ESCASA VIGILANCIA, Y CORRUPCIÓN, AFECTAN A LOS BOSQUES Y SELVAS DE CHIAPAS

Publicado: Agosto 02 del 2008

Por: Rafael Cruz Vázquez*

Chiapas, cuenta con una superficie forestal de 5 millones 148 mil 104 hectáreas, de las cuales se pierden más de 60 mil hectáreas anuales entre bosques y selvas, lo cual representa un 16.2 % de la deforestación nacional, siendo diversas las causas que originan estas pérdidas, dentro de las que destacan la falta de vigilancia, cambios de uso de suelo, actividades ilícitas y la corrupción.

La entidad desde hace décadas ha sido embestida por la tala clandestina e inmoderada, y en consecuencia un deterioro enorme en su superficie arbórea que representa uno de los importantes pulmones naturales del mundo. Y esto ocurre bajo la complacencia de las instituciones federales y estatales encargadas de velar por el desarrollo y conservación de los recursos naturales, quienes ante tal situación no oyen, ni escuchan el clamor de los Chiapanecos, ni de organismos nacionales e internacionales que luchan por la conservación del medio ambiente, sino al contrario brindan las facilidades necesarias a los depredadores forestales.

La falta de vigilancia, por parte del gobierno federal y del estado, para combatir a los talamontes, hace vulnerable a los bosques de Chiapas, ya que día con día se les facilita la tala ilegal y el tráfico de madera.

No solo se trata de una escases presupuestal, por parte de La federación y el estado, para tener mayor infraestructura material y humana al servicio de la protección ambiental, sino que también se requiere de la aplicación de la legislación en la materia o en su defecto de reformas que se hagan a la misma, de tal forma que no existan limitantes para llevar a cabo actos de autoridad.

Ante tal situación, el gobierno estatal, con previas reformas a su legislación local, y dentro de los convenios de colaboración con el Gobierno Federal, debería analizar la posibilidad de crear “una policía ambiental armada”, que por cierto en algunos países y estados de la República ya existen. Y haciendo una excepción de la austeridad institucional, puede sectorizar parte de la Policía Estatal para tal propósito y capacitar a quienes tengan mejor nivel académico, en acciones de Inspección y Vigilancia Forestal, y en el combate frontal a ilícitos forestales, otorgándole a esta policía de elite ambiental, mejores salarios, para no hacerlos endebles a la corrupción.

De acuerdo a estadísticas de la SEMARNAT en Chiapas, que no son totalmente confiables, en el 2007, autorizó mas 37 hectáreas para cambio de uso de suelo, para la expansión de terrenos agrícolas o para asentamientos de núcleos de población, situación que origina daños a la superficie forestal del estado y al medio ambiente. Por ello, se hace necesario cambiar esta práctica, y optar por la reconversión productiva, estableciendo cultivos que restauren zonas degradadas, y que a corto o mediano plazo generen ingresos al productor, como es el caso de las plantaciones forestales con fines comerciales, que reditúan importantes ingresos.

Habría que preguntarse, qué pasa con las funciones que vienen realizando las dependencias del gobierno del Estado y Federal , encargadas de la Protección Ambiental, como es el caso de la dirección de Protección Forestal del estado, que pertenece a la Comisión Forestal Sustentable del Estado de Chiapas (COFOSECH),y la Procuraduría Federal de Protección al ambiente, la primera funcionando con 15 inspectores Forestales, y la segundo con 26 inspectores Federales, sin embargo es tan constante la tala clandestina, que la misma Delegación en Chiapas de la Cámara Nacional de la Industria Forestal, han solicitado la intervención del estado para frenar este ilícito, que está afectando la economía de sus agremiados por los precios bajos del producto forestal en el mercado negro, lo cual les propicia una competencia desleal, y los más grave, el deterioro del medio ambiente.

Se hace necesario erradicar la corrupción y desconfianza que se viene suscitando en estas dependencias, que por siempre han estado cuestionadas en su actuación, por ello es sugerente que la sociedad participe y denuncie los ilícitos en que incurren funcionarios públicos, desde los titulares de cada una de las dependencias (Protección Forestal del Estado de Chiapas y Delegación PROFEPA) hasta subordinados, para efecto de que la Contraloría General del estado, y la Secretaría de la Función Pública Federal, investiguen sobre el patrimonio actual de estos funcionarios para detectar si han incurrido en desviación de recursos de sus dependencias o han aprovechado los cargos que ostentan para enriquecerse ilícitamente u obtener beneficio alguno.

