alberto Cárdenas Jiménez, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo, Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), anunció la inversión de 2 mil 436 millones de pesos para el campo Chiapaneco entre recursos federales y del estado.
Este anuncio, propicio evidentemente que la mayoría de las Organizaciones Campesinas con presencia nacional y local, se trazaran como un fin la consecución en lo más posible de estos recursos, seguramente con la bandera de que coadyuvarán con el gobierno a detonar el desarrollo económico y social del sector en la entidad.
Es necesario precisar que los programas del gobierno federal y del estado, no son absolutamente eficaces o eficientes ante la ausencia de una estrategia integral de desarrollo, y los recursos para la activación de los mismos, se han convertido en la mayoría de los casos, en un fin en sí mismo y no en un medio para el logro de los objetivos que, al menos sobre el papel, plantean recurrentemente las organizaciones campesinas.
Bajo esta óptica, gran parte de las organizaciones campesinas, reconocen en los programas sociales del gobierno, como “el gran objetivo o botín”. De esta forma confirmamos que la “justicia social”, es supeditada a los intereses “de grupo” sin omitir los fines partidistas y electoreros.
Para poder ser beneficiadas las organizaciones, tienen como reto, cumplir, aún con simulaciones, los requisitos y condiciones que establece la normatividad vigente de cada programa institucional, al extremo que para lograr su propósito, recurren al chantaje, cohecho, soborno, y hasta amenazas de manifestaciones masivas, como medida de presión para lograr su cometido.
Si bien es cierto que las organizaciones campesinas han incurrido en esta clase de prácticas, la responsabilidad no solamente es de estas, sino del gobierno mismo al meterlas en la dinámica del clientelismo político, asignándoles año tras año prebendas o recursos financieros que les permita su existencia y subsistencia, para cumplir con su cometido, como es el responder a intereses particulares, respaldar políticas públicas del gobierno en turno, captar el voto rural, ganar posiciones en el congreso local, federal, en la administración estatal, o en ayuntamientos, que en resolver los problemas reales del campo.
Tan solo en el 2007, el Gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, otorgó a las organizaciones campesinas a través de la Secretaria del campo, un techo financiero por 183 millones de pesos, destacando por la enorme asignación de recursos la Central Independiente de Obreros Agrícolas, y Campesinos(CIOAC) con un monto de 43 millones de pesos, La Confederación Nacional Campesina (CNC), con 26 millones de pesos, La Coordinadora de Organizaciones Autónomas del Estado de Chiapas (COAECH) con 24 millones de pesos, La Confederación Independiente de Organizaciones, Asociación Civil (CIO-A.C), con 10 millones de pesos, La Coalición de Organizaciones para el Desarrollo Sustentable del Estado de Chiapas (CODESCH A.C) con 8 millones de pesos, entre otras.
Habría que ver si existe un censo preciso, para saber con cuantos militantes cuentan las organizaciones campesinas, porque existe la sospecha que los datos que proporcionan estas, son inconsistentes y contradictorios, o cual será el criterio que utiliza el gobierno para asignarles recursos.
Una realidad que viven las organizaciones campesinas, es que sus padrones de productores han ido disminuyendo, por el hecho que hace dos décadas predominaba el sector agropecuario, hoy tenemos a una sociedad rural en donde la agricultura es la actividad menos importante, en términos de la población económicamente activa, pues coexisten con este sector otras actividades económicas, que representan ingresos para los hogares chiapanecos.
La situación ha cambiado de forma drástica, que estadísticamente podemos concluir que el 31% de los hogares son campesinos, en tanto que el 69% no lo son.
La globalización hoy en día, ha forzado a las organizaciones campesinas a profesionalizar sus cuadros operativos e incluso a burocratizar su estructura, así que con la aplicación de los recursos gubernamentales que año tras año se disputan las distintas organizaciones en Chiapas, aparentemente estas se fortalecen, pero más bien son los lideres los que adquieren mayor poder, mientras sus bases se debilitan y se alejan, en la medida en que no se construyen organizaciones productivas sólidas, capaces de ofrecer una alternativa viable para la sociedad rural.
