LABERINTO PUBLICO

2009-08-23T19:37:00.000-07:00

ATENTO AVISO

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ATTE.
SS. RAFAEL CRUZ VÀZQUEZ

2009-06-19T09:49:00.000-07:00

LABERINTO PÚBLICO
Por: Rafael Cruz Vázquez*

QUIEN GANA, QUIEN PIERDE

Continúa en la mesa el debate en torno al tema de la abstención o anulación del “Voto”, como una forma de manifestarse contra la mala actuación de las autoridades y gobernantes del País, por la falta de sensibilidad de la clase política, para atender los reclamos y necesidades de los Ciudadanos, por la corrupción e impunidad que cada vez es una constante en todos los ámbitos del poder público. Haciendo notar que una fuente del Poder Público es el “Voto Ciudadano”, así que entre menos participación exista por parte de este, menos legitimidad y fortaleza tienen las instituciones.

Hasta responsables de promover tal acción, ya existen, por un lado que es un movimiento de protesta social que no tiene cabeza, ni liderazgo, en el que se destaca la participación de Ciudadanos , así como de algunos periodistas e intelectuales, se especula que es una estrategia del Gobierno federal para beneficiar a su Partido, que los impulsores de esta campaña de anular o votar en blanco son ex panistas y expejistas como Tatiana Clouthier, y Gabriel Hinojosa (primo hermano de Felipe Calderón Hinojosa), y Luis Manuel Pérez de Acha (Ex colaborador de Andrés Manuel López Obrador).

Y como en toda manifestación surgen demandas o propuestas, en este caso no es la excepción, las cuales pretenden plantear después de la elección del 5 de julio, tales como Candidaturas Ciudadanas, segunda vuelta electoral, rendición de cuentas, reelección legislativa, disminución de Diputados, disminución del presupuesto a los Partidos y Ciudadanización real del IFE, entre otras.

Aún cuando se les cuestione a los promotores de la abstención y anulación del voto, el hecho de que no tiene autoridad alguna para hacer dichos planteamientos a los legisladores electos, respecto a tales demandas, por no haber sufragado por Candidato de Partido alguno, harán llegar sus inquietudes a la Cámara Baja.

Habría que ver que impactó tendrá esta inconformidad, en la elite política tripartidista, si realmente van a tomar en cuenta la realidad política, económica, y social, por la que atraviesa la nación o simplemente se confirmará la lejanía que los grupos políticos tienen para con la Ciudadanía.

Independientemente de quien este promoviendo este movimiento social, tendrá que derivar al final en un resultado, porque de alguna u otra forma el 5 de Julio se tendrá que medir en las urnas esta forma de hartazgo ciudadano, que va desde la abstención, anulación del voto, hasta votar por candidatos independientes o no registrados.

Todo indica que los políticos no han pasado desapercibida esta campaña de abstención o anulación del voto, en virtud de que voces de los institutos políticos aunque no están de acuerdo en este tipo de protesta, han declarado respetar la postura de los ciudadanos inmersos en la misma.

Tal vez se trate de una forma de incitar a que desistan de sus intenciones de protesta en las urnas los mexicanos el día de las elecciones, porque el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones, ya se adelanto dando a conocer sobre las intenciones de reformar la legislación electoral federal. Y es aquí donde se debe dar entrada a las demandas que hacen los Ciudadanos a los Partidos.

Lo real de todo esto es que con esta peculiar protesta, nadie gana, pero si sientan los precedentes para que se tomen en cuenta las opiniones de la sociedad en las próximas reformas legislativas, sobre todo en materia electoral; en tanto que tratándose de perdidas, los partidos pequeños son los más perjudicados, porque los electores que participan en este tipo de movimiento, optan por abstenerse o anular de determinada manera su voto, que dárselo a alguno de estos Partidos.

Es lamentable que nuestro sistema político mexicano, este a travesando por estas circunstancias, porque que la conocida alternancia en el País, se dio como un fin, y no como un principio en el año 2000 con el Panista Vicente Fox, además que no derivó en transición, y las instituciones claves de dicho sistema, no se reformaron, sigue rigiéndose con viejas reglas. Es necesario que la democracia funcione con un nuevo sistema de reglas que regule el Poder del Estado, que desaparezca la idea o el hecho de que las instituciones son gobernadas por poderes facticos.

*Se ha desempeñado como asesor del Poder Legislativo de Chiapas, asesor de ONG’S y articulista invitado de las Revistas de circulación Estatal y Nacional “Diálogos en el Sur”, “Imagen Política de Chiapas”, y “Quehacer Político”.

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2009-06-17T06:52:00.000-07:00

LABERINTO PÚBLICO
Por: Rafael Cruz Vázquez*

EN LA MIRA CONTROL VEHICULAR

De manera frecuente se ha especulado en algunos espacios de medios locales de comunicación impresos, sobre las irregularidades que se vienen suscitando en el área de control vehicular de la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas, cuyo responsable es Alberto Mendoza Cruz, quien se ostenta con el cargo de Jefe de Control Vehicular, y no es para menos si en ese lugar se administran recursos en vales de combustibles, se someten a reparaciones mecánicas a unidades de la Procuraduría, etc.

Para que no existan prejuicios que pongan en tela de duda la honorabilidad y honestidad del encargado de esa área, y para que no haya necesidad de estar retractándose o pidiendo disculpas públicas, que si está involucrado o no en X o Y asunto. Es recomendable que la contraloría interna del órgano de justicia mencionado, tome cartas en el asunto, y se avoque a poner orden y reglas claras sobre los lineamientos generales que debe seguir el departamento de control de vehículos, y así evitar malos entendidos e incluso hasta tener la declaración patrimonial del encargado.

Algunas medidas que se deberían tomar son, corroborar que los automóviles que componen el Parque Vehicular estén funcionando, supervisar y verificar el estado de los vehículos cada vez que se lleven a reparar al taller mecánico, evitar pagar los seguros de los vehículos que están en proceso de baja por obsoletos, reparar los velocímetros de los carros, porqué pese a ello se están expidiendo los vales de combustible, sin tener certidumbre respecto al estado en que se encuentran estos, vaya que estarán alteradas esas bitácoras de Kilometraje, también se deben cotizar los costos de reparación de los carros en por lo menos tres talleres mecánicos para abaratar la reparación de los mismos, pues es un secreto a voces que las unidades de la dependencia de justicia continúan enviándose al taller mecánico “Marfil Automotriz, S.A. de C.V. propiedad de Enrique Maldonado Gramajo, sin embargo esté ultimo asegura no tener negocio alguno con el de control vehicular, entonces con quien será el trato?. Queda de tarea…………para aquellos interesados, y de mentes maquiavélicas.

COMPROMISO FIRMADO…..VOTO PACTADO

Con eso de que la ciudadanía ya no confía en la palabra de los políticos, aunque hay especímenes que sostienen hacer la excepción, hoy los electores ya fijaron su postura en cuanto a participar, y depositar su voto en las urnas el próximo 5 de Julio. Y es que ahora organizaciones ciudadanas inconformes con la clase política del País, encabezada por el empresario Alejandro Martí, hacen el llamado a votar por los Candidatos que se comprometan por escrito, y ante notario público, a cumplir las demandas en temas de seguridad, y libertades constitucionales, denominaron a este movimiento Pacto Nacional Ciudadano “Mi Voto Por tu compromiso”.

Pues está medida ténganlo por seguro que está empezando a permear en los distritos electorales de la República Mexicana, pues como coloquialmente se dice, la burra no era arisca, sino la hicieron…Así que Candidatos a estampar sus firmas de compromisos si quieren obtener votos de los electores, decepcionados de este Sistema Partidista……Porque en el Distrito II de Bochil, no se tardó en hacerlo Hernán Orantes López, Abanderado del PRI-PVEM aspirante a una Curul en San Lázaro, ya que trascendió que la tarde de ayer suscribió compromisos de Campaña ante Notario Público con el Consejo Directivo del Fondo Regional Indígena de Bochil, en los que se destacan que este brindará su apoyo a las Comunidades y grupos de trabajo integrantes de esta organización en cuanto a la gestión de recursos para proyectos productivos , y de desarrollo, asesoría y fortalecimiento de dicho fondo. De igual forma los directivos de esta organización social, se comprometieron a brindarle su apoyo al Candidato, promoviendo entre sus agremiados a que hagan uso del voto útil a favor de este, en virtud de que es el único que ha contraído compromisos con seriedad y formalidad, hicieron notar que como órgano de representación no están comprometidos exclusivamente con un Partido, porque en otros procesos electorales han asumido una postura de apoyo a favor de otros Partidos, mencionaron que ellos apoyan el proyecto que enarbolen los Candidatos, sin importar de que Partido sean estos.

Al igual que se constituyó en meses pasados un Observatorio Ciudadano para darle seguimiento a los compromisos y acciones que en materia de seguridad contrajeron en este rubro los funcionarios del Gobierno Federal con las organizaciones ciudadanas, de la misma forma debería buscarse el mecanismo para evaluar el cumplimiento de los compromisos de Campaña que hacen los Candidatos al entrar en funciones como Diputados Federales electos.

¡Hasta la próxima entrada!

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2009-06-10T06:01:00.000-07:00

LABERINTO PÚBLICO
Por: Rafael Cruz Vázquez*

ENCUESTAS ELECTORALES Y SU REGULACIÓN

Para los Candidatos, y los Partidos Políticos, hoy en día es común, y práctica frecuente, utilizar como herramienta indispensable la “Aplicación de las encuestas”, durante las precampañas, y Campañas electorales, ya que estas miden la popularidad de los Candidatos, la intención del voto, y situaciones coyunturales. De la misma manera que les permiten a los equipos de Campañas, y a los Partidos cambiar de estrategias oportunamente para remontar en las tendencias del voto.

Se ha llegado en algún momento dado a subestimar a las encuestas; pero estos estudios de muestreo poblacional, reflejan el sentir o percepción de los ciudadanos en relación al ambiente electoral presente.

La responsabilidad de quienes miden la opinión pública, es medir realidades, y darlas a conocer de forma objetiva, ya que en mucho de los casos tratándose de empresas encuestadoras poco serias, de dudosa certificación de calidad, y legalidad, proyectan más su sentir como tales, sin tomar en cuenta los datos reales que obtuvieron durante la realización de dichas encuestas.

Sin embargo existen empresas profesionales reconocidas, nacionales e internacionales, certificadas y de alto prestigio, tales como: Consulta Mitofski, Parametría, Demotecnia, entre otras, quienes durante su desempeño en materia electoral, miden, y presentan datos de manera imparcial, porque si bien es cierto que las encuestas contribuyen a influir en la Opinión Pública, también es cierto que el Ciudadano requiere de elementos o datos serios que en caso de tomarlos como referentes, le permita emitir su sufragio razonablemente.

Aunque la legislación federal ha tratado de regular a las empresas encuestadoras en cuanto a que realicen un papel positivo y formal en el proceso democrático, no dejan de proliferar las empresas fantasmas, Patitos o charlatanas que operan creando un escenario de engaños, y por ende violando toda ética con la que deben realizar sus actividades, poniendo en riesgo la credibilidad, certeza, y confianza de otras empresas.

Pese a ello la misma Ley Federal Electoral, enuncia que “las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo para dar a conocer las preferencias electorales de los Ciudadanos o las tendencias de las votaciones, se apegaran al criterio de carácter científico, que para tal efecto emita el Consejo General del IFE, así como deben entregar copia del estudio completo al mismo”. Esto de alguna forma evitará que cualquier Candidato o Partido en actos de desesperación, pretendan engañar y sorprender a la Ciudadanía con encuestas apócrifas que no corresponden a la realidad, y que además no cuentan con un perfil metodológico. Esperamos que los candidatos de los Distritos electorales en la entidad, no implementen este tipo de estrategias, que cerca de ayudarles, les podría perjudicar.

¡Hasta la próxima entrada!

2009-06-05T15:55:00.000-07:00

LABERINTO PÚBLICO

Por: Rafael Cruz Vázquez*

INTENSO PROSELETISMO DE ANMLO EN CHIAPAS

Estuvo esta semana en la Capital de Chiapas, Andrés Manuel López Obrador, quien continúa con su abierto proselitismo a favor de los Candidatos de la Coalición “Salvemos a México” encabezada por el PT-CONVERGENCIA, sobre todo dicha visita, fue para evaluar, y precisar los trabajos de Campaña que vienen haciendo las estructuras municipales y distritales de los Candidatos a Diputados Federales de esta coalición roji-naranja. Y vaya que el también conocido Presidente legítimo de México, no quiere descuidar el frente de batalla de su hermano Pio López Obrador, abanderado de estos Partidos, quien conforme pasan los días, está logrando un avance en cuanto a su posicionamiento en el distrito IX de Tuxtla Gutiérrez, y le está dando resultados la promoción del voto que está realizando a ras de tierra, casa por casa en la demarcación de ese distrito.

El hecho de ser y proyectarse como un Candidato serio y comprometido, con la ciudadanía tuxtleca del lado oriente de la ciudad, está reflejándose por la adhesión de distintos sectores de la Sociedad Civil, además del respaldo que está recibiendo de una parte de la militancia perredista, inconforme con la Candidatura del Diputado local farandulero del PVEM, hoy Candidato del PRD por dedazo en ese distrito.

Por otro lado ha trascendido, que la molestia de los seguidores del desestimado ex precandidato a Diputado Federal por el PRI Bayardo Robles, no se ha hecho esperar, y paulatinamente están sumándose y comprometiendo el voto para el hermano de ANMLO, y está reacción no es para menos, porque el hecho de que el PRI impusiera a Alma Rosa Siman, como Candidata a una curul de la Cámara Baja de San Lázaro, ha generado molestias que han permeado en la militancia Priista del lado Oriente de la Ciudad. Porque no conciben que una persona con poco trabajo, escasa presencia y trayectoria política los represente como candidata del tricolor.

……y a propósito de Candidatos que contienden en la metrópolis coneja, ya conocemos los Carteles Publicitarios de todos ellos que aparecen por todos lados de la Ciudad, pero tratándose de propuestas o plataforma electoral, muchos electores aún no definen un criterio para con quien sufragar en las urnas, simple y sencillamente, porque no conocen conccretamente las ofertas electorales. Deberían de tomarle la palabra a Pio López Obrador, quien en días pasados hizo un llamado público a que los demás Candidatos a ocupar una curul por el lado oriente, debatan sus propuestas de Campañas, para identificar cual de los aspirantes presenta mejor proyecto en materia legislativa, por lo que el IFE a estas alturas ya debería estar interviniendo al respecto para fijar, fecha y hora del debate.

¿TRAICION O NEGOCIACIÓN?