La corrupción en el sector público, es uno de tantos factores que más lesionan al sector forestal en el país y en el mundo, se entiende por corrupción la utilización ilegal de un cargo público por los políticos o funcionarios para obtener un beneficio propio. En determinadas circunstancias, la corrupción es fácil detectar, pero puede resultar más difícil de controlar y sancionar, porque quienes la cometen tienen más poder político para mantenerse en la impunidad e inamovibles de sus cargos públicos.

Ejemplos claros de corrupción en el Sector Público, son: <>, previa entrega de dadiva alguna al funcionario de la dependencia, por parte del interesado o beneficiario, un caso más a citar, es el , diagnosticando arboles plagados que no son aptos para saneamiento, y por su condición, resuelva que son viables para aprovechamiento, aun cuando sea todo lo contrario.

Otro acto de corrupción, se da cuando el funcionario de gobierno tiene conocimiento de que se provocaran incendios en determinado predios forestales, realizado por el mismo propietario o poseedor del recurso maderable, y para posteriormente, este dar respuesta positiva a la solicitud del afectado por el incendio, en el sentido de que puede aprovechar la madera muerta, saldo que ha dejado el siniestro.

En muchas ocasiones, las actividades ilícitas se producen por la incapacidad del gobierno para hacer cumplir la Ley. Dentro de las actividades ilícitas forestales, cometidas por particulares o propietarios de bosques, destacan: <>, aprovechar especies forestales en “Status” o en peligro de extinción, extraer un mayor volumen de madera del autorizado, realizar aprovechamiento forestal fuera de los limites que contempla el respectivo plan de manejo forestal, explotar áreas naturales protegidas, etc.

Como parte de su política ambiental, en el presente año el Gobierno Federal dispuso aplicar recursos de forma sectorial, por la cantidad de 29 mil 802.3 Millones de pesos, lo cual no se ve reflejado en la operatividad de las dependencias del sector, tales como SEMARNAT, CONAFOR, PROFEPA, CONAGUA, etc.

Si eso ocurre en ese nivel, seguirá pasando lo mismo con el gobierno del Estado y los Municipios de la entidad Chiapaneca? ¿Cómo se podría reducir la desforestación en el estado de Chiapas, y fomentar el desarrollo sustentable de sus recursos naturales?, sin olvidar que mas 350 mil hectáreas de Bosques y selvas se pierden anualmente en la República Mexicana, en tanto que a nivel mundial 7.3 millones de hectáreas al año.

*Se ha desempeñado como asesor del Poder Legislativo de Chiapas, asesor de ONG’S y articulista invitado de las Revistas de circulación Estatal y Nacional “Diálogos en el Sur”, “Imagen Política de Chiapas”, y “Quehacer Político”.

laberinto_chis@hotmail.com cruz-vazquez@hotmail.com,
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RECURSOS PARA EL AGRO DE CHIAPAS…BOTÍN DE LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS

Publicado: MAYO 21 DEL 2008

Por Rafael Cruz Vázquez*

A principios de este año, durante sus visita a Chiapas, Alberto Cárdenas Jiménez, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo, Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), anunció la inversión de 2 mil 436 millones de pesos para el campo Chiapaneco entre recursos federales y del estado.

Este anuncio, propicio evidentemente que la mayoría de las Organizaciones Campesinas con presencia nacional y local, se trazaran como un fin la consecución en lo más posible de estos recursos, seguramente con la bandera de que coadyuvarán con el gobierno a detonar el desarrollo económico y social del sector en la entidad.

Es necesario precisar que los programas del gobierno federal y del estado, no son absolutamente eficaces o eficientes ante la ausencia de una estrategia integral de desarrollo, y los recursos para la activación de los mismos, se han convertido en la mayoría de los casos, en un fin en sí mismo y no en un medio para el logro de los objetivos que, al menos sobre el papel, plantean recurrentemente las organizaciones campesinas.

Bajo esta óptica, gran parte de las organizaciones campesinas, reconocen en los programas sociales del gobierno, como “el gran objetivo o botín”. De esta forma confirmamos que la “justicia social”, es supeditada a los intereses “de grupo” sin omitir los fines partidistas y electoreros.

Para poder ser beneficiadas las organizaciones, tienen como reto, cumplir, aún con simulaciones, los requisitos y condiciones que establece la normatividad vigente de cada programa institucional, al extremo que para lograr su propósito, recurren al chantaje, cohecho, soborno, y hasta amenazas de manifestaciones masivas, como medida de presión para lograr su cometido.