Las organizaciones campesinas en el estado y en el país, han perdido su capacidad de influir en las políticas públicas del gobierno, por eso se ven reducidas a jugar el papel de ejecutores de las decisiones tomadas por el ejecutivo. Y si no lo hacen se ven desplazadas por el trabajo de las ONG´S, ó los despachos de proyectos al servicio de los gobierno federal y estatal.
Mas que meterse en el estire y afloje para captar el financiamiento necesario para apoyar a sus agremiados, las dirigencias de las organizaciones, deberían construir acuerdos y consensos entra las mismas para presentar al gobierno estatal Y Federal, una propuesta que permita el desarrollo real del agro chiapaneco, y no solamente ser ejecutores de políticas públicas; para que no quede en estadísticas y números alegres que de manera mediática festeja el gobierno, respecto a los logros alcanzados en el sector, ya que la disminución de la participación del campesinado en el Producto interno Bruto Agropecuario PIB, es por demás evidente.
*Se ha desempeñado como asesor del Poder Legislativo de Chiapas, asesor de ONG’S y articulista invitado de las Revistas de circulación Estatal y Nacional “Diálogos en el Sur”, “Imagen Política de Chiapas”, y “Quehacer Político”.
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EL NARCO SE MOFA DE LA INEPTITUD POLICIACA EN CHIAPAS
Publicado: Julio 6 del 2008
Por: Rafael Cruz Vázquez*
Es evidente que para el gobierno federal, las fronteras norte y sur del país, son prioridad en el combate al narcotráfico, y delincuencia organizada, así también el hecho de que las corporaciones policiacas de los estados del norte estén en un proceso constante de Capacitación y adiestramiento, respecto al combate al crimen organizado, a diferencia de los del sur, en particular el estado de Chiapas, que son vulnerables, al no contar con el adiestramiento necesario, y carecer de instrumentos suficientes de información e inteligencia, y de infraestructura para combatir el narcotráfico.
Independientemente que el narcotráfico es un delito federal, y no es competencia directa del gobierno del estado de Chiapas para combatirlo, sin embargo es necesario que este, dentro del ámbito de coordinación con el gobierno federal, solicite que se capacite a sus policías estatales en la persecución, y combate a estos ilícitos.
La actuación de la policía estatal en el combate al narcomenudeo y el crimen organizado debe hacerse con responsabilidad, dentro del marco de colaboración con los órganos de las policías federales, y del mismo Ejercito mexicano, de tal manera que previa concertación entre las instituciones participantes, se definan estrategias y mecanismos para hacer eficiente la lucha contra el flagelo social, también llamado narcotráfico.
El reflejo de las deficiencias de las policías locales y sus mandos jerárquicos, se hizo notar el mes próximo pasado en la cabecera municipal de Villaflores, Chiapas, en el enfrentamiento que sostuvieron 200 elementos de la Policía Estatal Preventiva e incluso del Ejercito Mexicano contra cuatro narcotraficantes del Cartel de los Valencia, especializados en el trafico de metanfetaminas, que después de dos días de combate armado, lograron someter a dos de los cuatro del grupo criminal, pues los otros dos murieron en el intercambio de disparos, según comunicado de la policía estatal, dos días después la Procuraduría general de la República, dio a conocer que los sicarios se habían suicidado para no ser aprehendidos vivos por la policía.
En tal enfrentamiento se destacó la utilización de armamento sofisticado por parte de los narcotraficantes, ya que a pesar de que la policía, y militares los superaban en número, estos se resistieron varias horas.
Tal es la ineptitud con que actúa la policía local, que después de asegurar la casa de seguridad, donde se realizó el enfrentamiento entre presuntos narcos, policías, y militares, estos no realizaron las diligencias judiciales correspondientes, no aseguraron las evidencias que se encontraban al interior de la casa, además que los habitantes del lugar entraron a la vivienda y saquearon objetos de su interior.
Otros de los errores de las instituciones policiales, se manifestó en el protagonismo, falta de planeación y coordinación en el decomiso de dos toneladas de cocaína realizado el mes pasado por policías ministeriales del Ministerio de Justicia del estado de Chiapas. Y que después de transcurridos diez días del aseguramiento de la droga, resultó que no era cocaína, sino lactosa, de acuerdo a un comunicado emitido por la misma dependencia de justicia.