En un conocido restaurante de esta Ciudad, se le vio al actual Diputado Federal Petista Luis Anuario Herrera y a su hermano irán herrera, en plática por demás amena con Carlos Martínez, Candidato a Diputado Federal por el PAN del Distrito XI de Huixtla. Acaso será que “los hermanitos Herrera” ya están negociando el distrito electoral para el Partido Albiazul? Cuál será la moneda de cambio?, porque hoy en día los políticos anteponen la negociación por encima de la convicción partidista. No les interesa lo que piensen o quieran los militantes del Partido que los llevó a ocupar la curul que hoy ostentan.

¡Hasta la próxima entrada¡

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2009-05-29T10:13:00.000-07:00

LABERINTO PÚBLICO

Por: Rafael Cruz Vázquez*

ESCENARIO ELECTORAL EN CHIAPAS

En cada proceso electoral, las coyunturas juegan un papel muy determinante para orientar la tendencia y el parámetro de participación ciudadana a la alza o a la baja, como en el caso de la elección federal del 2006 en la que Concurrió la elección de Presidente de la República, con la Diputados Federales y Senadores. De manera que de los 2 Millones 594 Mil 044 de la lista nominal de electores en la entidad, participaron 1 Millón 272 Mil 623, es decir el 49.06 %.

Está votación fue histórica en el estado, al ser una contienda muy cerrada por la Presidencia de la República. Tal porcentaje se prevé venga a la baja hasta en un 40% al igual que en el resto del País, por el hecho de que las condiciones políticas ya no son las mismas.

La actuación de los dirigentes de Partidos Políticos, de los gobernantes, y sus Políticas Públicas, etc., durante el 2006 al 2009, son algunos de tantos referentes para medir el nivel de aceptación o rechazo de los ciudadanos sobre los Partidos Políticos.

En Chiapas, como en el resto de la República, son diferentes los factores y circunstancias que día, tras día, semana, tras semana, han venido cambiando y determinando la preferencia electoral de los Ciudadanos respecto a los Partidos Políticos y Candidatos que hoy se encuentran implementando distintas estrategias en su Campañas Políticas, con tal de despertar el interés del elector para que acuda a depositar su voto en favor de estos.

Estas estrategias políticas, van desde la realización de una Campaña electoral convencional hasta una sofisticada, que no es más que la promoción del voto de persona a persona, anuncios espectaculares, Pantallas electrónicas en bulevares, auto parlantes, radio, televisión, hasta invadir con publicidad Partidista los ciberg espacios del internet.

Incluso hasta llamadas telefónicas a distintas colonias de las Ciudades más importantes de Chiapas, procedentes de los Bunker de Campaña, en el que establecen una Conversación telefónica con las personas, haciéndoles creer que les hablan de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, para que contesten un Cuestionario relacionado con la enfermedad del Virus H1N1, y dentro de este, hacen preguntas sobre Cuantas Personas habitan en el domicilio, cuantos años tienen estas, si tienen correo electrónico, etc.

Se concluye que de esta manera obtienen una Base de Datos, de cada hogar para identificar si hay electores potenciales, de tal forma que les hacen llegar vía electrónica publicidad de los Candidatos. De todo esto, lo que no es válido, es el engaño de que son víctimas las personas encuestadas; no es una forma honesta de penetrar en el electorado. Y derivado de esta situación, el Gobierno del estado ya emitió un comunicado, para desmentir estas acciones fraudulentas.

Por otro lado, habrá aspirantes a una curul, que como estrategia, se proyectarán como candidatos con cargada oficial, como los elegidos para ganar, aunque en realidad no lo sean, otros aprovecharán que son Candidatos y a la vez Diputados locales, lo cual les permite percibir durante la Campaña electoral sus jugosas dietas, a la vez de gozar de autoridad y fuero constitucional, que en un momento dado les permitiría hacer uso de estos privilegios, para coaccionar el voto, someter a líderes, y a autoridades municipales para que estos impulsen el voto desde sus cargos públicos a favor de estos Candidatos con fuero.

Esta situación le quita inequidad a la contienda electoral, pues quienes participen en la misma, deben separarse definitivamente de sus cargos, o por lo menos que se les autorice licencia de los mismos sin goce de sueldo. Porque implícitamente se está violando la legislación electoral (COFIPE), desde el momento que el Art. 77 Apartado 2 de la referida ley, establece que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, y de los estados, y los Ayuntamientos, no podrán realizar aportaciones o donativos a los Partidos Políticos ni a los aspirantes, Precandidatos o Candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por si o por interposita persona y bajo ninguna circunstancia.

Si bien es cierto que el Poder legislativo local, no está aportando o donando dinero a sus Diputados- Candidatos, también es cierto que las prerrogativas que tienen estos por el hecho de ser legisladores, equivale a lo mismo. Aunque no existe un estricto de principio de equidad en toda elección, si debe legislarse en la materia, para que los electores tengamos más confianza en las instituciones, y en los procesos electorales.

TENDENCIAS PARTIDISTAS

Es necesario hacer notar que las tendencias electorales hacia un Partido u otro, también es consecuencia de la identidad partidista de quienes se consideran simpatizantes o seguidores de estos. Por lo que de acuerdo a un estudio de la empresa encuestadora MITOFSKI el Panismo es predominante en la Región del Bajío, el Priismo mantiene amplia presencia en el Sureste, en el Norte del País las Simpatías están divididas entre el PRI, y el PAN, y por último en el Centro del País, se disputan las simpatías entre los tres principales Partidos.

Como resultado de los análisis de coyuntura que se están presentando en Chiapas, a continuación mencionamos las tendencias en cada Distrito Electoral Federal: Distrito I y X (PRD), II,V,VII,VIII,XII (PRI), III,IV,VI,XI (PAN), y por último el Distrito IX de Tuxtla Gutiérrez, hasta ahora la disputa del mismo continúa entre el PRD y el PT-CONVERGENCIA , y aunque algo competido, todo indica que podría ser para estos dos últimos Partidos que respaldan la Candidatura de Pio López Obrador, quien está haciendo un gran Capital de votos con ciudadanos independientes.

Estás tendencias podrían variar, dependiendo de la intensidad de las Campañas, y de los avances de operación política electoral, de nuevos acontecimientos cuyo efecto impactaría en cada distrito electoral.

¡Hasta la próxima entrada!

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2009-05-22T09:35:00.000-07:00

LABERINTO PÚBLICO
Por: Rafael Cruz Vázquez*

VOTAR POR QUE Y PARA QUE

Definitivamente que en la búsqueda de una curul los Partidos Políticos y sus candidatos luchan contra todo, hasta contra ellos mismos, por aquello de que son puestos al escrutinio público por sus acciones ante la sociedad.

Claro que queda por demás demostrado en este proceso electoral, que el enemigo a vencer es el hartazgo ciudadano, sin embargo los aspirantes a San Lázaro, y sus dirigentes Partidistas, más que alentar la participación del electorado, cada día alejan a este de las urnas. Los Institutos Políticos han pasado de ser un instrumento público al servicio de la sociedad, a ser un instrumento privado para satisfacer los intereses de los grupos enquistados en los mismos, no establecen un programa real de acción partidista que sea atractivo al elector, mucho menos que contribuya a transformar las instituciones públicas del país.

Sin pudor alguno los candidatos saltan de un Partido a otro, confundiendo a los electores tentativamente potenciales, y aunque tal vez no sea un caso sui generis, esto también ocurre en Chiapas, en donde un Diputado local de nombre Ariel Gómez León quien es Candidato a Diputado Federal por el PRD en unos de los Distrito Electorales de Tuxtla Gutiérrez, y a la vez, si es que así se le puede llamar a lo que hace, legisla por las mañanas como Diputado integrante de la Fracción Parlamentaria del PVEM, nada más habría que constatarlo y hacerle una visita al Congreso Local donde despacha este personaje controvertido que se autodenomina “El Chunco”, quien aún tiene el cubículo donde despacha con rótulos y logotipo del PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, esta situación es para cuestionar en donde queda la congruencia y la seriedad de quienes nos van a representar en el Congreso de la Unión.

Por mas que se las ingenian los Partidos, como el hecho de pretender atraer al electorado invadiendo los distintos sitios de internet que existen, como el MESSENGER, el YUO TUBE, etc., estos gastan mucho recursos en publicidad e impactan poco en la ciudadanía, ya que de tres elecciones anteriores a la fecha, vienen aportando pobreza en sufragios, sobre todo en este proceso electoral en el que se están gastando un promedio de 50 millones de pesos diarios, incluyendo las erogaciones del IFE, TRIFE, y FEPADE.

Será que valdrá la pena sufragar a favor de X o Y Candidato?, cumplirán sus promesas de campaña?, porque no hay garantías de ello, bueno, al menos que ante dichos compromisos exista Fe de Notario Público alguno, que es lo de manera emergente implementan los políticos , y aún así existen dudas, debería establecerse la rendición de cuentas, y porque no también reelegir a los legisladores que hagan bien sus tareas legislativas es ahí donde nos acordamos que se debe legislar al respecto, pero por supuesto que los dueños de los Partidos Políticos, no van a dar su brazo a torcer, porque no van a permitir que se les exija cuentas del trabajo legislativo que se suponen que hacen, y todos reclaman su turno para estar pegados a la teta presupuestal cada 3 años.

LA AMBIGÜEDAD DE VOTAR

Ante el alto abstencionismo que se prevé en la Jornada electoral del Próximo 5 de Julio, nos preguntamos, si existe sanción alguna si no emitimos nuestro sufragio o voto, porque la única manera de hacer que los ciudadanos participemos inevitablemente en las elecciones es establecer exclusivamente la obligación de votar , y la sanción en caso contrario.
Sin embargo nuestra Carta Magna describe el sufragio como un derecho y como una obligación del ciudadano de votar en elecciones, lo cual significa también que dentro de la obligación está implícito el concepto de una sanción en caso de omitirse o no cumplir con la misma.

Y claro está que dentro de nuestra Constitución Política, se hace mención que de no cumplir el ciudadano con la obligación de votar en las elecciones populares, se le suspenderá el derecho a votar por un periodo de un año.

Si se diera el caso en Chiapas, que por supuesto que no será la excepción de abstencionismo, ¿qué va a pasar el próximo año con los ciudadanos que no voten en estas elecciones federales?, tomando en consideración que en el 2010 hay elecciones para elegir Presidentes Municipales y Diputados locales, pues el ordenamiento constitucional a la letra dice “que los ciudadanos por falta de cumplimiento sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el art. 36 sobre la obligación de votar (Carta Magna) se suspenderán los derechos y prerrogativas ciudadanas durante un año.” Esto quiere decir que la sanción surtiría efecto a partir del próximo año

Aunque el máximo ordenamiento no fija el procedimiento para aplicar la sanción, así como también si la misma debe ser para una elección del ámbito federal o una local.
En tanto que por otro lado el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en su Art. 4 en el Capitulo primero, de los Derechos y Obligaciones, enuncia en su apartado 2 y 3, que el voto es UNIVERSAL, LIBRE, SECRETO, DIRECTO, PERSONAL E INTRANSFERIBLE, así como también, que quedan prohibido los actos que generen presión o coacción a los electores.

Por lo que llegamos a la conclusión que se tiene que precisar la legislación al respecto, o respetar a la misma; y los Partidos Políticos, el Gobierno y las Instituciones deben transformarse positivamente, y dar resultados desde al ámbito de sus responsabilidades, para recuperar la confianza de los Ciudadanos.

Porque hacer que la emisión del voto o sufragio sea por obligación, podría vulnerar la característica de libertad, con la que se debe ejercer dicho derecho sin presión alguna.

Estamos convencidos que voten o no voten los Ciudadanos, lo que va a predominar siempre, es el voto clientelar y corporativo, que se traduce en el total de sufragios que depositan los Ciudadanos beneficiado con una dadiva o programa gubernamental alguno, que aunque no legitima totalmente, si hace ganar a quienes hacen uso de los mismos, y entonces nos preguntaríamos ¿alguna vez tendremos representantes populares legítimos?

¡Hasta la próxima entrada!

2009-05-19T08:49:00.000-07:00

LABERINTO PÚBLICO
Por: Rafael Cruz Vázquez*

DESTAPANDO LA CLOACA

A lo largo de estos 29 meses de Gobierno, los funcionarios y ex funcionarios del Gobernador Sabines, siguen dando de qué hablar, y no exactamente por su eficacia y honestidad, y lo más grave del asunto que mucho de ellos aún continúan en el gabinete gubernamental, otros simplemente fueron transferidos de una dependencia a otra, hay quienes fueron Presidentes Municipales, y hoy ocupan cargos en la Administración Estatal, siendo que aun no terminan su rendición de cuentas con el Estado, y algunos premiados concediéndoles cargos de dirigentes de Partidos Políticos, y hasta Candidatos a ocupar una curul federal resultaron.

Y siguen haciendo de las suyas estos mal llamados servidores públicos, pues es un secreto a voces sobre las irregularidades que estos cometieron a finales de Noviembre del año próximo pasado durante la licitación pública para la construcción de varios viveros para la producción de plantas que serian utilizados en actividades de restauración de suelos, cuencas en distintos municipios de la entidad, así como también en tareas de reforestación sobre todo en las ciudades rurales que se encuentran en proceso de construcción y urbanización.

De manera que se habla de una inversión para tal fin de recursos federalizados por 57 millones de Pesos, y pese a que realizaron una licitación pública nacional, hubo mano negra, pues como en todo no hay imposibles que detengan las ambiciones de deshonestos funcionarios. Toda vez que la construcción y suministros de insumos para los viveros se les adjudicaron a diferentes empresas sin exigirles a estas que cumplieran con los criterios o normas técnicas para su uso, además que la infraestructura, equipo, principalmente los contenedores también conocidos como charolas son de pésima calidad, por no decir desechables, ya que tal vez la utilidad de las mismas resistan un año cuando mucho, de la misma forma la mala calidad de los sistemas de riego.

Por su pésima calidad y costo, es evidente que los componentes de los viveros están sobre estimados en sus precios en un 400% de su valor real; y como en toda historia hay protagonistas, también en este caso los hay, nada más habría que preguntarle a Ernesto Gutiérrez Villanueva, ex secretario del Campo, y hoy Candidato a Diputado Federal por el Distrito X de Villaflores, cuanto de diezmo le tuvo que aportar la empresa ”INTERNATIONAL IRRIGATIÓN” para que se le adjudicara la construcción y suministros de insumos para dichos viveros.