Si bien es cierto que las organizaciones campesinas han incurrido en esta clase de prácticas, la responsabilidad no solamente es de estas, sino del gobierno mismo al meterlas en la dinámica del clientelismo político, asignándoles año tras año prebendas o recursos financieros que les permita su existencia y subsistencia, para cumplir con su cometido, como es el responder a intereses particulares, respaldar políticas públicas del gobierno en turno, captar el voto rural, ganar posiciones en el congreso local, federal, en la administración estatal, o en ayuntamientos, que en resolver los problemas reales del campo.

Tan solo en el 2007, el Gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, otorgó a las organizaciones campesinas a través de la Secretaria del campo, un techo financiero por 183 millones de pesos, destacando por la enorme asignación de recursos la Central Independiente de Obreros Agrícolas, y Campesinos(CIOAC) con un monto de 43 millones de pesos, La Confederación Nacional Campesina (CNC), con 26 millones de pesos, La Coordinadora de Organizaciones Autónomas del Estado de Chiapas (COAECH) con 24 millones de pesos, La Confederación Independiente de Organizaciones, Asociación Civil (CIO-A.C), con 10 millones de pesos, La Coalición de Organizaciones para el Desarrollo Sustentable del Estado de Chiapas (CODESCH A.C) con 8 millones de pesos, entre otras.

Habría que ver si existe un censo preciso, para saber con cuantos militantes cuentan las organizaciones campesinas, porque existe la sospecha que los datos que proporcionan estas, son inconsistentes y contradictorios, o cual será el criterio que utiliza el gobierno para asignarles recursos.
Una realidad que viven las organizaciones campesinas, es que sus padrones de productores han ido disminuyendo, por el hecho que hace dos décadas predominaba el sector agropecuario, hoy tenemos a una sociedad rural en donde la agricultura es la actividad menos importante, en términos de la población económicamente activa, pues coexisten con este sector otras actividades económicas, que representan ingresos para los hogares chiapanecos.

La situación ha cambiado de forma drástica, que estadísticamente podemos concluir que el 31% de los hogares son campesinos, en tanto que el 69% no lo son.

La globalización hoy en día, ha forzado a las organizaciones campesinas a profesionalizar sus cuadros operativos e incluso a burocratizar su estructura, así que con la aplicación de los recursos gubernamentales que año tras año se disputan las distintas organizaciones en Chiapas, aparentemente estas se fortalecen, pero más bien son los lideres los que adquieren mayor poder, mientras sus bases se debilitan y se alejan, en la medida en que no se construyen organizaciones productivas sólidas, capaces de ofrecer una alternativa viable para la sociedad rural.

Las organizaciones campesinas en el estado y en el país, han perdido su capacidad de influir en las políticas públicas del gobierno, por eso se ven reducidas a jugar el papel de ejecutores de las decisiones tomadas por el ejecutivo. Y si no lo hacen se ven desplazadas por el trabajo de las ONG´S, ó los despachos de proyectos al servicio de los gobierno federal y estatal.

Mas que meterse en el estire y afloje para captar el financiamiento necesario para apoyar a sus agremiados, las dirigencias de las organizaciones, deberían construir acuerdos y consensos entra las mismas para presentar al gobierno estatal Y Federal, una propuesta que permita el desarrollo real del agro chiapaneco, y no solamente ser ejecutores de políticas públicas; para que no quede en estadísticas y números alegres que de manera mediática festeja el gobierno, respecto a los logros alcanzados en el sector, ya que la disminución de la participación del campesinado en el Producto interno Bruto Agropecuario PIB, es por demás evidente.


*Se ha desempeñado como asesor del Poder Legislativo de Chiapas, asesor de ONG’S y articulista invitado de las Revistas de circulación Estatal y Nacional “Diálogos en el Sur”, “Imagen Política de Chiapas”, y “Quehacer Político”.

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EL NARCO SE MOFA DE LA INEPTITUD POLICIACA EN CHIAPAS

Publicado: Julio 6 del 2008

Por: Rafael Cruz Vázquez*

Es evidente que para el gobierno federal, las fronteras norte y sur del país, son prioridad en el combate al narcotráfico, y delincuencia organizada, así también el hecho de que las corporaciones policiacas de los estados del norte estén en un proceso constante de Capacitación y adiestramiento, respecto al combate al crimen organizado, a diferencia de los del sur, en particular el estado de Chiapas, que son vulnerables, al no contar con el adiestramiento necesario, y carecer de instrumentos suficientes de información e inteligencia, y de infraestructura para combatir el narcotráfico.

Independientemente que el narcotráfico es un delito federal, y no es competencia directa del gobierno del estado de Chiapas para combatirlo, sin embargo es necesario que este, dentro del ámbito de coordinación con el gobierno federal, solicite que se capacite a sus policías estatales en la persecución, y combate a estos ilícitos.