Y es que el pasado 23 junio frente a reporteros de medios impresos de comunicación, y televisoras nacionales y locales, Amador Rodríguez Lozano, Ministro de justicia del Estado de Chiapas, emocionado, dio a conocer en conferencia de prensa que la incautación lograda, fue resultado del trabajo de inteligencia desarrollado por la policía ministerial.
Dijo “se trata de uno de los decomisos más importantes de esta droga en los últimos años, y fue producto de la detención de siete personas en una casa de seguridad, ubicada al oriente de esta Ciudad capital de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”, droga que al parecer sería enviada a la organización criminal del “Mayo Zambada”, y al Cartel de Sinaloa.
Este tipo de actuaciones, ante la sociedad mexicana, y sobre todo ante la Chiapaneca, es por demás irresponsable, y exhibe la incapacidad de las instituciones en materia de seguridad y procuración de justicia en la entidad, y deja en tela de duda la capacidad y honestidad con que se conducen los funcionarios.
La interrogante quedará por siempre, ¿la cocaína, la cambiaron por lactosa?, ¿en manos de quien o quienes quedaran los 1600 millones de pesos aproximados de ganancias? ¿Por qué a los diez días de la incautación de la droga dan a conocer que se equivocaron, y que no es enervante sino lactosa? ¿Existe corresponsabilidad de la Procuraduría General de la República? ¿Fincaran sanciones a funcionarios del estado y federales por estas equivocaciones?.
*Se ha desempeñado como asesor del Poder Legislativo de Chiapas, asesor de ONG’S y articulista invitado de las Revistas de circulación Estatal y Nacional “Diálogos en el Sur”, “Imagen Política de Chiapas”, y “Quehacer Político”.
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CHIAPAS: PUENTE DEL NARCOTRAFICO Y CRIMEN ORGANIZADO
Publicado: Mayo 9 del 2008
Por: Rafael Cruz Vázquez*
Aunado a la crisis en el campo Chiapaneco que no es mitigada ni con todo el manejo mediático de programas gubernamentales de apoyo y combate a la pobreza en el medio rural, también se acentúa el desempleo en el medio urbano de las regiones y municipios de Chiapas, ya que al no existir industrias en el estado que generen empleos, el sector público se convierte en una de las principales alternativas de empleos para algunos, pero no para la mayoría de los chiapanecos.
Si bien es cierto que el crecimiento económico y el empleo, no son factores determinantes para resolver el problema del narcotráfico en Chiapas como en otros estados del país, si es en buena medida significativo para atenuarlo.
Sin embargo los datos estadísticos de la delegación del INEGI, establece que en Chiapas la tasa de desempleo es de 43%, contradiciendo de esta manera a Samuel Toledo Córdova, Secretario del trabajo en la entidad, quien da a conocer que el nivel de desempleo es el 2.6%. Esta situación es caldo de cultivo para el crimen organizado, y el narcotráfico en su modalidad de Narcomenudeo.
El 26 de junio se conmemora el día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, pero en nuestro país, y en Chiapas, poco hay que celebrar en el marco de ese día, pues el narcotráfico ha ganado terreno a las corporaciones policíacas dedicadas al combate a este mal que aqueja a la sociedad Chiapaneca, los programas de seguridad han sido insuficientes, por lo que las bandas del narcotráfico han ramificado sus operaciones en la línea fronteriza con Guatemala.
En esta entidad, se ha detectado el flujo de la droga por varios puntos, principalmente de la cocaína, siendo las vías de paso las redes carreteras de la Costa, Centro, y Altos, así como por la vía fronteriza y el traslado marítimo por los balseros del río Suchiate.
Cabe destacar que el narcotráfico ha infiltrado a las policías locales en algunos municipios del estado de Chiapas, ya que según fuentes oficiales se ha detectado que grupos de sicarios han sido investidos de policías municipales y han participado de manera directa en ejecuciones y secuestros, y también son los encargados de controlar el paso de cargamentos de drogas en los sitios en donde operan.