Pero también existen corresponsables e involucrados en estas irregularidades, como son Jorge Constantino Kanter, y Ricardo Serrano Pino, titulares de la Comisión Forestal Sustentable del Estado de Chiapas (COFOSECH), y de la Secretaria de Infraestructura (SINFRA) respectivamente, quienes dieron su visto bueno a tal licitación, de no ser así que demuestren lo contrario o que todos devuelvan los recursos por concepto de diezmos a las empresas que lo dieron para adjudicarles obras de este rubro, porque en reuniones de Comité Técnico que realizan las dependencias del gobierno estatal y federal, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), les ha hecho saber que tal licitación, no se apegó a las especificaciones técnicas requeridas para la construcción e insumos de estos viveros, por lo que esta ultima ya pidió a la Secretaría de la Función Pública Federal intervenga al respecto.

Ante tal situación, se sabe extraoficialmente que funcionarios de alto nivel de la SECAM, que son miembros del equipo de Ernesto Gutiérrez Villanueva, han estado presionando a funcionarios menores de la COFOSECH, para que dictaminen como apropiadas las especificaciones técnicas para la mencionada licitación, ya que estos recursos federales tienen que ser comprobados a la mayor brevedad posible.

Debería el Gobernador tomar cartas en el asunto, para que no le sigan metiendo goles estos desagradecidos funcionarios, que más que ayudarlo empañan las acciones de su gobierno.

SALDO DE LOS INCENDIOS EN LA RESERVA DEL OCOTE.

Son aproximadamente 3000 hectáreas de selva baja las que se quemaron durante un incendio que duró más de una semana en la reserva protegida “El ocote”, y la falta de coordinación y ineficacia de Protección Civil, COFOSECH, Y CONAFOR, una vez más queda demostrada, empezando por la falta de experiencia en el manejo emergencias por parte de yucundo Aaraón Coutiño Estrada, Director de protección forestal en el Estado, protegido del actual Diputado Federal por Comitan Arnulfo Cordero Alfonso, quien además de que se pasó por alto a los coordinadores de emergencia regionales, en donde se encuentra personal con experiencia en combates de incendios. Ahora resulto hasta malinchista el Sr. Yucundo, que en su desesperación decidió pedir ayuda a los Estados Unido de Norteamérica para mitigar el siniestro, pero para su fortuna, empezó a llover en esa zona, y ya no fue necesaria esa ayuda del extranjero.

Es ahora donde la comisión forestal del estado, debe demostrar disponibilidad en recursos humanos para estos casos de siniestros, pero desafortunadamente los dineros destinados para ello o son desviados para otros fines, o existe una mala gestión administrativa por parte de Coutiño Estrada, para liberar recursos económicos para el pago de personal que combate incendios, que por cierto trascendió que se le armó la de dios es padre la semana pasada, porque mas de cien personas entre combatientes de incendios e inspectores forestales se manifestaron en Plantón frente a las oficinas de la COFOSECH, bloqueando la vialidad en el lugar por más de 3 horas, como una medida de presión, porque prácticamente está terminando la temporada de incendios, y no les han pagado aguinaldos atrasados, y sueldos de más de 4 meses que, así mismo se les proporcione, botiquín de primeros auxilios, despensas que utilizan en sus campamentos, así como seguro de vida a los trabajadores forestales, toda vez que no gozan de esta prestación menos que los doten del equipo necesario para hacer su actividad.

Por último pidieron dentro del pliego petitorio que entregaron al Director General de dicha Comisión, la destitución del Director de Protección Forestal Yucundo Coutiño Estrada, porque no ha tenido la capacidad y voluntad de sacar avante a dicha dirección. Vaya que estos ineptos funcionarios representan un obstáculo para el gobierno del mandatario estatal.

¡Hasta la próxima entrada¡

2009-05-14T21:24:00.000-07:00

LABERINTO PÚBLICO

Por: Rafael Cruz Vázquez*

EXPECTATIVA CIUDADANA

Faltan 51 dias para concluir la justa electoral en los 300 Distrito electorales del País, y al respecto la cuenta regresiva, se acentúa con el transcurrir de los días, y una serie de coyunturas y fenómenos sociales han entrampado al ciudadano en su decisión de participar en estas elecciones intermedias en el que se elegirán a Diputados federales, empezando con la falta de credibilidad de los electores en los Partidos políticos, ya que de acuerdo a encuestas realizadas por el INEGI, del total de la población mexicana, únicamente el 4% de esta confía en estos, mientras que el 66% no considera que las elecciones sean limpias.

Las pugnas internas en el ambito municipal, regional, estatal y nacional, que han protagonizado Partidos como el PRD en su proceso de elección de dirigencias, y en la disputa por los espacios de poder donde es gobierno este Partido,conflictos durante la selección de candidatos, y el golpeteo mediático de descalificaciones entre los dirigentes de los partidos electoralmente fuertes como es el caso del PRI y el PAN.

Y que decir de los compromisos incumplidos de Campaña, por parte de quienes hoy son candidatos a una curul federal, cobijados algunos con fuero local,que si no cumplieron con los electores de sus Distritos como diputados locales, y que al menos se les encontraba en sesion legislativa los martes y jueves, y dias de quincena en sus curules, menos lo haràn si resultan electos legisladores federales, pues regresaràn a sus Distrito cada vez que quieran, y puedan. Claro está que puede haber sus excepciones.

Por otro lado la inseguridad, el desempleo, y la recesión económica, que aunque se vieron cubiertos y rebasados temporalmente por la cortina de humo que levantó la tan conocida e internacional Pandemia del virus de la influenza porcina, hoy H1N1, siguen estando presentes, sobre todo por el hecho de que esta enfermedad generó un estado de emergencia por las muertes que ocasionó en la Capital del País, y en otros estados de la República, incluyendo Chiapas, afectando así enormemente la economía del país, y propiciando la caída de inversión empresarial en un promedio del 12.1%.

Estos no son escenarios atractivos que estimulen la participación ciudadana en la antesala de los comicios del 5 julio, por lo que se pronostica un 60 % de abstencionismo en el padrón electoral nacional.

Sin embargo el nivel de participación variará y el abstencionismo se irá a la baja en los estados de Campeche, Colima, Nuevo León, Sonora, San Luis Potosí, Querétaro, Edo. de México, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Morelos, e Hidalgo donde se celebraran elecciones concurrentes el 05 de julio para Gobernador, Diputados locales, y Presidentes Municipales, pues ha quedado demostrado que en las elecciones locales existe mayor participación ciudadana, lo cual en este caso, se prevé que por su concurrencia con la elección federal en dichos estados, se tenga el mismo nivel de participación.

Tal parece que genéricamente han sido un común denominador los factores que han determinado la participación del electorado en las tres últimas elecciones federales intermedias por los resultados electorales decrecientes que arrojan cada una de ellas, y es que en 1991 el porcentaje nacional de participación ciudadana fue de 66%, en tanto que en 1997 de 58%, y en el 2003 de 42%.

Pero, que esperan los electores de los Candidatos, como para motivar la participación de estos, si generalmente son propuestas trilladas, y en mucho de los casos los electores no las conocen, y al final algunos de los elementos que vienen a determinar el triunfo de los candidatos son: la imagen, el carisma, el voto clientelar,la dadiva, la coyuntura, el manejo mediático de imagen, y no así propuestas consideradas en orden de prioridad nacional, tales como seguridad pública, salud, laboral, hacendaría, etc.

Pese a ello, de acuerdo a encuestas realizadas por “CONSULTA MITOFSKY en Chiapas, se prevé tentativamente que la participación ciudadana beneficiará a los Partidos de la siguiente manera: PRI con intención de votos del 32.1%, PRD con 30.7%, PAN con el 22.1 %, mientras el conjunto de Partidos PT/CONVERGENCIA, PANAL, PSD CON 22.8 %.

Cabe hacer notar, que las encuestas tienen como propósito describir e indicar lo ocurre en un lugar y momento determinado, respecto al proceso electoral, no de predecir contundentemente triunfos electorales. Esto permite a los candidatos o Partidos implementar estrategias que les permita mantener o mejorar la intención del voto ciudadano.

¡Hasta la próxima entrada¡

METROPOLIZACIÓN DE TUXTLA Y SUS CONTRASTES

2009-05-03T18:45:00.000-07:00

Por: Rafael Cruz Vázquez*

Ha sido inevitable el crecimiento poblacional de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, sobre todo desde 1990 con una población de 340,751 habitantes (4.8% media nacional) hasta el 2005 con 576,872 habitantes (2.7% media nacional), basado en datos del INEGI, en tanto que para el 2018, se prevé un crecimiento mayor a 950 Mil personas.

El flujo migratorio es el factor que define el incremento o decremento demográfico, lo cual trae como consecuencia la demanda de recursos, bienes y servicios para satisfacer las necesidades de un alto índice de población. Evidentemente que la generación de empleos también es uno de los retos fundamentales de los gobiernos locales que comprenden los Municipios conurbados de Tuxtla, en virtud de que se requiere disponer de finanzas públicas sanas, incentivar la inversión pública y privada, y fomentar acciones destinadas a impulsar el empleo remunerado y formal.

La densidad de población, la conurbación, las actividades económicas, son algunos de los criterios para que Chiapa de Corzo, Berriozabal, San Fernando, Suchiapa, y Ocozocuautla, mantengan una interrelación socioeconómica directa, constante e intensa con la Ciudad Central Tuxtla, lo que dio lugar a que el año próximo pasado, la Comisión Permanente del Congreso local, aprobara e incluyera a estos municipios en lo que hoy se conoce como zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez. Esto le permitirá a la misma, acceder a los recursos del Fondo Metropolitano del presupuesto de egresos de la federación en el presente año, mismo que de acuerdo al decreto correspondiente ya se encuentra contemplado un monto de 40 millones de pesos para proyectos de desarrollo de las metrópolis.

No se debe pasar por alto que existen reglas de operación para la aplicación de dichos recursos, entre las que destacan constituir un “ fideicomiso de administración e inversión y un Consejo para el desarrollo Metropolitano”, que a estas alturas ya deben estar constituidos, de lo contrario se complicará instrumentar la aplicación de los mismos, y de igual forma suscribir convenios de colaboración entre los gobiernos Federal, Estatal, y Municipal cuyo propósito es el de reordenar la vida social, reducir las desigualdades, y los desequilibrios entre los municipios de la Zona metropolitana.

La zona metropolitana de Tuxtla provee de bienes y servicios a los sectores más productivos, a universidades, motores del desarrollo nacional y regional, pero paradójicamente esta aloja gran parte de la pobreza urbana, de manera que el proceso de urbanización, no ha reducido en forma sustancial a la misma, y el alto costo de la vida comparado con el de las áreas rurales, los bajos e inestables ingresos de una gran parte de la población los relega a una situación de pobreza que limita su acceso a dichos bienes y servicios.

Aunque se le ha prestado mucho menos atención, el número de residentes pobres en la ciudad ha aumentado aceleradamente, a diferencia de las zonas rurales pobres del estado que se percibe estable. Dentro de las localidades de Tuxtla Gutiérrez donde el común denominador es la pobreza urbana, se encuentran con alto y muy alto grado de marginación, Copoya, Emiliano Zapata(Agua Fría),Las murallas, El Carrizal, Santa Cruz, San Vicente el Alto, El Zapote, San Juan, Los Crisantemos, Cabeza de Toro, Los Sabinos, San Antonio, Tierra Colorada, Las granjas, Julio Cesar Ruiz Ferro 1 y 2 Sección, Santa Cecilia Primavera, Yuquis, Buenos aires, y Consorcio Buenos Aires, sin mencionar los asentamientos humanos irregulares, que forman parte de esta estadística.

Es una realidad que detrás de tanta infraestructura en desarrollo, y de magnas obras, se encuentra la pobreza, por lo que esto nos lleva a la interrogante ¿Está fallando la aplicación de políticas públicas al Gobierno de la Ciudad?

sin embargo, partiendo de que las zonas metropolitanas desempeñan un papel protagónico en el desarrollo regional, económico, político, y social en los estados, es necesario que el Legislativo local, impulse iniciativas al respecto, para que sea por ley el que el Ejecutivo Estatal, y los gobiernos municipales que comprenden la Zona metropolitana de Tuxtla establezcan una coordinación intergubernamental para la gestión pública de alcance metropolitano que implicaría coordinación, planeación, y asignación de recursos, sin dejar de observar que existen reglas de operación del Fondo federal de recursos para las zonas metropolitanas.

Sin lugar a dudas esto permitirá una gestión pública horizontal y transversal, en el que predominan los acuerdos y colaboración para resolver los problemas de funcionamiento y desarrollo urbano, ordenamiento de los asentamientos humanos, infraestructura y servicios básico de todos los ciudadanos incluyendo los habitantes de asentamientos irregulares en zonas urbanas, eliminar problemas sanitarios y sociales, los problemas relacionados con la inseguridad, narcomenudeo, etc.

Definitivamente que en materia de desarrollo urbano se hacen presente los contrastes, y es que el gobierno municipal, no se salva de incurrir en responsabilidades, y esto se refleja en el permiso de uso de suelo que otorgó en su momento el Ayuntamiento Capitalino a los habitantes de la Colonia “Lomas del oriente” para que edificaran sus viviendas, sin realizar un estudio minucioso de uso de suelo, pues hoy es inevitable los hundimientos de inmuebles en esa colonia, y por ende inhabitable.

Así también el hecho de que la Secretaría de Obras Públicas del Municipio, otorgó permiso de uso de suelo a la constructora “López Acosta” para construir el fraccionamiento “Cueva del Jaguar”, que se encuentra adjunto a la Colonia “Lomas del Oriente”, lo cual lo hace corresponsable de las desgracias que vienen sucediendo en esta última, ya que al hacer las maquinarias las excavaciones y terraplenado para dicho fraccionamiento, ocasionaron asentamientos en las viviendas de los colonos afectados, así como derrumbes, el progresivo agrietamiento de calles, y escuelas.

Pese a que existe un dictamen de Protección Civil, que es inhabitable esta colonia, son pocos los habitantes que aceptaron se les reubicara, y hay más de cien casas a punto de caerse. Han acudido a todas las instancias de gobierno, y aún no encuentran una solución satisfactoria a sus demandas.

De acuerdo a informes del Servicio Sismológico Nacional, tan sólo en el pasado mes de abril, en Chiapas se registraron un total de 30 sismos que van de los 3.8 a los 4.4 grados en escala de Richter, los colonos viven en la incertidumbre, y temen por sus vidas, en cuanto a que va a pasar con ellos, pues son totalmente vulnerables a este tipo movimientos de la tierra, sobre todo porque se dieron de manera frecuente durante el mes.

Si bien es cierto que la actual administración municipal, no es la responsable directa de las desventuras de los colonos que habitan en ese lugar desde hace más de 20 años, también es cierto que esta problemática se ha venido resolviendo parcialmente por los gobiernos municipales que la han atendido.