La actuación de la policía estatal en el combate al narcomenudeo y el crimen organizado debe hacerse con responsabilidad, dentro del marco de colaboración con los órganos de las policías federales, y del mismo Ejercito mexicano, de tal manera que previa concertación entre las instituciones participantes, se definan estrategias y mecanismos para hacer eficiente la lucha contra el flagelo social, también llamado narcotráfico.

El reflejo de las deficiencias de las policías locales y sus mandos jerárquicos, se hizo notar el mes próximo pasado en la cabecera municipal de Villaflores, Chiapas, en el enfrentamiento que sostuvieron 200 elementos de la Policía Estatal Preventiva e incluso del Ejercito Mexicano contra cuatro narcotraficantes del Cartel de los Valencia, especializados en el trafico de metanfetaminas, que después de dos días de combate armado, lograron someter a dos de los cuatro del grupo criminal, pues los otros dos murieron en el intercambio de disparos, según comunicado de la policía estatal, dos días después la Procuraduría general de la República, dio a conocer que los sicarios se habían suicidado para no ser aprehendidos vivos por la policía.

En tal enfrentamiento se destacó la utilización de armamento sofisticado por parte de los narcotraficantes, ya que a pesar de que la policía, y militares los superaban en número, estos se resistieron varias horas.

Tal es la ineptitud con que actúa la policía local, que después de asegurar la casa de seguridad, donde se realizó el enfrentamiento entre presuntos narcos, policías, y militares, estos no realizaron las diligencias judiciales correspondientes, no aseguraron las evidencias que se encontraban al interior de la casa, además que los habitantes del lugar entraron a la vivienda y saquearon objetos de su interior.

Otros de los errores de las instituciones policiales, se manifestó en el protagonismo, falta de planeación y coordinación en el decomiso de dos toneladas de cocaína realizado el mes pasado por policías ministeriales del Ministerio de Justicia del estado de Chiapas. Y que después de transcurridos diez días del aseguramiento de la droga, resultó que no era cocaína, sino lactosa, de acuerdo a un comunicado emitido por la misma dependencia de justicia.
Y es que el pasado 23 junio frente a reporteros de medios impresos de comunicación, y televisoras nacionales y locales, Amador Rodríguez Lozano, Ministro de justicia del Estado de Chiapas, emocionado, dio a conocer en conferencia de prensa que la incautación lograda, fue resultado del trabajo de inteligencia desarrollado por la policía ministerial.

Dijo “se trata de uno de los decomisos más importantes de esta droga en los últimos años, y fue producto de la detención de siete personas en una casa de seguridad, ubicada al oriente de esta Ciudad capital de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”, droga que al parecer sería enviada a la organización criminal del “Mayo Zambada”, y al Cartel de Sinaloa.

Este tipo de actuaciones, ante la sociedad mexicana, y sobre todo ante la Chiapaneca, es por demás irresponsable, y exhibe la incapacidad de las instituciones en materia de seguridad y procuración de justicia en la entidad, y deja en tela de duda la capacidad y honestidad con que se conducen los funcionarios.

La interrogante quedará por siempre, ¿la cocaína, la cambiaron por lactosa?, ¿en manos de quien o quienes quedaran los 1600 millones de pesos aproximados de ganancias? ¿Por qué a los diez días de la incautación de la droga dan a conocer que se equivocaron, y que no es enervante sino lactosa? ¿Existe corresponsabilidad de la Procuraduría General de la República? ¿Fincaran sanciones a funcionarios del estado y federales por estas equivocaciones?.

*Se ha desempeñado como asesor del Poder Legislativo de Chiapas, asesor de ONG’S y articulista invitado de las Revistas de circulación Estatal y Nacional “Diálogos en el Sur”, “Imagen Política de Chiapas”, y “Quehacer Político”.

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CHIAPAS: PUENTE DEL NARCOTRAFICO Y CRIMEN ORGANIZADO

Publicado: Mayo 9 del 2008

Por: Rafael Cruz Vázquez*

Aunado a la crisis en el campo Chiapaneco que no es mitigada ni con todo el manejo mediático de programas gubernamentales de apoyo y combate a la pobreza en el medio rural, también se acentúa el desempleo en el medio urbano de las regiones y municipios de Chiapas, ya que al no existir industrias en el estado que generen empleos, el sector público se convierte en una de las principales alternativas de empleos para algunos, pero no para la mayoría de los chiapanecos.

Si bien es cierto que el crecimiento económico y el empleo, no son factores determinantes para resolver el problema del narcotráfico en Chiapas como en otros estados del país, si es en buena medida significativo para atenuarlo.