Los grandes carteles mexicanos del narcotráfico que se disputan el territorio nacional, como son el cartel del Golfo y Sinaloa, se han posesionado del sureste mexicano, convirtiendo a este en ruta de recepción, producción, distribución y ventas de enervantes, sobre todo las poblaciones de Ciudad Cuauhtémoc, Puerto Madero, Ciudad Hidalgo, y Tapachula.
Es tal la guerra sin cuartel entre carteles y las fuerzas del ejército y corporaciones policíacas, que los saldos son alarmantes, en varios estados de la república, ya que tan solo la primera semana del mes de mayo el número de muertos asciende a más de 50 muertos entre narcotraficantes y mandos policíacos , sumando a ello que el mes próximo pasado, de cuatro, dos elementos de la policía estatal de caminos, fueron ultimados a metralla, y dos heridos, por sicarios en el municipio de pueblo Nuevo Solistahuacan, Chiapas, así también en el municipio de palenque un enfrentamiento entre el ejército, y un comando armado al servicio del grupo denominado “Zetas”, que dejó un saldo de un sicario muerto, cinco heridos, y dos militares muertos.
No obstante esta disputa por el control del mercado de la droga, la han internacionalizado, desde el momento que han trasladado su sangrienta lucha a Guatemala, en donde buscan dominar las principales rutas de tráfico desde Sudamérica, utilizando a Chiapas como Puente de trasiego de droga a Estados Unidos.
El narcotráfico es una de las empresas transnacionales que más ganancias reditúa en el mundo, las cifras que mueve son realmente increíbles, tan altas como las de la industria del petróleo, pero no es solo un redituable negocio, es un mecanismo de control político-social, que penetra e invade el poder público.
La realidad es que la política antidrogas del ejecutivo federal, no va a terminar con el narcotráfico, realice los operativos que realice, pues las acciones de procuración de justicia encaminadas a interceptar y erradicar el narcotráfico en países productores o de transito, nunca impactará las ganancias ni las células de comando y control de narcotraficantes, por una lógica comercial: el valor real del mercado se encuentra en las cadenas de distribución de mayoreo a menudeo, en los mercados consumidores y en los procesos de blanqueo de capital. Mientras no se ataquen frontalmente las cadenas de distribución en los mercados de consumo, y las cadenas de lavado de dinero, no se podría afectar de manera sustancial los intereses del narcotráfico
Lo que no se puede pasar desapercibido, es que Gobierno Federal, está logrando uno de sus objetivos trazados, como es el de incursionar con toda la ofensiva militar en algunos Estados, de esta manera romper toda relación del poder político local que en el pasado estuvieron vinculados con redes de corrupción y narcotráfico.
De lo que podemos estar seguros que las estructuras del narcotráfico han pasado de la operatividad vertical a redes operables de forma horizontal, es decir que existen muchas cabezas que dirigen y amplían su marco de acción delincuencial, por lo que cada día son más difíciles de combatir, y si no se rompen las cadenas de relación creciente entre el poder político y el narcotráfico a nivel local, tendremos una situación muy compleja.
*Se ha desempeñado como asesor del Poder Legislativo de Chiapas, asesor de ONG’S y articulista invitado de las Revistas de circulación Estatal y Nacional “Diálogos en el Sur”, “Imagen Política de Chiapas”, y “Quehacer Político”.
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CHIAPAS NECESITA REFORMAR SU LEGISLACIÒN PENAL
Publicado: Marzo 24 del 2008
Los preceptos jurídicos del Código Penal de Chiapas, son obsoletos
Controversias genera la legislación local, por contener “Delitos de Corte Político: Incitación a la Violencia, Sedición, Motín, y Rebelión
La Ley de Sentencia Suspendida en Chiapas, para la liberación de Presos Políticos, es sinónimo de “ libertad a medias
Por: Rafael Cruz Vázquez*.
No basta con muestras de actos de voluntad política y generosidad del Gobierno de Chiapas, que se traduce en la liberación de presos políticos, mediante “La Ley de Sentencia Suspendida”, cuyos alcances jurídicos son limitados e implican una libertad a medias, no basta con reconciliarse con las Organizaciones Sociales de Chiapas; sino que es necesario contar con un Orden Jurídico Penal que no contravenga los derechos humanos de los individuos y los instrumentos internacionales de derechos humanos, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El Código Penal de Chiapas contiene muchos de los conceptos generales de justicia penal del ámbito federal; enfatiza los derechos de la sociedad, y no en los del individuo como tal, penaliza la mayoría de las formas de disentimiento político, califica ambiguamente como delitos conductas como manifestaciones publicas, que son garantizadas en nuestra Carta Magna.