¡Hasta la próxima entrada¡

*Se ha desempeñado como asesor del Poder Legislativo de Chiapas, asesor de ONG’S y articulista invitado de las Revistas de circulación Estatal y Nacional “Diálogos en el Sur”, “Imagen Política de Chiapas”, y “Quehacer Político”.

laberinto_chis@hotmail.com
http://www.laberintochiapas.blogspot.com/

2009-04-27T13:56:00.000-07:00

Por: Rafael Cruz Vázquez*

HABITANTES DE MALPASO EN LA ZOZOBRA

Como si se tratara de emular a las ciudades del norte y centro del País, y como si en su nombre llevara la fama, Raudales de Malpaso, demarcación más grande del municipio de Tecpatán, está atravesando por una crisis de inseguridad pública que tiene en la zozobra a sus pobladores y visitantes. Y no es para menos por la ola de delincuencia que azota a esa región, pues al encontrarse colindando de forma muy cercana con los Estados de Veracruz, Oaxaca, y Tabasco, se ha convertido en caldo de cultivo para que prolifere el crimen organizado, que va desde trasiego de drogas, indocumentados, narcomenudeo, asalto a transeúntes, y a comercios, homicidios, secuestros y amenazas de secuestros a comerciantes locales.

Sin dejar de mencionar los sucesos ocurridos en meses pasados, como fueron los asaltos frecuentes a autobuses de transporte público, y la violación de mujeres que viajaban a bordo de estos. Y qué decir del abuso de autoridad de la policía sectorial del estado, que comprometió al gobierno de Chiapas a compensar a los deudos de las personas muerta y herida en manos de la policía estatal en Rómulo Calzada, cuya irresponsabilidad, también forman parte de los motivos que se acumularon para la destitución del entonces Secretario de Seguridad Pública, Daniel Roque Figueroa.

No se puede pasar por alto que una parte de delitos que aquejan a los lugareños, se debe y suceden en establecimientos que expenden bebidas alcohólicas, en donde no sólo se vende alcohol, sino hasta drogas, además de los homicidios que últimamente se han cometido en estos, y que cabe hacer notar que estos giros funcionan sin cumplir con las normas que establece la Ley de salud de Chiapas, además que se han incrementado de manera clandestina muchos de ellos e incluso funcionando cerca de instituciones educativas, y de salud, bajo la tolerancia de la autoridad.

Y Si bien es cierto que la Alcadesa de Tecpatán, Patricia Conde Ruiz, está trabajando en el desarrollo e infraestructura de su Municipio que incluye al Pueblo de Malpaso, que es la obligación que implica el papel de ser autoridad, también es cierto que los asesores de su gobierno municipal en materia de seguridad están reprobados, pese a que cuenta con un ex militar como director de Seguridad pública municipal, que se ostenta con el grado de subteniente.

Conde Ruiz, debe tomar cartas en el asunto a la mayor brevedad posible, y buscar el apoyo y coordinación con las autoridades estatales para atender este rubro de seguridad. Que por cierto con nostalgia recuerdan los habitantes de ese lugar, cuando se celebraban las reuniones de Consejo de Seguridad Pública en el Municipio, ellos mismos se encargaban de plantear la problemática que padecían, así como de señalar la negligencia y abuso de autoridad por partes de los policías, funcionarios estatales y municipales en lo que a seguridad pública, y procuración de justicia respecta.

CONTINÚA EL ACOSO LABORAL CONTRA TRABAJADORAS DEL HOSPITAL DE ACALA

No obstante que las trabajadoras descansaron parcialmente del acoso laboral y sexual del que fueron víctimas por parte del Dr. Rafael Ildelfonso Hernández Gutiérrez, quien fungía como director del Hospital Integral “Dr. Manuel Velazco Suarez” en el municipio de Acala. Ahora continúan los hostigamientos por parte de Ismael Pérez Champo, subdirector de asuntos jurídicos de la Secretaría de Salud en el Estado, quien bajo el argumento de instrumentar Acta Administrativa en relación a la manifestación que realizaron trabajadoras del nosocomio mencionado el Día 20 de Marzo del presente, ahora las ha venido acosando y ejerciendo presión psicológica que por tal hecho, podrían perder el trabajo, sobre todo a quienes han sindicado como líderes, al grado de armarles el expediente No. SAJ/037/2009.

Ante esta situación, los más de 28 quejosos entre médicos, enfermeras, y personal administrativo, sostienen no haber cometido delito alguno por haberse manifestado, toda vez que durante el acto de protesta, sus compañeros estuvieron de guardia en servicios de emergencia para no poner en riesgo la vida de pacientes o de personas que requerían el servicio.

Sin embargo manifiestan temor fundado, dado que el ex director del hospital citado, los amenazó que fuera del hospital los haría ver su suerte, por haber arruinado su carrera política, pues siempre se jacto de decir que mantenía una relación muy cercana con funcionarios de la Secretaría de Gobierno, y que no era nada fácil moverlo del sector salud.

Dicen estar agradecidos porque el Sr. Gobernador y el Secretario de salud, destituyeron a este funcionario de su cargo, pero ahora temen que debido a los vínculos que sostiene este con el jurídico de la Secretaria de salud se actué con mala fe en contra de ellos, y se les levanten actas administrativas que deriven en despidos masivos injustificados, perdiendo así la fuente de trabajo con la que sostienen a sus familias. Por lo que piden al Gobernador que intervenga para que cesen los hostigamientos y maltrato laboral del que son víctimas, sobre todo las mujeres que laboran en la Institución de Salud.

Lo que deberían hacer los funcionarios del sector salud es no perder tiempo en hostigar y maltratar a sus trabajadores, y mejor sumarse al llamado y trabajo que está realizando el Ejecutivo del Estado, como el de estar alerta, y difundir las medidas preventivas por el Virus de influenza porcina que está atacando a habitantes del D.F. Estado de México, San Luis Potosí, y que en Chiapas no podría ser la excepción, y no es para menos ya que hasta ayer la cifras de muertos en el País por este virus eran de 149, el numero de sospechosos infectados más de 1900, datos anunciados por el Secretario de Salud Federal Dr. José Ángel Córdova, sin descartar que se van incrementar los casos.

Sin el animo de ser irresponsable el que escribe, hasta ayer corrió el rumor que en el hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez, se encontraban 2 personas sospechosas en observación como presuntos infectados de esta enfermedad, por cierto uno de ellos originario del Municipio de Tonalá, sin embargo de acuerdo a las declaraciones vertidas por el ex dirigente de la Sección 50 del Sindicato de salud, se pone en tela de duda si existe la infraestructura necesaria o laboratorio eficaz para analizar a los enfermos con los síntomas. Versiones más, versiones menos, pero algunas de las recomendaciones para evitar el contagio de esta enfermedad que está causando pánico colectivo, son: No asistir a lugares concurridos, no saludar de beso, ni de mano, no estornudar cubriéndose con las manos sino con el antebrazo, lavarse las manos constantemente, si sospecha de síntoma alguno o de gripe excesiva (dolor de cabeza, temperatura de más de 39 grados, dolor de huesos, ojos rojizos, etc.), no se auto medique, acuda a una clínica de salud más cercana.
¡Hasta la próxima entrada!

¿ESTAMOS EN EL CAMINO CORRECTO PARA LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA?

2009-04-25T18:28:00.000-07:00

Por: Rafael Cruz Vázquez*

Los bioenergéticos se han convertido en los últimos años, en una alternativa para la sustitución de productos derivados del petróleo y ha favorecido enormemente a los países importadores de crudo. En el campo de los bioenergéticos, Brasil es el líder mundial en producción de etanol y derivados a base de la transformación de caña de azúcar y remolacha. En países emergentes latinoamericanos, como lo es México, Chiapas ha sido el estado promotor de la atracción de inversiones para el desarrollo de la industria de bioenergéticos y para ello ha signado convenio y dado facilidades para que con capital extranjero procedente de Colombia, se desarrolle la primera planta procesadora de biodiesel, la cual estará ubicada en la región del Soconusco, en el corredor industrial de Puerto Chiapas.

Por otro lado, la Secretaria del Campo de Chiapas (SECAM) a través del Instituto de Fomento a la Agricultura Tropical (IFAT) y la Secretaria de Energías Alternativas, están impulsado fuertemente el otorgamiento de incentivos para que los productores aprovechen las oportunidades de negocios identificadas por los expertos y ha emprendido una gran campaña de apoyo a través de recursos del PROARBOL de la CONAFOR, para la siembra de Piñón Común, cuyo nombre técnico es Jatropha curcas, así como de la palma de aceite (Elaeis guineensis) y próximamente el cultivo de la Higuerilla (Ricinus communis) y otras especies que seguramente la imaginación de los planeadores estratégicos de la SECAM-IFAT seguirán proponiendo a los productores.

La Palma Aceitera o Palma de Aceite, es una planta tropical propia de climas cálidos que crece en tierras por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar. En Chiapas se han plantado 29 mil hectáreas de las cuales 13 mil que fueron sembradas en el sexenio anterior están en producción, cuya meta de este sexenio es de alcanzar la siembra de 90 mil hectáreas. Actualmente existen instaladas varias industrias en operación conocidas como La Lima, y El Desengaño, en el Municipio de Villacomaltitlán, Agroimsa, en Mapastepec, Bepasa y Propalma en Acapetahua, Agroipsa y Palma Tica de Mexico, en Palenque, en la región de la selva, todas con capital de agro empresarios mexicanos.

El cultivo es hasta ahora rentable económicamente, con un precio promedio de $1,075 pesos por tonelada libre a bordo en planta, considerando que la producción promedio es de 18 toneladas por hectárea, el ingreso bruto anual se estima en $19,350 y el ingreso neto libre de costos de producción y transporte, se estima en $13,500 pesos por hectárea al año. Si se incorpora tecnología como riego y agro fertilizantes, la producción se puede elevar hasta a 40 toneladas por hectárea y en consecuencia el ingreso al productor.

El Piñón como cultivo en México es nuevo, pues solo en el estado de Veracruz se tienen datos de producción a nivel experimental en plantación, que se tienen registrados rendimientos hasta de cuatro toneladas por hectárea, en condiciones de suelo optimas, es decir en terrenos que si se destinan para cultivar con maíz, también pudieran producir como mínimo cuatro toneladas por hectárea.

En Chiapas, la SECAM-IFAT, están promoviendo la siembra de Piñón en terrenos de baja rentabilidad económica para cultivos básicos, como una estrategia para la reconversión productiva, que puedan generar rendimientos productivos de semilla seca de Piñón en un máximo de tres toneladas por hectárea, además de los beneficios ecológicos ambientales que ayudaran a conservar y preservar suelo, agua, fauna y aire ambiental a través de la captura del carbono y fijación al suelo.

En materia de rentabilidad económica, es en donde no se tienen las cuentas claras, pues mientras que en la extinta Comisión de Bioenergéticos manejaban cuentas alegres con rendimientos superiores a las cuatro toneladas por hectárea y precios mínimos de $2.50 pesos por kilo de semilla, la realidad comercial y de rentabilidad es distinta y pone en duda el futuro de este cultivo en México.

La realidad es que en los terrenos de baja rentabilidad económica, difícilmente se obtendrán tres toneladas de semilla seca por hectárea sin el uso de un paquete tecnológico que incluya la aplicación de biofertilizantes y plaguicidas, que incrementaran los costos de producción hasta en un 30% anual. De acuerdo a los precios del mercado internacional del piñón para biodiesel, el kilogramo de semilla podría alcanzar un precio máximo actual de $0.90 centavos de peso por kilo de semilla libre a bordo en la planta procesadora.

Viendo esta situación, la verdad es que los planeadores de la SECAM-IFAT tiene que explicar cómo se dio el proceso de planeación para promover un cultivo que no es rentable para los productores, pues obtendrían con tres toneladas/año por hectárea ingresos brutos de $2700 pesos y ganancias netas de $1620 pesos por hectárea libre de costos de producción, empaque y transporte.

Por cierto, en materia de producción de biodiesel extraído del Piñón, se requieren cuatro kilos de semilla para producir un litro de biodiesel ($3.60) más los costos de producción industrial, transformación, almacenaje, transporte, distribución y venta seguramente tendrá precios superiores al Diesel derivado del petróleo, que actualmente tiene un precio de $3.50 pesos litro de petróleo crudo en el mercado internacional y precio de venta subsidiado del diesel en $5.60 pesos en México (Checar este último dato previo al día en que se haga en gasolinera respecto al costo del Diesel)

Del cultivo de la higuerilla, en años anteriores se han hecho intentos de producir de forma industrial en México, pero se ha fracasado de forma recurrente por falta de planeación institucional y de productores en el manejo del cultivo, comercio e industrialización, por ello solo han prosperado superficies pequeñas para la obtención de ciertos subproductos.

En Chiapas aún recordamos tristemente que en los años de entre 1980 hasta 1993, los diversos gobiernos en turno promovieron entre los campesinos, la siembra de diversos cultivos de plantación, como el hule, la palma de aceite, cacao, marañón, macadamia, nuez de la india, higuerilla, cardamomo, entre otros, que a la postre dieron resultados frustrantes para los productores y de los cuales casi nada queda de esas plantaciones.

Este fracaso se dio por la falta de planeación técnico-científica para proponer la siembra de ciertos cultivos sin considerar aspectos fundamentales como la latitud y longitud de origen de la especie, condiciones bioclimáticas, fitogeneidad y fitosanidad comparativa de la región de origen y la región de plantación y análisis comparativos de los impactos en las especies nativas, análisis de la variabilidad genética., además de los aspectos sociales como la organización de productores, apropiamiento del cultivo, integración productiva con la industria y mercados, entre otras. Pero eso sí, los funcionarios de ese entonces se fueron con los cargamentos de dinero porque ellos mismos a través de sus empresas eran los proveedores de las semillas y los agro insumos, además de participar como viles coyotes en el acopio y comercialización de la producción.

Es tiempo de trascender para el futuro, por lo que el actual Ejecutivo del Estado no debe permitir que sus funcionarios lucren con la pobreza de los campesinos, como en el pasado ocurrió y que ciertos funcionarios de ese tiempo que fueron parte de ese fracaso, ahora nuevamente sean quienes tienen en sus manos los destinos del que hacer en el campo chiapaneco.

Quedan muchas dudas sobre el futuro de las propuestas productivas hoy planteadas como estratégicas para el gobierno, tales como:

¿La planta industrial de biodiesel de tecnología y capital colombiano procesara Piñón o en el mediano tiempo desplazara a las pequeñas empresas mexicanas establecidas que están procesando palma de aceite?

¿Qué incentivos adicionales por los servicios ambientales les ofrecerán a los productores para que les sea atractivo el cultivo del Piñón y por cuantos años?

¿Por qué la Asociación Estatal de Productores de Piñón, presidida por Rafael Arellanes Caballero, ex funcionario de la desaparecida Comisión de Bioenergéticos, es quien cobra los recursos del Proarbol de la CONAFOR destinados para la elaboración de programas de manejo y asistencia técnica, lesionando los intereses económicos de los prestadores de servicios técnicos acreditados?