Sin embargo los datos estadísticos de la delegación del INEGI, establece que en Chiapas la tasa de desempleo es de 43%, contradiciendo de esta manera a Samuel Toledo Córdova, Secretario del trabajo en la entidad, quien da a conocer que el nivel de desempleo es el 2.6%. Esta situación es caldo de cultivo para el crimen organizado, y el narcotráfico en su modalidad de Narcomenudeo.

El 26 de junio se conmemora el día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, pero en nuestro país, y en Chiapas, poco hay que celebrar en el marco de ese día, pues el narcotráfico ha ganado terreno a las corporaciones policíacas dedicadas al combate a este mal que aqueja a la sociedad Chiapaneca, los programas de seguridad han sido insuficientes, por lo que las bandas del narcotráfico han ramificado sus operaciones en la línea fronteriza con Guatemala.

En esta entidad, se ha detectado el flujo de la droga por varios puntos, principalmente de la cocaína, siendo las vías de paso las redes carreteras de la Costa, Centro, y Altos, así como por la vía fronteriza y el traslado marítimo por los balseros del río Suchiate.

Cabe destacar que el narcotráfico ha infiltrado a las policías locales en algunos municipios del estado de Chiapas, ya que según fuentes oficiales se ha detectado que grupos de sicarios han sido investidos de policías municipales y han participado de manera directa en ejecuciones y secuestros, y también son los encargados de controlar el paso de cargamentos de drogas en los sitios en donde operan.

Los grandes carteles mexicanos del narcotráfico que se disputan el territorio nacional, como son el cartel del Golfo y Sinaloa, se han posesionado del sureste mexicano, convirtiendo a este en ruta de recepción, producción, distribución y ventas de enervantes, sobre todo las poblaciones de Ciudad Cuauhtémoc, Puerto Madero, Ciudad Hidalgo, y Tapachula.

Es tal la guerra sin cuartel entre carteles y las fuerzas del ejército y corporaciones policíacas, que los saldos son alarmantes, en varios estados de la república, ya que tan solo la primera semana del mes de mayo el número de muertos asciende a más de 50 muertos entre narcotraficantes y mandos policíacos , sumando a ello que el mes próximo pasado, de cuatro, dos elementos de la policía estatal de caminos, fueron ultimados a metralla, y dos heridos, por sicarios en el municipio de pueblo Nuevo Solistahuacan, Chiapas, así también en el municipio de palenque un enfrentamiento entre el ejército, y un comando armado al servicio del grupo denominado “Zetas”, que dejó un saldo de un sicario muerto, cinco heridos, y dos militares muertos.

No obstante esta disputa por el control del mercado de la droga, la han internacionalizado, desde el momento que han trasladado su sangrienta lucha a Guatemala, en donde buscan dominar las principales rutas de tráfico desde Sudamérica, utilizando a Chiapas como Puente de trasiego de droga a Estados Unidos.

El narcotráfico es una de las empresas transnacionales que más ganancias reditúa en el mundo, las cifras que mueve son realmente increíbles, tan altas como las de la industria del petróleo, pero no es solo un redituable negocio, es un mecanismo de control político-social, que penetra e invade el poder público.

La realidad es que la política antidrogas del ejecutivo federal, no va a terminar con el narcotráfico, realice los operativos que realice, pues las acciones de procuración de justicia encaminadas a interceptar y erradicar el narcotráfico en países productores o de transito, nunca impactará las ganancias ni las células de comando y control de narcotraficantes, por una lógica comercial: el valor real del mercado se encuentra en las cadenas de distribución de mayoreo a menudeo, en los mercados consumidores y en los procesos de blanqueo de capital. Mientras no se ataquen frontalmente las cadenas de distribución en los mercados de consumo, y las cadenas de lavado de dinero, no se podría afectar de manera sustancial los intereses del narcotráfico
Lo que no se puede pasar desapercibido, es que Gobierno Federal, está logrando uno de sus objetivos trazados, como es el de incursionar con toda la ofensiva militar en algunos Estados, de esta manera romper toda relación del poder político local que en el pasado estuvieron vinculados con redes de corrupción y narcotráfico.

De lo que podemos estar seguros que las estructuras del narcotráfico han pasado de la operatividad vertical a redes operables de forma horizontal, es decir que existen muchas cabezas que dirigen y amplían su marco de acción delincuencial, por lo que cada día son más difíciles de combatir, y si no se rompen las cadenas de relación creciente entre el poder político y el narcotráfico a nivel local, tendremos una situación muy compleja.