Ha generado controversias el Código por contener los denominados “Delitos Políticos”, tipificados como, rebelión, sedición, motín, e
Así mismo ha ocasionado controversias “La Ley de Sentencia Suspendida” que fue creada y aplicada por en su momento para la liberación de Presos Políticos por los Gobernadores de Chiapas Javier López Moreno, Patrocinio González Garrido, y Pablo Salazar Mendiguchía, y hoy por el Gobernador Juan Sabines Guerrero, sin embargo pareciera que dicha Ley, es sinónimo de perdón o indulto, pero no concluye el proceso penal, ni libera el señalamiento de culpabilidad.
El beneficiado con la Ley de Sentencia Suspendida recupera su libertad, pero el proceso que se le sigue no se suspende, únicamente interrumpe la detención del procesado hasta en tanto se dicta sentencia, pero si la sentencia resulta condenatoria, este pudiera ser reaprehendido.
Los preceptos jurídicos del Código penal de Chiapas, se encuentran obsoletos o retrasados con relación a las exigencias de una sociedad moderna, por eso es necesario que la legislación en comento sea revisada y ajustada a los tiempos actuales.
El sistema penal en Chiapas desde siempre se fue apartando de los criterios y principio del estado democrático de derecho, a tal grado que se fue cayendo en un sistema autoritario, porque en lugar de ser utilizado como un instrumento para proteger debidamente a los derechos ciudadanos, se fue convirtiendo en un instrumento de dominación y de sujeción del hombre frente al Estado.
Es necesario reformar y modernizar la legislación penal en Chiapas, lo cual llevaría a crear un nuevo Código Penal y un nuevo Código de Procedimientos Penales, que responda tanto a la idea de la modernidad como a la necesidad de satisfacer las expectativas actuales de la sociedad.
La reforma penal no puede basarse en un simple cambio de palabras, a unos cuantos artículos de Ley, o un incremento de las figuras delictivas y de las penas, obedeciendo a situaciones coyunturales; mucho menos puede limitarse a la simple inclusión de mecanismos que no tengan mas finalidades, que la de flexibilizar las exigencias legales para posibilitar una actuación, menos controlada del órgano persecutor, sin importar las garantías Individuales.
Para llevar a cabo la reforma a la legislación penal del estado, es necesario la realización de un diagnostico de la realidad social de Chiapas, de la realidad del fenómeno delictivo y de sus causas, y por supuesto la realidad del sistema penal chiapaneco.
También es necesario ver si la legislación que pretende entrar en vigencia se adecua o no a los principios y criterios de la Carta Magna, de los Instrumentos Internacionales y Pactos Civiles y políticos de derechos humanos, y finalmente debe tenerse la convicción de que la nueva legislación realmente represente una alternativa mejor.
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INVIABLE APLICAR EL DERECHO PENAL A LA PROTESTA SOCIAL
Publicado: Febrero 18 del 2008
Por: Rafael Cruz Vázquez*
En Chiapas, como en otros estados del País y del mundo, “Protesta Social “ en sus diferentes manifestaciones, es un derecho, y el ejercicio de la misma como indispensable en una sociedad realmente democrática, que implica el goce de garantías civiles y políticas, tan trascendentes como las libertades de expresión, asociación, reunión y manifestación, así como el derecho a la información.
La reciente reforma al Código Penal de Chiapas, aprobada por el Congreso del Estado de la LXIII Legislatura local, que consiste en la adición del artículo 378 Bis, que enuncia: “Al que por cualquier medio de manera pública o privada incite a la violencia o a cometer un delito, o haga la apología de éste o de algún vicio, se le impondrá prisión de seis meses a tres años, y multa de diez a 50 días de salario".