¿Y porque esa asociación y su dirigente es quien preside el FIDEICOMISO estatal para el fomento del Piñón, cuyo capital se constituyo con recursos del estado, que trasfondo hay en ese instrumento financiero, que intereses representa Rafael Arellanes Caballero?

¿Qué pasara con la planta de biodiesel instalada en Cintalapa, cuya inversión no supera los cuatro millones de pesos, y si podrá competir con el capital colombiano que es de más de 25 millones?

*Se ha desempeñado como asesor del Poder Legislativo de Chiapas, asesor de ONG’S y articulista invitado de las Revistas de circulación Estatal y Nacional “Diálogos en el Sur”, “Imagen Política de Chiapas”, y “Quehacer Político”.

laberinto_chis@hotmail.com cruz-vazquez@hotmail.com,
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EDITORIAL DE LA REVISTA IMAGEN POLITICA DE CHIAPAS

2009-03-17T12:14:00.000-07:00

(PROXIMA EDICIÒN)
VIOLENCIA LABORAL EN CHIAPAS

Por : Rafael Cruz Vàzquez*

No existen cifras exactas sobre los índices de violencia laboral en Chiapas, ni en el resto del País, porque la mayoría de los casos no son denunciados por las víctimas, y quedan como situaciones aisladas. Este fenómeno es recurrente, y se presenta en el ámbito laboral de la Administración pública, domestico, y empresarial, afectando tanto a hombres como a mujeres.

Maltrato físico, Psicológico, intimidación, menosprecio, insultos, bromas sarcásticas frecuentes, desvalorarización de la tarea del trabajador, acoso laboral, inequidad laboral, acoso sexual, etc. son una constante en la violencia laboral ejercida por los patrones o jefes que tienen una determinada jerarquía en el área de trabajo e incluso, violencia que se puede dar de trabajador a trabajador.

En el pasado y en el presente Chiapas ha dado mucho de qué hablar, sobre todo las dependencias gubernamentales cuyos titulares han protagonizado escándalos públicos en relación a la Violencia laboral, y en el que no obran antecedentes de sanciones de ninguna índole a funcionarios, “siempre el trabajador no tiene la razón”, porque a estos burócratas con mando los cubre el manto protector del tráfico de influencia, por el hecho de que los espacios que ocupan en las dependencias públicas, se ostentan como el producto del compromiso del Gobierno con grupos políticos, o simplemente porque presumen ser recomendados o amigos del Gobierno en turno.

Jurídicamente, la violencia laboral contiene elementos considerados como “agravantes” que transgreden los derechos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y pese a que México está adherida a esta declaración, y a los acuerdos derivados de ella, no actúa al respecto, por el contrario se muestra más como receptor que como promotor de estas leyes.

Si bien es cierto que el Gobierno de Chiapas, se ha preocupado por el tema de la “Violencia”, enfocando las Reformas legislativas Correspondientes a la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas, también es cierto que esta problemática no distingue géneros, y se requiere continuar legislando al respecto.

Es necesario que las instituciones, Cámaras empresariales, trabajadores, Sindicatos, legisladores, la sociedad misma, y quienes administren justicia laboral, elaboren una Agenda legislativa en materia laboral, para establecer por norma la responsabilidad y sanción patronal, así como sindical, a fin de restringir el hostigamiento en el lugar del trabajo, que a la víctima se le indemnice por todo los tipos de violencia laboral, que se considere la figura de hostigamiento sexual, y laboral cuando se da entre compañeros de trabajo de la misma Jerarquía, establecer la destitución del cargo de quien cometa el ilícito, independientemente que puedan existir sanciones penales y civiles.

Hacer obligatorio, que las dependencias de gobierno en sus distintos niveles, las empresas, los sindicatos y demás que practican relación laboral alguna, realicen acciones, y programas obligatorios de prevención, educación, y sensibilización, para evitar cualquier tipo violencia laboral.

Así como se aplica la cero tolerancia con la delincuencia organizada, debe practicarse esta contra los violadores laborales, lo cual va a redundar en mejorar el ambiente de trabajo, buen rendimiento del trabajador, menos perdidas presupuestales al evitar las demandas por acoso o abuso, despidos injustificados, daño moral, etc.

Sin embargo la responsabilidad sobre la prevención y combate de este flagelo, dependen no solo del gobierno, y las empresas o iniciativa privada, sino también de que las victimas denuncien estos abusos en tiempo y forma, en donde corresponda.

*Se ha desempeñado como asesor del Poder Legislativo de Chiapas, asesor de ONG’S y articulista invitado de las Revistas de circulación Estatal y Nacional “Diálogos en el Sur”, “Imagen Política de Chiapas”, y “Quehacer Político”.

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El Papel que Juega AMLO

2009-03-15T12:27:00.000-07:00

Por: Rafael Cruz Vázquez*

La disputa por el poder en el proceso de elección interna en el 2007 protagonizados por los seguidores de Jesús Ortega, y Alejandro Encinas, que dio pié a que obtuvieran el calificativo de “Cochinero” por parte de sus adversarios, el hecho de que algunos legisladores del sol azteca asumieran una postura en favor de la iniciativa de Reforma Energética planteada por el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y la presunta intervención del Estado mediante la resolución del Tribunal Federal Electoral que favoreció al Chucho mayor, siendo que ninguna autoridad ajena al Partido, debió intervenir en el litigio electoral interno, todos estos fueron algunas de las causas de los desencuentros que ocasionaron una división profunda entre el perredismo nacional.

Aunado a esto, las confrontaciones entre la corriente del PRD conocida como Nueva Izquierda y el Coordinador de los Diputados del PT, en el que este señala las componendas de la cúpula perredista con el PAN para aprobar una reforma electoral que afectó a los Partidos políticos como el PT y CONVERGENCIA, complicando la posibilidad de que hubiera coaliciones exitosas en los mismos términos que antaño.

La desbandada de militantes Petistas y Convergentes hacia al PRD, encabezados por José Narro Céspedes y José de Jesús Paredes Flores. De la misma forma el cambio de fracción parlamentaria del Senador Perredista Ricardo Monreal a las filas de legisladores del PT.

Por otro lado las dificultades que se advierte, se puedan presentar derivado de la selección de candidatos que harán las comisiones de candidaturas del PRD en los estados, y en la Cúpula Nacional, porque no se descarta la práctica de imponer candidatos por la vía del dedazo, a espaldas, y sin tomar en cuenta el consenso de la militancia solaztquista, sobre todo los usos y costumbres de los distritos electorales de mayor presencia indígena.

Ante estos escenarios, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirma que su tarea prioritaria se enfoca a “La Defensa de la Economía Popular”, está comprometido con los Partidos Políticos que impulsaron su candidatura en el 2006, y de ninguna manera con determinadas corrientes o grupos de estos.

Sin embargo en sus acostumbradas giras al interior del País en su carácter de Presidente Legitimo, ha venido anunciando que a título personal está haciendo un llamado a los Mexicanos a Votar en este Proceso Electoral por la Coalición política “Salvemos a México”, integrada por el PT, y CONVERGENCIA, porque se debe evitar que estos Partidos pierdan su registro, además de que se trata de un asunto de carácter moral. Y para el caso del PRD, sólo apoyará a los candidatos de este Partido en el D.F. y en Tabasco.

Y vaya que al parecer no es nada despreciable el trabajo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador a lo largo de 2 años al recorrer 2038 Municipios en la República formando sus comités de representación de Gobierno Legitimo integrados por militantes de partidos, y personas representativas de la sociedad civil, cuyo objetivo a demás de apuntalar su” Proyecto Alternativo de Nación”, también es el apoyar a candidatos en este proceso electoral, que triunfen y ocupen un lugar en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, para hacer una realidad tal proyecto.

Que a decir verdad y cabe reconocer que sus iniciativas han metido en un debate nacional a los partidos representados en el poder legislativo, tal es el caso de la Reforma Energética, y últimamente la entrega de breves iniciativas respecto a un plan para revertir los efectos de la crisis económica, el desempleo, y la alza a productos básicos.

Lo que no puede negar AMLO, son sus frecuentes reuniones de planeación y evaluación con la dirigencia Nacional de ambos Partidos, a diferencia del PRD, por obvias razones, en virtud de que juntos definen candidaturas, y de que también ha impulsado a miembros de su gobierno legitimo como precandidatos a Diputados Federales por la Coalición “Salvemos a México”.

Tal es el compromiso con “Salvemos a México”, que acompañará en sus actos de Campaña a 200 de sus candidatos, empezando en el Sureste en el Cierre de Precampaña de su hermano Pio López Obrador, quien busca una curul federal por la vía Uninominal en el Distrito IX de Chiapas con Cabecera en Tuxtla Gutiérrez. Y no cabe la menor duda que por el nivel de compromiso que tiene el PT y COVERGENCIA con AMLO, su hermano podría estar inscrito en los primero lugares de la lista de candidatos a Diputados por la vía Plurinominal como garantía y pago de factura por el uso de su imagen y campaña en los promocionales que viene haciendo la Coalición electoral mencionada.

Lo que no queda claro, que repercusiones le traerá a AMLO, por haberse inclinado a apoyar a una Coalición de Partidos, en la que no se encuentra el PRD, partido al que se encuentra afiliado, pues los Estatutos de este Instituto Político, no deja lugar a dudas que automáticamente cause baja como militante Perredista.

Lo que si debemos tener presente, es que en cada proceso electoral federal ha ido en decremento la participación de la ciudadanía, y esta vez no será la excepción, porque no hay duda que el electorado tiene falta de credibilidad en los Partidos Políticos, porque no cumplen con su cometido de ser un instrumento público al servicio de la sociedad, y por supuesto que esta vez no es la excepción, y cada candidato tiene que obedecer incondicionalmente al aparato o grupo de poder que lo designó como tal, y en caso de ganar, como legislador hará lo mismo, sin importar el voto ciudadano y los compromisos que contrajo en Campaña.

Los Partidos, sobre todos los de izquierda basan sus esperanzas en que la gente haga conciencia sobre la importancia que representa la Cámara de Diputados para detener la situación crítica sobre la a traviesa el País, pero se encuentran también con electorado menos interesado en las propuestas de campaña, decepcionado y confundidos ante los pleitos internos y dime y diretes entre los Partidos, de los escándalos que protagonizan funcionarios públicos, de las equivocas políticas públicas de los que gobiernan, y más preocupado por obtener algo a cambio de su voto en corto plazo, por lo que es evidente que “el voto del hambre”, “el voto clientelar”, es el recurso de que echaran mano los Partidos Políticos, aun más los que se encuentran en el Poder, para mantener el mismo.

laberinto_chis@hotmail.com,
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VIOLENCIA LABORAL EN EL GOBIERNO DE CHIAPAS

2009-03-04T20:38:00.000-08:00

Por: Rafael Cruz Vázquez*

Maltrato laboral, acoso laboral, discriminación laboral, acoso psicológico en el trabajo, son algunas de las modalidades y denominaciones de la violencia laboral. En Chiapas se ha hecho común este tipo de práctica, sobre todo en el sector o administración pública en sus distintos niveles.

Aunque parezcan aislados, son documentados los casos de violencia laboral, sobre todo en el Gobierno estatal, por parte de los funcionarios que ostentan cargos de mayor jerarquía que el trabajador afectado.

Entre ellos destacan el caso de la Doctora en Ecología Yara Fernández Moreno, quien en el 2002 fue víctima de acoso sexual y represalias laborales por parte del Director del Instituto de Historia Natural y Ecología (IHNE), y en el 2008 padeció hostigamiento laboral, difamación y calumnias procedentes de la Directora del IHN, quien mediante acta administrativa UAJ/0032/07, pretendió cesarla de la Institución para la que continúa laborando hoy en día.

Otros de los casos de acoso laboral, es el suscitado en el año 2007 en el Consejo Estatal de Población(COESPO), en el que Gisela Candelaria Chirino, titular de la dependencia sometió durante más de cuatro meses a un proceso de acoso y hostigamiento laboral a Ricardo Cortes Hernández, interponiéndole un procedimiento administrativo al extremo de pedirle su renuncia, y este a su vez recurrió al Tribunal del Servicio Civil del Estado, demandando Justicia, y se le indemnice conforme a los 16 años que ha laborado para el Gobierno del Estado de Chiapas, proceso que por cierto aun está vigente.

El más reciente el de Patricia Estevan Hernández, que labora para la Comisión Forestal Sustentable del Estado de Chiapas (COFOSECH) como Secretaria Ejecutiva de Apoyo, quien manifiesta que próximamente presentará una queja ante la Comisión Estatal de derechos Humanos, y ante la Secretaría de la Contraloría de Gobierno del Estado, toda vez que tanto ella como varios de sus compañeros de trabajo, están siendo víctimas de la discriminación y acoso laboral, por parte de Antonio Lazcano Soto, Director de Restauración y Manejo de Microcuencas de la COFOSECH cuyo titular es Jorge Constantino Kanter, ya que reciben un trato desigual y poco favorable, respecto de otros trabajadores de la dependencia, en virtud de que desde hace meses se presentan a trabajar, pero permanecen sin laborar en su área de trabajo, porque no les asignan actividades, lo cual ha venido ocasionando, baja de autoestima, ansiedad, por el aislamiento laboral de que son víctimas, porque tal parece que el propósito es que se fastidien y renuncien, y por ende el daño psicológico que estos les causa.

Además, de que a diferencia de los Trabajadores de Base al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado, les niegan el derecho a gozar de permisos económicos, por el hecho de ser Trabajadores de Confianza. Así mismo, mucho de ellos se la pasan deambulando en el interior o exterior del área de trabajo por no contar con mobiliario o equipo para sentarse y realizar actividad alguna.

Estas experiencias laborales, no son más que el continuo e intencionado maltrato verbal y acoso laboral en todas sus expresiones que recibe un trabajador por parte de otro u otros, cuya actitud es de crueldad para el subordinado con el objeto de conseguir fastidiar a este, y afectarlo hasta psicológicamente, de modo que involuntariamente, no permanezca en el trabajo.

Es indiscutible que dentro de la Violencia Laboral, la modalidad que más se presenta es el acoso laboral, que no es exclusivo de los trabajadores que trabajan para el Gobierno, sino que también se presenta en las empresas privadas.

El acoso laboral, se presenta de diferentes formas, como el hecho de que el acosador, le grite a la victima cuando esté sola o en presencia de otras personas, sobrecargar a la víctima con mucho trabajo, quitarle áreas de responsabilidad claves, dándole a cambio actividades rutinarias no relevantes e incluso no darle trabajo a realizar, le retienen o manipulan información relacionada con su trabajo para inducirle a que cometa errores en su desempeño laboral, y argumentar negligencia o falta de capacidad en su desempeño profesional, le crean un estado de opinión al acosado de que es una persona conflictiva, que se aísla, que no participa, etc.