*Se ha desempeñado como asesor del Poder Legislativo de Chiapas, asesor de ONG’S y articulista invitado de las Revistas de circulación Estatal y Nacional “Diálogos en el Sur”, “Imagen Política de Chiapas”, y “Quehacer Político”.

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CHIAPAS NECESITA REFORMAR SU LEGISLACIÒN PENAL

Publicado: Marzo 24 del 2008

Los preceptos jurídicos del Código Penal de Chiapas, son obsoletos

Controversias genera la legislación local, por contener “Delitos de Corte Político: Incitación a la Violencia, Sedición, Motín, y Rebelión

La Ley de Sentencia Suspendida en Chiapas, para la liberación de Presos Políticos, es sinónimo de “ libertad a medias

Por: Rafael Cruz Vázquez*.

No basta con muestras de actos de voluntad política y generosidad del Gobierno de Chiapas, que se traduce en la liberación de presos políticos, mediante “La Ley de Sentencia Suspendida”, cuyos alcances jurídicos son limitados e implican una libertad a medias, no basta con reconciliarse con las Organizaciones Sociales de Chiapas; sino que es necesario contar con un Orden Jurídico Penal que no contravenga los derechos humanos de los individuos y los instrumentos internacionales de derechos humanos, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El Código Penal de Chiapas contiene muchos de los conceptos generales de justicia penal del ámbito federal; enfatiza los derechos de la sociedad, y no en los del individuo como tal, penaliza la mayoría de las formas de disentimiento político, califica ambiguamente como delitos conductas como manifestaciones publicas, que son garantizadas en nuestra Carta Magna.

Ha generado controversias el Código por contener los denominados “Delitos Políticos”, tipificados como, rebelión, sedición, motín, e delito creado recientemente por el ejecutivo en turno, los cuales fueron establecidos para prohibir la disensión política, y la protesta social.

Así mismo ha ocasionado controversias “La Ley de Sentencia Suspendida” que fue creada y aplicada por en su momento para la liberación de Presos Políticos por los Gobernadores de Chiapas Javier López Moreno, Patrocinio González Garrido, y Pablo Salazar Mendiguchía, y hoy por el Gobernador Juan Sabines Guerrero, sin embargo pareciera que dicha Ley, es sinónimo de perdón o indulto, pero no concluye el proceso penal, ni libera el señalamiento de culpabilidad.

El beneficiado con la Ley de Sentencia Suspendida recupera su libertad, pero el proceso que se le sigue no se suspende, únicamente interrumpe la detención del procesado hasta en tanto se dicta sentencia, pero si la sentencia resulta condenatoria, este pudiera ser reaprehendido.

Los preceptos jurídicos del Código penal de Chiapas, se encuentran obsoletos o retrasados con relación a las exigencias de una sociedad moderna, por eso es necesario que la legislación en comento sea revisada y ajustada a los tiempos actuales.

El sistema penal en Chiapas desde siempre se fue apartando de los criterios y principio del estado democrático de derecho, a tal grado que se fue cayendo en un sistema autoritario, porque en lugar de ser utilizado como un instrumento para proteger debidamente a los derechos ciudadanos, se fue convirtiendo en un instrumento de dominación y de sujeción del hombre frente al Estado.

Es necesario reformar y modernizar la legislación penal en Chiapas, lo cual llevaría a crear un nuevo Código Penal y un nuevo Código de Procedimientos Penales, que responda tanto a la idea de la modernidad como a la necesidad de satisfacer las expectativas actuales de la sociedad.

La reforma penal no puede basarse en un simple cambio de palabras, a unos cuantos artículos de Ley, o un incremento de las figuras delictivas y de las penas, obedeciendo a situaciones coyunturales; mucho menos puede limitarse a la simple inclusión de mecanismos que no tengan mas finalidades, que la de flexibilizar las exigencias legales para posibilitar una actuación, menos controlada del órgano persecutor, sin importar las garantías Individuales.

Para llevar a cabo la reforma a la legislación penal del estado, es necesario la realización de un diagnostico de la realidad social de Chiapas, de la realidad del fenómeno delictivo y de sus causas, y por supuesto la realidad del sistema penal chiapaneco.

También es necesario ver si la legislación que pretende entrar en vigencia se adecua o no a los principios y criterios de la Carta Magna, de los Instrumentos Internacionales y Pactos Civiles y políticos de derechos humanos, y finalmente debe tenerse la convicción de que la nueva legislación realmente represente una alternativa mejor.