Tal agregado a la legislación penal del Estado que se tipifica como “Delito de Incitación a la Violencia”, ha provocado reacciones en diferentes sectores y gremios de la entidad, como es el Magisterio, Organizaciones Campesinas y estudiantiles, y demás sindicatos organizados, entre muchos otros que tienen como practica la movilización y protesta social, como una forma de manifestar su inconformidad por la falta de atención e inadecuadas políticas publicas de los gobiernos en sus ámbitos federal, estatal y municipal.
Es evidente que el bien jurídico tutelado en esta nueva figura penal, es “El Orden Público”, por lo que existe temor fundado por parte de los grupos sociales organizados e incluso, aunque de forma aislada, de trabajadores de los medios de comunicación, reporteros y periodistas. Toda vez, que tentativamente cualquier manifestación que obstruya una circulación vial, tome simbólicamente oficinas públicas, o simplemente realice una marcha para presionar legítimamente a las autoridades a escuchar sus peticiones, podría ser considerado un “Delito de Incitación a la Violencia”.
Así como presumiblemente el hecho de que algún trabajador de determinado medio de comunicación local sea responsable de la publicación o artículo, cuyo contenido haga “Apología de un Delito”, es decir que de crédito o exteriorice el presunto delito o acto punitivo mediante medios electrónicos o escritos.
La modificación al Código Penal de Chiapas, se podría prestar a ambigüedades, pues se pueden confundir los delitos, y se dejaría al ministerio de Justicia en la Posibilidad de interpretarlos a conveniencia, lo que podría derivar en acusar de “Incitación a la Violencia” a manifestantes que enarbolan demandas legítimas.
La protesta social es un derecho inalienable ciudadano, pero ese derecho es incompleto, cuando no provoca cambios reales o impacto alguno, cuando no es escuchada por el gobierno y por ello, quienes se manifiestan socialmente, tienden a endurecer el tipo protesta, pues es complicado que una manifestación la realicen en orden los inconformes, sin afectar en lo mas mínimo o causar molestia alguna, cuando traen la predisposición de presionar, porque no existe voluntad de las instituciones para resolverles sus demandas.
El gobierno debe saber tolerar y oír la protesta, para no caer en la tentación de penalizarla, sino ¿Cómo ejercer el derecho a la protesta y libertad de expresión sin estar considerado dentro del Delito de Incitación a la Violencia?
El Código Penal, es una herramienta que tiene el gobierno para usarla en aquellos delitos, mas de corte individual, la aplicación de este, no es la respuesta que le tienen que dar a las acciones colectivas que se derivan de las protestas sociales,
La función del sistema judicial de Chiapas y por supuesto de nuestro país, no es resolver conflictos sociales generados por la protesta social, por el contrario se requiere cada día ampliar los espacios de decisión política, porque la que motiva esta, tiene que ver con el incorrecto quehacer-político administrativo del gobierno, por lo tanto las soluciones son políticas, no son soluciones de derecho, es decir de aplicación de la legislación penal.
En Chiapas, como en otros estados del País y del mundo, “Protesta Social “ en sus diferentes manifestaciones, es un derecho, y el ejercicio de la misma como indispensable en una sociedad realmente democrática, que implica el goce de garantías civiles y políticas, tan trascendentes como las libertades de expresión, asociación, reunión y manifestación, así como el derecho a la información.
La reciente reforma al Código Penal de Chiapas, aprobada por el Congreso del Estado de la LXIII Legislatura local, que consiste en la adición del artículo 378 Bis, que enuncia: “Al que por cualquier medio de manera pública o privada incite a la violencia o a cometer un delito, o haga la apología de éste o de algún vicio, se le impondrá prisión de seis meses a tres años, y multa de diez a 50 días de salario".
Tal agregado a la legislación penal del Estado que se tipifica como “Delito de Incitación a la Violencia”, ha provocado reacciones en diferentes sectores y gremios de la entidad, como es el Magisterio, Organizaciones Campesinas y estudiantiles, y demás sindicatos organizados, entre muchos otros que tienen como practica la movilización y protesta social, como una forma de manifestar su inconformidad por la falta de atención e inadecuadas políticas publicas de los gobiernos en sus ámbitos federal, estatal y municipal.