Para combatir tanta violencia laboral en la Administración Estatal, el Gobernador de Chiapas, tendrá que estar muy pendiente de que sus funcionarios cumplan al pie de la letra la observancia y aplicación de la legislación en la materia, es decir la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos del estado de Chiapas, sobre todo que se respete nuestra Carta Magna, que se termine el tráfico de influencia e impunidad de la que gozan muchos funcionarios que incurren en el acoso laboral, violando no solo los derechos laborales, si no de igual forma los derechos humanos.

Es necesario hacer notar que las responsabilidades de los servidores o funcionarios públicos, van desde la responsabilidad política, administrativa, laboral, civil, y penal, lo que significa que estos pueden ser sancionados con amonestación, sanción económica, suspensión temporal en el trabajo, destitución del empleo o cargo, inhabilitación para desempeñar un empleo, y obligados a la reparación del daño moral que le ocasionen al trabajador cuando este es afectado en su honor, reputación, cuando se menoscabe la libertad o integridad física o psíquica de la persona al ser acosado laboralmente.

Así mismo es necesario, que exista por parte de la víctima o acosado laboral, la cultura de la denuncia, de lo contrario seguirán impunes los casos de violencia laboral.

*Se ha desempeñado como asesor del Poder Legislativo de Chiapas, asesor de ONG’S y articulista invitado de las Revistas de circulación Estatal y Nacional “Diálogos en el Sur”, “Imagen Política de Chiapas”, y “Quehacer Político”.

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Condena la Prensa Internacional por agresiones a periodistas en Huehuetenango, Guatemala.

2009-03-02T11:23:00.001-08:00

Las y los periodistas huehuetecos ante los últimos acontecimientos acaecidos, en nuestro departamento, específicamente en los municipios de Jacaltenango, Colotenango y Malacatancito respectivamente, ante la opinión pública nacional e internacional manifestamos nuestra indignación y repudio por las acciones violentas en contra de la libertad de expresión, de pensamiento y de prensa.

Por lo tanto:

HACEMOS SABER

Que ayer en horas de la tarde en el municipio de Malacatancito fueron agredidos tres Corresponsales de Prensa de diferentes medios locales y nacionales, quienes se salvaron de perder la vida.
Que lamentamos profundamente el proceder de algunas autoridades y grupo de vecinos del municipio de Malacatancito, quienes desconociendo marcadamente la función social y periodística, agredieron a los reporteros, soliviantados por el propio alcalde del lugar.
Repudiamos cualquier acto de violencia que lesione la vida humana, aún cuando se ha iniciado una campaña a nivel nacional en contra de la cultura del linchamiento, y es lamentable que sean las propias fuerzas de seguridad las autoridades municipales quienes dejan entre dicho la aplicación de la proyección de tal conocimiento.
Las diferentes entidades de prensa que funcionan en nuestro Departamento son respetuosas de los preceptos plasmados en nuestra Constitución Política, relativo a la Libertad de Expresión y de Prensa: con ello manifestamos y renovamos nuestro compromiso de ser los depositarios de un derecho inalienable que le asiste a toda guatemalteca y guatemalteco en general. (“Libertad de Expresión” articulo 35).
Que denunciamos abiertamente a nivel Nacional, Regional e Internacional la persecución constante, agresiones físicas, verbal, intimidaciones y amenazas de cualquier tipo a la prensa huehueteca por parte de sectores desestabilizadores y autoridades prepotentes; dejando entre ver su falta de conocimiento hacia las libertades inherentes al ser humano.
Su preocupación por la dimensión de los acontecimientos últimos en donde se puso en riesgo la integridad física de los compañeros Ronald Waldo López Mérida, Mynor Yurandir Mérida Cifuentes, Dany Armando Castillo Morales, en el cumplimiento de su labor profesional de comunicadores, por lo que solicitamos la comprensión de los habitantes a la actividad de nuestros colegas que únicamente cumplen con su objetivo de trasladar la información al pueblo por los diferentes Medios de Comunicación.
Los hechos registrados, particularmente en Malacatancito y las propias amenazas a periodistas, se estiman como verdaderas vísperas ante la cercana vigencia de la Ley de Libre Acceso a la Información Publica, a partir de abril del corriente año.
Categóricamente indicamos que la aludida agresión a miembros de la prensa huehueteca se tipifica como una flagrante violación al Derecho de informar y ser informados; Derecho mismo que nos asiste a todos por igual tomando en cuenta su calidad de Garantía Universal, refrendado por el estado de Guatemala ante los organismos internacionales.
Que los Periodistas y habitantes en general unificadamente exigimos a las autoridades competentes la pronta aclaración de los hechos suscitados y que sea la majestad de la ley la que determine las sanciones morales y jurídicas a los responsables.
Refutamos categóricamente toda intención de autoridades y pseudos periodistas, quienes son amparados por instituciones, y actores políticos que de forma unilateral y mal intencionadamente pretenden confundir a la población, señalando a los Periodistas de ser los responsables de los problemas que aqueja a los habitantes del Departamento de Huehuetenango.
Agradecemos a todas las Instituciones de Prensa Nacional e Internacional, Medios de Comunicación e Información, Entidades de Derechos Humanos y Organizaciones Sociales el apoyo irrestricto y solidaridad ante los hechos que violan los Derechos de Información, de Expresión y de Prensa.
Solo la unidad granítica de las entidades de prensa y la expectativa de los habitantes ante las constantes violaciones a los Derechos hará que nuestra sociedad encuentre el verdadero camino de la Democracia y convivencia armoniosa de las y los guatemaltecos en general.
Hoy más que nunca afirmamos y demostramos la unidad existe entre comunicadores sociales, periodistas, reporteros, corresponsales, cronistas deportivos, comentaristas, Medios de Prensa escrita, habla y televisada y ciudadanía por lo que no descansaremos en defender los Derechos de todas y todos los guatemaltecos.

“No es el dolor el que nos debe unir,
es la visión de un pueblo informado”.

Huehuetenango, 27 de febrero de 2009.

Carta del Secretario de la Paz en la República de Guatemala, Orlando Blanco Lapola

2009-02-06T07:40:00.000-08:00

CAMBIO INSTITUCIONAL O FICCIÓN CONSTITUCIONAL EN LA PROCURACIÓN DEJUSTICIA

2009-02-03T16:09:00.000-08:00

Febrero 02 del 2009.

Por: Rafael Cruz Vázquez*

Sin lugar a dudas los gobiernos en turno de Chiapas, han promovido la transformación integral de la legislación local, lo cual les permite tener identidad y fortalecer sus instituciones públicas en el quehacer cotidiano de estas, así como en el servicio que prestan a la sociedad.
Si bien en cierto que Chiapas quiso estar a la vanguardia y a la par de otros países, como Italia y Argentina, en cuanto al sistema de procuración de justicia, desapareciendo la nominación de Procuraduría de Justicia del Estado, y creando para ello el 9 de Noviembre del 2004 el Ministerio público como institución pública autónoma bajo la denominación de Fiscalía General del Estado, lo cual implicó cambios estructurales que se reflejaron en su funcionalidad, también es cierto que esa autonomía fue relativa toda vez que se le dotó de personalidad jurídica y patrimonio propio, mas no autonomía de gestión y presupuesto.

El Fiscal General podía elaborar y presentar su anteproyecto presupuestal de gasto público al Secretario de Hacienda del Estado, pero este no hacía ningún ajuste de acuerdo a la necesidad del órgano procurador de justicia, si no que lo enviaba tal cual al congreso local para que lo incluyera en el presupuesto general de egresos estatal, imponiendo su criterio, sin darle la oportunidad al titular de la institución de argumentar o defender el presupuesto solicitado.

Además que el Fiscal General era propuesto por el Gobernador del Estado, designado por las dos terceras partes de los legisladores locales presentes.

La estabilidad del Fiscal General en el cargo se garantizaba, porque solo podía ser removido, a través del juicio político, si hubiese incurrido en violaciones graves a la constitución local, y a las leyes que de ella emanen, y por manejo indebido de fondo y recursos estatales y municipales.

También gozaba de inmunidad, y no podía ser acusado penalmente, si antes el congreso del estado, no le suspendía tal inmunidad.

El pasado 28 de Septiembre del 2007 el Gobierno del Estado, se propuso innovar, y eficientar la Institución del Ministerio Público, de tal manera que de Fiscalía General, paso a crear “El Ministerio de Justicia del Estado de Chiapas”, como un organismo público independiente, jerárquicamente subordinado al Gobernador del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

De este cambio institucional se derivó una dependencia con mayor estructura orgánica y legal integrado por un Consejo de Procuración de Justicia, Fiscalías de Distrito, Especializadas y Especiales, profesionalización Ministerial a través de la creación del servicio civil de carrera, funcionamiento y capacitación de una policía que estará bajo su mando.

A más de un año de haberse cambiado la denominación y estructura de la Institución del Ministerio Público, mediante decreto de fecha 06 de Enero del 2009 a través del Periódico Oficial No. 136, sustentado en el argumento de congruencia institucional, y adoptando el modelo federal, el Ejecutivo Estatal hace un nuevo cambio en el órgano de justicia, pero ahora de denominación, y crea nuevamente la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas. Dicho cambio no trastoca la estructura orgánica y atribuciones legales de la Institución.

Se hace notar que estos últimos cambios en el órgano de procuración de justicia han dejado como saldo, modernidad legislativa, tecnológica, profesionalización y eficacia, sin embargo le han restado la escasa autonomía que conservaba, en virtud que el Ejecutivo Estatal tendrá un margen amplio de injerencia respecto a la Institución procuradora de justicia.

Antes era facultad del congreso designar y remover al titular de la dependencia, y este ultimo a su vez nombrar y remover a sus subalternos o fiscales del ministerio público. Ahora es facultad del gobernador nombrar y remover al funcionario que representará a la institución, así como al Fiscal Electoral, y de Distrito, Especiales, Especializados, al Contralor General de esta, entre otros.

Más que modernizar, transformar la institución del ministerio público, y cambiar de denominación al órgano de procuración de justicia. El estado (ejecutivo, legislativo, y judicial), debe reafirmar su responsabilidad de garantizar eficacia, imparcialidad, honestidad y certeza jurídica a los Chiapanecos.

Para que el ministerio público cumpla con estos principios y su competencia, es necesario que goce de autonomía real, funcional, y técnica. De manera que debe ser un órgano constitucional autónomo, independiente del Poder Ejecutivo y Judicial, esto para evitar que la averiguación previa no corra el riesgo de contaminarse con elementos de carácter político, ya que hoy en día es común escuchar que “los asuntos jurídicos, se resuelven con decisiones políticas”.

No debe anteponerse a la ley, una razón de Estado o intereses particulares, las autoridades encargadas de la investigación y persecución de los delitos deben actuar en función de la ley.
Para el ministerio público la única verdad, consecuencia de la indagatoria, debe ser la que se derive de pruebas legales, con criterios estrictamente objetivos e imparciales, y no de instrucciones provenientes de sus superiores. Que no se mal interprete; la decisión de otorgar autonomía a la institución es política, pero la función de esta es específicamente jurídica.

Aún cuando la constitución de Chiapas ha pasado por diversas reformas en la búsqueda de constituir un mejor órgano de procuración de justicia, todo quedará en simulación o ficción constitucional, porque en la práctica no se cumple con los principios de autonomía, imparcialidad y eficacia, así como también por los precedentes, es evidente que cualquiera de los tres niveles de gobierno, no dejaran de tener injerencia en el órgano procurador justicia.

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SE PROLONGA LA TRAGEDIA DEL GRIJALVA EN CHIAPAS

2009-02-03T16:01:00.000-08:00

Publicado: Enero 19 del 2009

Por: Rafael Cruz Vázquez*

Más de quinientas familias aun siguen viviendo en albergues, otras regresaron al sitio donde se encontraban sus hogares, miles de personas no han sido indemnizadas por las inundaciones de sus casas, terrenos de cultivos, y demás bienes, como consecuencia del deslizamiento del cerro “Juan del Grijalva”, desastre ocurrido el 4 Noviembre del 2007, que a su paso arrasó con una comunidad entera del mismo nombre, ocasionando la pérdida de 25 vidas humanas, y un embalse en el rio Grijalva ubicado entre la presas de Peñitas y Malpaso, tal situación derivó que el agua se elevara de nivel saliéndose de su cauce afectando directa e indirectamente a habitantes de once comunidades de Ostuacán, y veintitrés comunidades de Tecpatán.

Solo en el recuerdo quedó la versión oficial de las autoridades federales respecto a la causa de esta tragedia: ” las lluvias del frente frio número cuatro humedecieron el cerro, y este se cayó”.

Sin embargo los afectados tuvieron sus propias conclusiones: “PEMEX es responsable por tantas detonaciones realizadas en la zona durante mucho tiempo como parte de los trabajos de búsqueda de petróleo que realizaba la Compañía Mexicana de Exploraciones, SA de CV (COMESA), empresa contratada por la Paraestatal, situación que ablandó la tierra y se vino abajo el cerro o bien pudieron haber dinamitado las entrañas del mismo, y todo termino en desgracia “.

Versiones más, versiones menos, pero la triste realidad la siguen padeciendo los lugareños, y no la pueden olvidar, como no pueden olvidar que el gobierno del estado basado en el anuncio que hiciera el gobierno federal, les generó esperanza al darles a conocer que de acuerdo a la evaluación de daños en materia de infraestructura urbana, educativa, carretera, hidráulica, y vivienda, serían atendidas estos rubros con 1,239 millones de pesos con recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).

Hoy han transcurridos casi catorce meses, y lo único que han recibido son paliativos para no pasarla tan mal, como dotación de despensas, que por cierto ya no les otorgan, bajo el argumento que ya terminó la contingencia, el apoyo para pago de rentas de casas habitaciones, que de igual forma fueron suspendidos, pese a que muchas viviendas desaparecieron, otras son inhabitables. Así también el otorgamiento de los denominados “Bonos para recuperar enseres domésticos”, que no fueron entregados de manera equitativa a los afectados.

Si bien es cierto que el Ejecutivo Estatal de Chiapas, mediante la Coordinación de Gabinete, conformó 2 Comisiones: La Comisión Técnica, y la Política Social, con el propósito de elaborar un diagnostico técnico en la zona de contingencia, y determinar la magnitud de las afectaciones, y de la misma manera concertar con las familias afectadas, la viabilidad de las acciones futuras, y en su caso solventar las necesidades más apremiantes. También es cierto que se pone en tela de duda la actuación de los funcionarios del Sr. Gobernador, porque no están cumpliendo al pié de la letra las instrucciones de éste.