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INVIABLE APLICAR EL DERECHO PENAL A LA PROTESTA SOCIAL

Publicado: Febrero 18 del 2008

Por: Rafael Cruz Vázquez*

En Chiapas, como en otros estados del País y del mundo, “Protesta Social “ en sus diferentes manifestaciones, es un derecho, y el ejercicio de la misma como indispensable en una sociedad realmente democrática, que implica el goce de garantías civiles y políticas, tan trascendentes como las libertades de expresión, asociación, reunión y manifestación, así como el derecho a la información.

La reciente reforma al Código Penal de Chiapas, aprobada por el Congreso del Estado de la LXIII Legislatura local, que consiste en la adición del artículo 378 Bis, que enuncia: “Al que por cualquier medio de manera pública o privada incite a la violencia o a cometer un delito, o haga la apología de éste o de algún vicio, se le impondrá prisión de seis meses a tres años, y multa de diez a 50 días de salario".

Tal agregado a la legislación penal del Estado que se tipifica como “Delito de Incitación a la Violencia”, ha provocado reacciones en diferentes sectores y gremios de la entidad, como es el Magisterio, Organizaciones Campesinas y estudiantiles, y demás sindicatos organizados, entre muchos otros que tienen como practica la movilización y protesta social, como una forma de manifestar su inconformidad por la falta de atención e inadecuadas políticas publicas de los gobiernos en sus ámbitos federal, estatal y municipal.

Es evidente que el bien jurídico tutelado en esta nueva figura penal, es “El Orden Público”, por lo que existe temor fundado por parte de los grupos sociales organizados e incluso, aunque de forma aislada, de trabajadores de los medios de comunicación, reporteros y periodistas. Toda vez, que tentativamente cualquier manifestación que obstruya una circulación vial, tome simbólicamente oficinas públicas, o simplemente realice una marcha para presionar legítimamente a las autoridades a escuchar sus peticiones, podría ser considerado un “Delito de Incitación a la Violencia”.

Así como presumiblemente el hecho de que algún trabajador de determinado medio de comunicación local sea responsable de la publicación o artículo, cuyo contenido haga “Apología de un Delito”, es decir que de crédito o exteriorice el presunto delito o acto punitivo mediante medios electrónicos o escritos.

La modificación al Código Penal de Chiapas, se podría prestar a ambigüedades, pues se pueden confundir los delitos, y se dejaría al ministerio de Justicia en la Posibilidad de interpretarlos a conveniencia, lo que podría derivar en acusar de “Incitación a la Violencia” a manifestantes que enarbolan demandas legítimas.

La protesta social es un derecho inalienable ciudadano, pero ese derecho es incompleto, cuando no provoca cambios reales o impacto alguno, cuando no es escuchada por el gobierno y por ello, quienes se manifiestan socialmente, tienden a endurecer el tipo protesta, pues es complicado que una manifestación la realicen en orden los inconformes, sin afectar en lo mas mínimo o causar molestia alguna, cuando traen la predisposición de presionar, porque no existe voluntad de las instituciones para resolverles sus demandas.

El gobierno debe saber tolerar y oír la protesta, para no caer en la tentación de penalizarla, sino ¿Cómo ejercer el derecho a la protesta y libertad de expresión sin estar considerado dentro del Delito de Incitación a la Violencia?

El Código Penal, es una herramienta que tiene el gobierno para usarla en aquellos delitos, mas de corte individual, la aplicación de este, no es la respuesta que le tienen que dar a las acciones colectivas que se derivan de las protestas sociales,

La función del sistema judicial de Chiapas y por supuesto de nuestro país, no es resolver conflictos sociales generados por la protesta social, por el contrario se requiere cada día ampliar los espacios de decisión política, porque la que motiva esta, tiene que ver con el incorrecto quehacer-político administrativo del gobierno, por lo tanto las soluciones son políticas, no son soluciones de derecho, es decir de aplicación de la legislación penal.

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PROCEDE REVISIÓN A CAPITULO AGROPECUARIO DEL TLCAN

Publicado: Enero 27 del 2008

Por: Rafael Cruz Vázquez*

Ante la entrada en vigor del Capitulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos de Norte América y Canadá, que evidentemente perjudica a los Campesinos de México al entrar al País productos subsidiados, libres de aranceles en su importación, tales como Maíz, fríjol, leche en polvo y azúcar, cuyos precios en el mercado están por debajo de sus costos de producción, a diferencia de los que se producen en México. Y al considerar que existe una competencia desleal entre un País y otro, respecto al acuerdo comercial, así como la violación a varios artículos de nuestra Carta Magna, jurídicamente es procedente la revisión y renegociación del Tratado de Libre Comercio.