Es evidente que el bien jurídico tutelado en esta nueva figura penal, es “El Orden Público”, por lo que existe temor fundado por parte de los grupos sociales organizados e incluso, aunque de forma aislada, de trabajadores de los medios de comunicación, reporteros y periodistas. Toda vez, que tentativamente cualquier manifestación que obstruya una circulación vial, tome simbólicamente oficinas públicas, o simplemente realice una marcha para presionar legítimamente a las autoridades a escuchar sus peticiones, podría ser considerado un “Delito de Incitación a la Violencia”.
Así como presumiblemente el hecho de que algún trabajador de determinado medio de comunicación local sea responsable de la publicación o artículo, cuyo contenido haga “Apología de un Delito”, es decir que de crédito o exteriorice el presunto delito o acto punitivo mediante medios electrónicos o escritos.
La modificación al Código Penal de Chiapas, se podría prestar a ambigüedades, pues se pueden confundir los delitos, y se dejaría al ministerio de Justicia en la Posibilidad de interpretarlos a conveniencia, lo que podría derivar en acusar de “Incitación a la Violencia” a manifestantes que enarbolan demandas legítimas.
La protesta social es un derecho inalienable ciudadano, pero ese derecho es incompleto, cuando no provoca cambios reales o impacto alguno, cuando no es escuchada por el gobierno y por ello, quienes se manifiestan socialmente, tienden a endurecer el tipo protesta, pues es complicado que una manifestación la realicen en orden los inconformes, sin afectar en lo mas mínimo o causar molestia alguna, cuando traen la predisposición de presionar, porque no existe voluntad de las instituciones para resolverles sus demandas.
El gobierno debe saber tolerar y oír la protesta, para no caer en la tentación de penalizarla, sino ¿Cómo ejercer el derecho a la protesta y libertad de expresión sin estar considerado dentro del Delito de Incitación a la Violencia?
El Código Penal, es una herramienta que tiene el gobierno para usarla en aquellos delitos, mas de corte individual, la aplicación de este, no es la respuesta que le tienen que dar a las acciones colectivas que se derivan de las protestas sociales,
La función del sistema judicial de Chiapas y por supuesto de nuestro país, no es resolver conflictos sociales generados por la protesta social, por el contrario se requiere cada día ampliar los espacios de decisión política, porque la que motiva esta, tiene que ver con el incorrecto quehacer-político administrativo del gobierno, por lo tanto las soluciones son políticas, no son soluciones de derecho, es decir de aplicación de la legislación penal.
*Se ha desempeñado como asesor del Poder Legislativo de Chiapas, asesor de ONG’S y articulista invitado de las Revistas de circulación Estatal y Nacional “Diálogos en el Sur”, “Imagen Política de Chiapas”, y “Quehacer Político”.
laberinto_chis@hotmail.com cruz-vazquez@hotmail.com,
http://www.laberintochiapas.blogspot.com/
PROCEDE REVISIÓN A CAPITULO AGROPECUARIO DEL TLCAN
Publicado: Enero 27 del 2008
Por: Rafael Cruz Vázquez*
Ante la entrada en vigor del Capitulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos de Norte América y Canadá, que evidentemente perjudica a los Campesinos de México al entrar al País productos subsidiados, libres de aranceles en su importación, tales como Maíz, fríjol, leche en polvo y azúcar, cuyos precios en el mercado están por debajo de sus costos de producción, a diferencia de los que se producen en México. Y al considerar que existe una competencia desleal entre un País y otro, respecto al acuerdo comercial, así como la violación a varios artículos de nuestra Carta Magna, jurídicamente es procedente la revisión y renegociación del Tratado de Libre Comercio.
Es lamentable que los legisladores federales que representan al pueblo de México, quienes en un principio habían acordado presentar un punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder ejecutivo a revisar y renegociar el tratado de Libre Comercio con el propósito de evitar la inconformidad generalizada de productores y organizaciones campesinas. De última hora, estos solicitaron al ejecutivo la instalación de una mesa de dialogo con organizaciones campesinas para determinar la viabilidad de dicha revisión, lo cual representa congelar la discusión del tema en el congreso de la Unión, que trae como consecuencia cada día mas descontento en las calles y ante las dependencias gubernamentales.