Y es que se están suscitando conflictos entre los lugareños afectados, debido a que no existe un diagnóstico apegado a la realidad en que se encuentran, toda vez que los recursos destinados a la contingencia, fueron entregados y siguen entregándose a quienes no habitaban las zonas siniestradas o no se encuentran dentro de las consideraciones técnicas, referente necesario para clasificarlos como damnificados.

Tal situación ocurre porque no se constata la información que vierten las autoridades o representantes de las comunidades afectadas a las Comisiones de gobierno en cuestión, respecto a quienes deben ser beneficiados con los programas institucionales.

__Un testimonio de referencia, es el de don José López Velazco, de oficio pescador, y habitante del Ejido Nuevo México, Municipio de Tecpatán, Chiapas, afectado por la pasada inundación que provocó “El Tapón del Grijalva”. Quien dice: “ a muchos la SEDESO de Chiapas, no nos benefició con el Bono de diez mil pesos para enseres domésticos”, que por el hecho de que no fuimos afectados directamente, aunque nosotros argumentamos lo contrario; pero lo más extraño, es que otras personas estaban en las mismas condiciones que nosotros, sí recibieron el beneficio, incluso aún no viviendo en la comunidad, otras por el contrario, las excluyeron siendo que se encontraban dentro de los indicadores de márgenes de riesgo.

Evidencias de esta naturaleza, nos permiten llegar a la conclusión, que los representantes de los damnificados, podrían estar incurriendo en falsear información y fraude al estado, de la misma manera el silencio y la indiferencia ante estas circunstancias por parte de las dependencias, sobre todo SEDESO, haría a estas corresponsables.

Estas eventualidades son razones de peso para que la Secretaría de la Función Pública o en su defecto la Contraloría General de Gobierno, investigue que los 246.9 millones de pesos destinados a la zona siniestrada, hayan sido aplicados correctamente por las dependencias que atendieron operativamente la contingencia, tales como SEDESO (CABEZA SECTORIAL), DIF, SECRETARIA DEL CAMPO, SECRETARIA DEL TRABAJO, ENTRE OTRAS, y en caso de detectar irregularidades, proceder con todo el peso de la Ley contra quien resulte responsable

Qué futuro les depara a los afectados del “Tapón”, en este 2009, si no habrá crecimiento de la economía nacional, ni más fuentes de empleos, y mientras tanto el Instituto de Administración, Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), no termine con el proceso de avalúo de las propiedades y terrenos en la zona afectada, no se ve para cuando la reactivación económica de la región.

__Y por si esto no bastara, también se hace notar el testimonio de don José del Carmen de la Cruz Jiménez, otros de los damnificados por el taponamiento del Grijalva, quien con lágrimas en el rostro, y con la mirada que refleja desesperanza, expresa, “nuestra representante fue a la Capital, y se reunió con el Subsecretario de Gobierno Ismael Brito, y este le dijo, que tenemos que firmar anticipadamente de conformidad el avalúo que están haciendo las gentes del gobierno respecto a los bienes que perdimos, y si no lo hacemos quedaremos excluidos de que se nos pague. Ante ello, le que contestamos, que no vamos a firmar un avalúo que no conocemos, y que lamentamos que el gobierno nos trate así”.

Todo indica que la confronta entre lo valuado por INDAABIN y el valor sentimental que tienen los predios, solares, y viviendas, por parte de los afectados, va a originar un conflicto, porque estén de acuerdo o no con el avalúo de sus bienes dañados, tendrán que aceptar el pago indemnizatorio que el gobierno federal determine, de no ser así, serán sometidos a un procedimiento expropiatorio que podría tardar en resolverse, y que frenará el proceso de atención a la zona siniestrada, además de la tentativa de terminar en desalojo con la fuerza pública a quienes se aferren a no abandonar sus viviendas y terrenos ubicados en zona de alto riesgo.

Ante esta situación el gobierno debe actuar con sensibilidad, siempre buscando alternativas que permitan alentar el desarrollo y un clima de gobernabilidad con justicia social en la entidad.

*Se ha desempeñado como asesor del Poder Legislativo de Chiapas, asesor de ONG’S y articulista invitado de las Revistas de circulación Estatal y Nacional “Diálogos en el Sur”, “Imagen Política de Chiapas”, y “Quehacer Político”.

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ESTADO MEXICANO VULNERABLE ANTE EL CRIMEN ORGANIZADO

2009-02-03T15:57:00.000-08:00

Publicado: Noviembre 13 del 2008

Por: Rafael Cruz Vázquez*

Las muertes de Juan Camilo Muoriño, Secretario de Gobernación y José Luis Santiago Vasconcelos, ex subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), y Secretario técnico para la implementación de la reforma penal en materia de seguridad y justicia penal, entre otros funcionarios del gobierno federal, fallecidos durante el percance aéreo en el que se desplomó el Learjet 45,propiedad de la Secretaría de Gobernación en lo que todo indica, que se trató de un atentado perpetrado por algunos de los carteles del narcotráfico; y de confirmarse, pasan a ser parte de las estadísticas de los más de de 3,800 muertos que ha dejado como saldo el crimen organizado en el presente año. Los crímenes de estos funcionarios son evidencias de lo tan vulnerable que se encuentra el Estado mexicano ante la delincuencia organizada.

La psicosis derivada de tanta violencia que existe en nuestro país, nos lleva a la conclusión que los decesos de los funcionarios del gobierno en el avionazo del pasado martes 4 de noviembre suscitado en la Avenida Reforma de la capital de la República, no es más que el resultado de la reacción de los carteles de la droga ante la guerra que ha emprendido el gobierno contra el narcotráfico.

Está percepción colectiva nos da la pauta para Contradecir la versión oficial del Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en cuanto a que la caída del avión gubernamental es consecuencia de un accidente, y en ese sentido se mantendrá esa información hasta en tanto la PGR no dé a conocer el resultado de la indagatoria basado en las investigaciones de la propia dependencia, y en los peritajes que realiza la SCT, y los peritos de Estados Unidos e Inglaterra, lo cual puede determinarse hasta en un lapso de diez meses o más, según fuentes oficiales, sobre todo si quien estará a cargo de la investigación, es Emilio Corzo Cabañas, Subprocurador de Control Regional, Procesos Penales y Amparos de la Procuraduría general de la República, quien a más de un año de ocurrido el accidente en la plataforma de PEMEX en Campeche, aún no da resultados de las pesquisas.

Lo más grave de esta situación, es que los mexicanos percibimos que el Estado representado por el poder ejecutivo, legislativo y judicial en sus ámbitos federal, estatal y municipal, cada día pierde autoridad y gobernabilidad, desde el momento en que los delincuentes atentan contra la paz, el orden y la seguridad nacional.

Se hace notar que el crimen organizado es como un mounstro mitológico de varias cabezas, que a pesar de que a este le cortan una de ellas, más que debilitarse, se repliega para recuperarse y atacar nuevamente.

Este mounstro llamado hoy crimen organizado se sigue reagrupando y utilizando todo su poder económico, para sembrar terror en el gobierno y ganarle así la batalla al mismo, utilizando peculiares armas como son los secuestros, ejecuciones, levantones, corrupción y narcoterrorismo.

No obstante la brutal violencia que predomina en el País, y con el propósito de dimensionar la problemática que está padeciendo México, el titular del Poder Ejecutivo Federal, Felipe Calderón Hinojosa, ante los medios de comunicación internacionales, ha dado a conocer, de las amenazas de que son objetos él y su familia, por parte de los narcotraficantes. Este tipo de declaraciones son por demás irresponsables, pues atemorizan, aún más a los ciudadanos, motivando así a los cárteles para continuar con actividad delictiva.

Sin dejar de mencionar que Juan Camilo Mouriño, y José Luis Santiago Vasconcelos, no estuvieron exentos de las amenazas de muerte por parte del crimen organizado, ya que según revela José Ramón Santiago Sánchez, hijo del ex Subprocurador de la SIEDO, que días antes de la muerte de su padre, esté se sentía triste y decepcionado porque descubrió que algunos de sus más cercanos colaboradores estaban al servicio de los capos de la droga. Además de que decidió cambiar de domicilio a su familia y resguardarla con estricta vigilancia policiaca y militar, porque fue amenazado de muerte.

Si esto pasa con funcionarios del gobierno que persiguen a la delincuencia organizada, mucho más nos puede pasar a los ciudadanos comunes, que no contamos con ninguna protección o seguridad privada, y que estamos expuestos a ser víctimas potenciales del crimen organizado sin deberla ni temerla, y muestra de ello son las personas muertas y mutiladas en Morelia Michoacán, derivado de explosivos que fueron arrojados por sicarios a la multitud durante los festejos patrios del 15 de Septiembre, los civiles muertos y heridos que resultaron del avionazo en la Ciudad de México, y a estas víctimas se suman los 25 Jornaleros desaparecidos y en Sinaloa, presuntamente levantones realizados por el narco.

Todas las buenas intenciones e implementación de estrategias, para luchar, disminuir y frenar al crimen organizado y la corrupción, se pueden ver obstruidas por los vínculos financieros entre el poder público y la delincuencia organizada, evidentemente que la corrupción penetra en el ambiente institucional, permeando a las estructuras gubernamentales de mandos superiores, medios, operativos e intermedios. Esta situación implica tener un Estado Mexicano débil con vacios de poder, en donde las decisiones del aparato de gobierno, no son propias, porque obedecen a intereses de la delincuencia organizada, prevaleciendo un clima de impunidad, y permitiendo que los grupos criminales progresen y ganen terreno al gobierno.
Para terminar con la vulnerabilidad del estado, no se requiere de más reformas legislativas que se traduzcan en elevar penalidades para inhibir los ilícitos que comete la delincuencia organizada, se necesita combatir el alto nivel de impunidad, y eficientar el funcionamiento de las instituciones.

Para terminar con la también delincuencia institucional, y contribuir a consolidar el Estado mexicano, es necesario romper el pacto de impunidad que existe entre la delincuencia organizada y los funcionarios del gobierno, así como también hacer efectivo el sistema de rendición de cuentas de dichos funcionarios.

*Se ha desempeñado como asesor del Poder Legislativo de Chiapas, asesor de ONG’S y articulista invitado de las Revistas de circulación Estatal y Nacional “Diálogos en el Sur”, “Imagen Política de Chiapas”, y “Quehacer Político”.

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TERRORISMO FINANCIERO EN CHIAPAS

2009-02-03T15:42:00.000-08:00

Publicado: Septiembre 14 del 2008.

Por: Rafael Cruz Vázquez*

Llamadas intimidatorias, amenazas de embargo, y de ser boletinados al Buro de Crédito, hostigamiento a altas horas de la noche, insomnio, depresión, crisis nerviosas, en fin, todo un estrés en su máxima expresión, son algunas de las características que presentan, tarjetahabientes de las distintas instituciones financieras, bancos, tiendas departamentales, y demás, que al no poder pagar las respectivas mensualidades de sus deudas o créditos, viven en “Cartera Vencida”, y detrás de ellos el acoso de los despachos de cobranzas.

Los comisionistas de tiendas departamentales, bancos y financieras, continúan embaucando a cuanta persona se deje, con el gancho, de que pueden facilitar préstamos hasta en 48 horas, así también, el hecho de que con gran facilidad expiden tarjeta de créditos, y que con estas, pueden obtener efectivo en los cajeros automáticos, además de que el Costo Anual Total (CAT) de las mismas, tiene uno de los porcentajes más bajos en comisiones por su uso.

Sin embargo aunado a la crisis económica que atraviesa el País, el frecuente aumento de las gasolinas, el desempleo, la inflación en general; el mal uso de tarjetas bancarias, las compras compulsivas, adquirir artículos que no son de primera necesidad, el no leer las clausulas para la obtención de una tarjeta de crédito, son algunos factores, que ocasionan que las personas hoy en día, se encuentren angustiadas por encontrarse endeudadas y en condiciones de no poder pagar a las instituciones de crédito y tiendas departamentales.

Esta situación trae como consecuencia, que los bancos o tiendas departamentales, contraten despachos jurídicos de cobranza o agencias de recuperación de créditos, que operan indebidamente, sin respeto a código de ética alguno, tratan de obligar a los deudores a pagar, amenazándolos de diferentes formas, a través de cartas, oficios, donde les dan a conocer que si no cubren sus adeudos, les serán embargados bienes muebles e inmuebles, o al extremo de que pueden ir a la cárcel, y de que recogerán la mercancía o producto adquirido.

También coaccionan a las personas mediante llamadas telefónicas frecuentes en días festivos, fines de semanas e incluso en horarios nocturnos interrumpiendo el descanso de las familias, en la mayoría de las ocasiones los despachos de cobranza, tienen contacto con niños, con personas de la tercera edad, que por su condición a veces presentan cuadros clínicos de diabetes, alta presión, u otras enfermedades que se agravan por estas acciones de intimidación.

Se encuentra contemplado en nuestra Carta Magna, el fundamento legal que protege los derechos de los deudores, de todos estos tipos de abusos como es el caso del Art. 14, que a la letra dice: “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En ese sentido, también tutela dichos derechos, el Art. 16, que enuncia:”Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesión, sino en virtud de mandamientos escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de procedimiento.

Es evidente que nuestra legislación federal establece que previo al cobro judicial de un adeudo, es necesario un juicio ante los tribunales civiles o mercantiles en su caso y que cualquier cobro que se pretenda realizar con antelación, es extrajudicial, es decir sin juicio y sin respaldo legal de una autoridad.

Cabe hacer notar que la ley, no permite amenazar o ejercer ningún tipo de violencia para exigir el cobro a ninguna persona. De igual forma las autoridades deberán tener una sentencia en contra del deudor, requisito indispensable para exigir el cobro judicial.
En Chiapas, se pueden citar algunos despachos jurídicos de cobranza, contratados por algunas financieras, como es el caso de “Financiera Independencia” que para recuperar cartera vencidas, requiere de los servicios de la agencia de cobros hostigadora, denominada “Conexia”, de la misma manera que lo hace el despacho autodenominado “Procuraduría de Cobranza Judicial” que con sus acciones de usura, fraude y amenazas, trabaja para Banco Azteca y Elektra.

De igual manera, lo hacen las tiendas departamentales y empresa, como son C&A, que para obligar a sus clientes a pagar sus adeudos, tiene al “ Grupo Asis, grupo de Asistencia Jurídica, S.C“, cuyo representante es Rafael Gutiérrez Padilla, así también lo hace LIVERPOOL, con su departamento de cobranzas, emplaza a pago a sus clientes mediante notificaciones que contienen únicamente firma , omitiendo el nombre del responsable de la misma. Lo mismo hace TELMEX que amenaza a sus clientes, que de no liquidar sus adeudos, le proporcionará su histórico de no pago al Área Contenciosa Jurídica, representado por el “Grupo Impulsor de Cartera”.