Es lamentable que los legisladores federales que representan al pueblo de México, quienes en un principio habían acordado presentar un punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder ejecutivo a revisar y renegociar el tratado de Libre Comercio con el propósito de evitar la inconformidad generalizada de productores y organizaciones campesinas. De última hora, estos solicitaron al ejecutivo la instalación de una mesa de dialogo con organizaciones campesinas para determinar la viabilidad de dicha revisión, lo cual representa congelar la discusión del tema en el congreso de la Unión, que trae como consecuencia cada día mas descontento en las calles y ante las dependencias gubernamentales.

El Presidente de México Felipe Calderón Hinojosa recientemente anuncio que destinará 200 Mil Millones de pesos al sector agrícola, sin embargo ningún aumento presupuestal, ni cambio en las políticas hacia el Campo tendrán efecto ni sentido si no se hace frente urgentemente a las nocivas, desiguales, desleales e ilegitimas practicas comerciales norteamericanas que violan nuestra constitución, las reglas internacionales de comercio y el propio Tratado Comercial.

Los “Tratados Internacionales” que estén de acuerdo con la Carta Magna de este País, serán asimismo Ley Suprema, son equivalente a Leyes, siempre y cuando se celebren con aprobación del Senado de la república. Lo que no sucede con el actual tratado comercial que contraviene en gran parte a nuestra Constitución Política, razón de sobra para iniciar una revisión y renegociación


Jurídicamente cualquier tratado o convenio internacional es revisable, si los gobiernos firmantes así lo deciden, nada impide que las partes involucradas en la firma de un tratado se sienten en la mesa de negociaciones para revisar cualquier tema que les este causando daños.

Entre las bases legales para la revisión y negociación del “Tratado de Libre Comercio”, se encuentra el hecho de que es necesario cumplir con lo establecido en la Ley de desarrollo Rural Sustentable en su capitulo XVII de Seguridad y soberanía alimentaría, pues esta define como básicos y estratégicos al maíz, fríjol, caña de azúcar, trigo, arroz, sorgo, café, huevo, leche, carne de bovinos, porcinos, aves y pescados.


Otras de las bases legales para la revisión y negociación del Tratado Comercial, se encuentra en su articulo 80, y se refiere a las medidas de emergencia o salvaguardas a las que los gobiernos suscriptores del tratado pueden acudir para evitar que se cause daño a la producción nacional de productos o mercancías idénticos o similares a las que se están importando. En este caso, el gobierno mexicano puede sin que medie petición de parte, determinar que las importaciones de determinados productos o mercancías se han incrementado, a tal grado que han causado o amenazan causar un serio daño a la producción nacional, y con base en dicha determinación establecer medidas arancelarias que impidan que la importación de los productos en cuestión se continúen realizando.

Las medidas de salvaguardas o de emergencia son recursos a los que frecuentemente acuden gobiernos de todo el mundo para defender a sus productores; y el Gobierno de México no debe ser la excepción o seguramente existen otros intereses que no permiten echar mano de este recurso.


En cuanto a las medidas desesperadas de agrupaciones Campesinas de las diferentes partes de la República Mexicana que están considerando ampararse contra los efectos del Capitulo agropecuario, los resultados serían adversos, pues los jueces federales pueden argumentar que existen jurisprudencias que confirman la facultad del Estado Mexicano de celebrar tratados y convenios internacionales.

Aunque a largo plazo, tal vez la vía idónea para evitar que se vulneren los conceptos de soberanía alimentaría, autodeterminación e independencia económica y el concepto de democracia social consagrados en nuestra Constitución General de la república, sería presentar un juicio de nulidad ante las instancias jurídicas internacionales incluyendo a la Comisión Interamericana de los Derechos humanos.

Ante ello, es necesario iniciar una gran cruzada nacional, para ayudar a los campesinos de México. Y como la soberanía del pueblo la ejerce este a través del poder público, deberían las legislaturas locales de todo el país, empezando por Chiapas, emitir un punto de acuerdo hacia el Congreso de la Unión, a efecto de que el poder legislativo federal exhorte al titular del Poder Ejecutivo de la nación, y realice una revisión exhaustiva del Capitulo Agropecuario del Tratado de Libre comercio suscrito por México, Estados unidos y Canadá, y una vez llevado a cabo, inicie la renegociación de dicho tratado comercial, con el fin de proponer las adecuaciones correspondientes y lograr un equilibrio e intercambio equitativo.

*Se ha desempeñado como asesor del Poder Legislativo de Chiapas, asesor de ONG’S y articulista invitado de las Revistas de circulación Estatal y Nacional “Diálogos en el Sur”, “Imagen Política de Chiapas”, y “Quehacer Político”.

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