El Presidente de México Felipe Calderón Hinojosa recientemente anuncio que destinará 200 Mil Millones de pesos al sector agrícola, sin embargo ningún aumento presupuestal, ni cambio en las políticas hacia el Campo tendrán efecto ni sentido si no se hace frente urgentemente a las nocivas, desiguales, desleales e ilegitimas practicas comerciales norteamericanas que violan nuestra constitución, las reglas internacionales de comercio y el propio Tratado Comercial.
Los “Tratados Internacionales” que estén de acuerdo con la Carta Magna de este País, serán asimismo Ley Suprema, son equivalente a Leyes, siempre y cuando se celebren con aprobación del Senado de la república. Lo que no sucede con el actual tratado comercial que contraviene en gran parte a nuestra Constitución Política, razón de sobra para iniciar una revisión y renegociación
Jurídicamente cualquier tratado o convenio internacional es revisable, si los gobiernos firmantes así lo deciden, nada impide que las partes involucradas en la firma de un tratado se sienten en la mesa de negociaciones para revisar cualquier tema que les este causando daños.
Entre las bases legales para la revisión y negociación del “Tratado de Libre Comercio”, se encuentra el hecho de que es necesario cumplir con lo establecido en la Ley de desarrollo Rural Sustentable en su capitulo XVII de Seguridad y soberanía alimentaría, pues esta define como básicos y estratégicos al maíz, fríjol, caña de azúcar, trigo, arroz, sorgo, café, huevo, leche, carne de bovinos, porcinos, aves y pescados.
Otras de las bases legales para la revisión y negociación del Tratado Comercial, se encuentra en su articulo 80, y se refiere a las medidas de emergencia o salvaguardas a las que los gobiernos suscriptores del tratado pueden acudir para evitar que se cause daño a la producción nacional de productos o mercancías idénticos o similares a las que se están importando. En este caso, el gobierno mexicano puede sin que medie petición de parte, determinar que las importaciones de determinados productos o mercancías se han incrementado, a tal grado que han causado o amenazan causar un serio daño a la producción nacional, y con base en dicha determinación establecer medidas arancelarias que impidan que la importación de los productos en cuestión se continúen realizando.
Las medidas de salvaguardas o de emergencia son recursos a los que frecuentemente acuden gobiernos de todo el mundo para defender a sus productores; y el Gobierno de México no debe ser la excepción o seguramente existen otros intereses que no permiten echar mano de este recurso.
En cuanto a las medidas desesperadas de agrupaciones Campesinas de las diferentes partes de la República Mexicana que están considerando ampararse contra los efectos del Capitulo agropecuario, los resultados serían adversos, pues los jueces federales pueden argumentar que existen jurisprudencias que confirman la facultad del Estado Mexicano de celebrar tratados y convenios internacionales.
Aunque a largo plazo, tal vez la vía idónea para evitar que se vulneren los conceptos de soberanía alimentaría, autodeterminación e independencia económica y el concepto de democracia social consagrados en nuestra Constitución General de la república, sería presentar un juicio de nulidad ante las instancias jurídicas internacionales incluyendo a la Comisión Interamericana de los Derechos humanos.
Ante ello, es necesario iniciar una gran cruzada nacional, para ayudar a los campesinos de México. Y como la soberanía del pueblo la ejerce este a través del poder público, deberían las legislaturas locales de todo el país, empezando por Chiapas, emitir un punto de acuerdo hacia el Congreso de la Unión, a efecto de que el poder legislativo federal exhorte al titular del Poder Ejecutivo de la nación, y realice una revisión exhaustiva del Capitulo Agropecuario del Tratado de Libre comercio suscrito por México, Estados unidos y Canadá, y una vez llevado a cabo, inicie la renegociación de dicho tratado comercial, con el fin de proponer las adecuaciones correspondientes y lograr un equilibrio e intercambio equitativo.
*Se ha desempeñado como asesor del Poder Legislativo de Chiapas, asesor de ONG’S y articulista invitado de las Revistas de circulación Estatal y Nacional “Diálogos en el Sur”, “Imagen Política de Chiapas”, y “Quehacer Político”.
laberinto_chis@hotmail.com cruz-vazquez@hotmail.com,
http://www.laberintochiapas.blogspot.com
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