No es un delito que despachos jurídicos de cobranza realicen su trabajo contratados por instituciones bancarias o tiendas departamentales, lo que puede considerarse un delito, es la manera de presionar al pago, no se debe permitir las amenazas al patrimonio, ser objeto de presión psicológica y maltratos. Estos métodos de cobranza no son legales y éticos, van contra los principios de la abogacía, y pueden en incurrir en delitos de daño moral, fraude, allanamiento e incluso extorsión o chantaje.

Estos tipos de abusos, pueden ser denunciados ante “La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), o en su defecto ante el Fiscal del Ministerio Público y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aún cuando se trate de instituciones privadas.

No se trata de fomentar la cultura del no pago, pero si frenar todo este “terrorismo financiero”, y dar a conocer a los deudores de los derechos que tienen, y que los ampara la ley.

La recomendación para los deudores, es que negocien su deuda directamente con las instituciones financieras o tiendas departamentales, no así con los despachos, ya que el objetivo es evitar que esta aumente, y en su momento hasta se puede llegar a pagar sin intereses, lo cual sería una buena negociación, así también es sugerente en caso de ser necesario, que soliciten asesoría a la CONDUSEF.

*Se ha desempeñado como asesor del Poder Legislativo de Chiapas, asesor de ONG’S y articulista invitado de las Revistas de circulación Estatal y Nacional “Diálogos en el Sur”, “Imagen Política de Chiapas”, y “Quehacer Político”.

laberinto_chis@hotmail.com cruz-vazquez@hotmail.com,
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R0MPER EL PACTO DE IMPUNIDAD ENTRE EL PODER PÚBLICO Y DELINCUENCIA ORGANIZADA.

2009-02-03T15:39:00.000-08:00

Publicado: Septiembre 10 del 2008

Por: Rafael Cruz Vázquez

Ejecuciones, secuestros, narcotráfico, lavado de dinero, corrupción en el ámbito institucional, son algunas actividades características de la delincuencia organizada, que internacionalmente, pero sobre todo en nuestro país afecta progresivamente desde hace mas de dos décadas a gobernantes y gobernados a tal extremo que esta prevalece sobre el principio de gobernabilidad.
Este flagelo tiende a rebasar a las instituciones del estado mexicano, y es tal el daño en la sociedad, que la misma, no demanda sino que exige la actuación de sus gobernantes para poner fin al crimen organizado,
Sin embargo, mientras no disminuyan los altos niveles de corrupción que sistemáticamente se originan de la acción u omisión del poder público durante el quehacer de gobernar, los grandes compromisos que contrajo el Estado Mexicano con los ciudadanos en cuanto a erradicar la violencia y el crimen organizado, no se concretaran, simple y lógicamente, porque aun sigue infiltrada la delincuencia organizada en los órganos de poder, dígase Ejecutivo, Legislativo o Judicial.
Todas las buenas intenciones e implementación de estrategias, para luchar, disminuir y frenar al crimen organizado y la corrupción, se pueden ver obstruidas por los vínculos financieros entre el poder público y la delincuencia organizada, evidentemente que la corrupción penetra en el ambiente institucional, permeando a las estructuras gubernamentales de mandos superiores, medios, operativos e intermedios, pero lo más preocupante es que se infiltra en los espacios de decisión política. Esto permite que prevalezca un clima de impunidad, en donde las decisiones del aparato de gobierno, no son propias, porque obedecen a intereses de la delincuencia organizada.
Se hace necesario precisar que desde el punto de vista jurídico se considera delincuente, a quien comete una acción u omisión contraria a la legislación vigente, lo cual nos indica, sin excepción, que si funcionarios públicos, incurren en esos considerandos, encubriendo y protegiendo a delincuentes que gozan o no de tener una investidura oficial, se convierten en delincuentes institucionales.
La falta de actuación, un deficiente sistema de rendición de cuentas del funcionario público, sin efectivos controles de decisión administrativa y judicial, y una ausencia de control de resultados por parte del estado, son sinónimo de un pacto de impunidad política con la delincuencia organizada.
Para terminar con este pacto de impunidad es necesario, terminar con la corrupción, privilegiando el principio de la división y equilibrio de poderes del Estado, otorgando facultades de vigilancia a un poder o a una institución que no dependa del Ejecutivo, para garantizar la independencia y la autonomía de la evaluación y fiscalización de los programas y políticas públicas, y el desempeño de servidores públicos, sobre todo en materia de seguridad.

*Se ha desempeñado como asesor del Poder Legislativo de Chiapas, asesor de ONG’S y articulista invitado de las Revistas de circulación Estatal y Nacional “Diálogos en el Sur”, “Imagen Política de Chiapas”, y “Quehacer Político”.

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¿LEGISLACION FORESTAL O PRESUPUESTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL EN CHIAPAS?

2009-02-03T15:35:00.000-08:00

Publicado: Agosto 18 del 2008.

Por: Rafael Cruz Vázquez*

Frenar el deterioro forestal, fomentar la protección, restauración, producción, ordenación, cultivo, manejo y aprovechamiento de los recursos forestales maderables y no maderables, que brindan servicios ecosistémicos en la Entidad.

Así como Fortalecer las capacidades municipales en materia forestal, mediante el establecimiento, operación y desarrollo del Servicio Forestal Municipal, son algunas de las consideraciones, contempladas en la exposición de motivos del proyecto de lo que será la nueva “Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para Chiapas”, que en breve aprobaran los legisladores locales.

Sin embargo, como desaciertos se consideran algunos cambios que se hacen notables en el mencionado proyecto de Ley, como el de suprimir el Capitulo II del Titulo de participación social de la Ley Forestal Vigente, es decir desaparecer la figura del , una instancia de real representación social del sector, lo cual implica que los dueños y poseedores de predios forestales, ejidos y comunidades, organizaciones sociales, instituciones de investigación científica, personas físicas y morales relacionadas con el sector, todos ellos tendrán limitada participación e injerencia en lo que respecta a eficientar, vigilar, y mejorar las acciones de las políticas públicas que buscan el desarrollo sustentable de los recursos forestales y la conservación del medio ambiente.

Es necesario ser congruente con el mandato de ese Ordenamiento Forestal en vigencia, y establecer el impulso y fomento de la participación social, mediante prácticas democráticas que propician la interacción de la sociedad con las diferentes instituciones de gobierno. Al abrir canales institucionales para la participación sobre todo comunitaria, se alcanzarán políticas públicas más consensuadas y por tanto más eficientes. De esta manera se evitará el centralismo institucional en la gestión de recursos forestales, en la autorización de permisos de aprovechamiento, en la asignación de presupuesto para los distintos proyectos del sector.

Cambios substanciales o no, lo cierto es que la tan anunciada Ley, ha generado expectativas en los dueños y poseedores de recursos forestales, así como en la sociedad que percibe a esa normatividad, como una esperanza para evitar la desforestación, la tala clandestina, y el desarrollo forestal en Chiapas.

Pero por más innovadora que sea una ley, y contenga buenas intenciones, no basta, sino se destinan recursos financieros que permitan hacer operable la misma, establecer o perfeccionar los sistemas administrativos de las instituciones del sector que tengan un alto grado de descentralización, sectorización y participación social. El problema no es la funcionalidad de la Ley, sino la falta de su aplicación.

Aun cuando el gobierno federal ha considerado el tema del deterioro de bosques y selvas, como un asunto de Seguridad Nacional, implementando su política de “Cero Tolerancia a la Tala Ilegal”, no ha dado el resultado esperado, por falta de recursos para implementar los operativos necesarios para combatir y desarticular las bandas organizadas de “talamontes”.

Y como lograr este objetivo, si tan solo en este año, del Presupuesto total de Egresos de la Federación que asciende a 2 billones 569 mil 450.2 millones de pesos, el Ejecutivo Federal asignó para el apartado de gestión ambiental y recursos naturales 39 mil 64 millones de pesos que equivale al 1.5 %, cantidad por demás paupérrima e insuficiente que reduce la atención por parte de los programas gubernamentales y las acciones prioritarias y estratégicas para la sustentabilidad de los recursos naturales, tales como Inspección y Vigilancia, el cuidado de Áreas Naturales Protegidas, y el Manejo Forestal Sustentable de Comunidades y Ejidos, aún cuando este último, representa la mejor alternativa para detener la desforestación de bosques y selvas del país, aliviar la pobreza de los aproximadamente 13 millones que habitan en estos, mitigar el cambio climático, entre otros beneficios.

Así también en los presupuestos de egresos o gasto publico de los Estados de la República, el tema ambiental ha quedado muy relegado a pesar de los esfuerzos de los gobiernos estatales, como es el caso de Chiapas, que de 40 mil 873 millones a que asciende su presupuesto estatal de egresos en el 2008, únicamente dispone de 120 millones 43 mil pesos para la gestión ambiental y desarrollo sustentable, lo cual representa el 0.3 % del gasto público total.

No sólo se trata de escases de recursos, sino también de combatir y terminar con la negligencia y corrupción de los servidores públicos del sector forestal, que sin lugar a dudas, también, son responsables de permitir que crezca el índice de delincuencia ecocida , tal situación es violatoria de la ley forestal vigente, correspondiente al Título V, Capitulo II, en sus artículos del 102 al 117.

Sin dejar de reconocer la buena intención del Gobierno de Chiapas, más que abrogar una Ley, y crear una nueva, cuyo contenido incluirá los mismos instrumentos de la política estatal forestal, que son parte fundamental de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable Para el Estado de Chiapas, aún vigente. Definitivamente se requiere hacer cumplir la legislación actual o la que entrará en vigencia; por lo que se hace necesario que los gobiernos en sus distintos ámbitos de responsabilidad, le destinen suficiente recursos financieros al sector forestal y medio ambiente, lo que es sinónimo de cumplir con los mandatos de dicha Ley, garantizando así una gestión del desarrollo forestal y conservación de los bosques y selvas de la entidad.

*Se ha desempeñado como asesor del Poder Legislativo de Chiapas, asesor de ONG’S y articulista invitado de las Revistas de circulación Estatal y Nacional “Diálogos en el Sur”, “Imagen Política de Chiapas”, y “Quehacer Político”.

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ESCASA VIGILANCIA, Y CORRUPCIÓN, AFECTAN A LOS BOSQUES Y SELVAS DE CHIAPAS

2009-02-03T15:30:00.000-08:00

Publicado: Agosto 02 del 2008

Por: Rafael Cruz Vázquez*

Chiapas, cuenta con una superficie forestal de 5 millones 148 mil 104 hectáreas, de las cuales se pierden más de 60 mil hectáreas anuales entre bosques y selvas, lo cual representa un 16.2 % de la deforestación nacional, siendo diversas las causas que originan estas pérdidas, dentro de las que destacan la falta de vigilancia, cambios de uso de suelo, actividades ilícitas y la corrupción.

La entidad desde hace décadas ha sido embestida por la tala clandestina e inmoderada, y en consecuencia un deterioro enorme en su superficie arbórea que representa uno de los importantes pulmones naturales del mundo. Y esto ocurre bajo la complacencia de las instituciones federales y estatales encargadas de velar por el desarrollo y conservación de los recursos naturales, quienes ante tal situación no oyen, ni escuchan el clamor de los Chiapanecos, ni de organismos nacionales e internacionales que luchan por la conservación del medio ambiente, sino al contrario brindan las facilidades necesarias a los depredadores forestales.

La falta de vigilancia, por parte del gobierno federal y del estado, para combatir a los talamontes, hace vulnerable a los bosques de Chiapas, ya que día con día se les facilita la tala ilegal y el tráfico de madera.

No solo se trata de una escases presupuestal, por parte de La federación y el estado, para tener mayor infraestructura material y humana al servicio de la protección ambiental, sino que también se requiere de la aplicación de la legislación en la materia o en su defecto de reformas que se hagan a la misma, de tal forma que no existan limitantes para llevar a cabo actos de autoridad.

Ante tal situación, el gobierno estatal, con previas reformas a su legislación local, y dentro de los convenios de colaboración con el Gobierno Federal, debería analizar la posibilidad de crear “una policía ambiental armada”, que por cierto en algunos países y estados de la República ya existen. Y haciendo una excepción de la austeridad institucional, puede sectorizar parte de la Policía Estatal para tal propósito y capacitar a quienes tengan mejor nivel académico, en acciones de Inspección y Vigilancia Forestal, y en el combate frontal a ilícitos forestales, otorgándole a esta policía de elite ambiental, mejores salarios, para no hacerlos endebles a la corrupción.

De acuerdo a estadísticas de la SEMARNAT en Chiapas, que no son totalmente confiables, en el 2007, autorizó mas 37 hectáreas para cambio de uso de suelo, para la expansión de terrenos agrícolas o para asentamientos de núcleos de población, situación que origina daños a la superficie forestal del estado y al medio ambiente. Por ello, se hace necesario cambiar esta práctica, y optar por la reconversión productiva, estableciendo cultivos que restauren zonas degradadas, y que a corto o mediano plazo generen ingresos al productor, como es el caso de las plantaciones forestales con fines comerciales, que reditúan importantes ingresos.

Habría que preguntarse, qué pasa con las funciones que vienen realizando las dependencias del gobierno del Estado y Federal , encargadas de la Protección Ambiental, como es el caso de la dirección de Protección Forestal del estado, que pertenece a la Comisión Forestal Sustentable del Estado de Chiapas (COFOSECH),y la Procuraduría Federal de Protección al ambiente, la primera funcionando con 15 inspectores Forestales, y la segundo con 26 inspectores Federales, sin embargo es tan constante la tala clandestina, que la misma Delegación en Chiapas de la Cámara Nacional de la Industria Forestal, han solicitado la intervención del estado para frenar este ilícito, que está afectando la economía de sus agremiados por los precios bajos del producto forestal en el mercado negro, lo cual les propicia una competencia desleal, y los más grave, el deterioro del medio ambiente.

Se hace necesario erradicar la corrupción y desconfianza que se viene suscitando en estas dependencias, que por siempre han estado cuestionadas en su actuación, por ello es sugerente que la sociedad participe y denuncie los ilícitos en que incurren funcionarios públicos, desde los titulares de cada una de las dependencias (Protección Forestal del Estado de Chiapas y Delegación PROFEPA) hasta subordinados, para efecto de que la Contraloría General del estado, y la Secretaría de la Función Pública Federal, investiguen sobre el patrimonio actual de estos funcionarios para detectar si han incurrido en desviación de recursos de sus dependencias o han aprovechado los cargos que ostentan para enriquecerse ilícitamente u obtener beneficio alguno.

La corrupción en el sector público, es uno de tantos factores que más lesionan al sector forestal en el país y en el mundo, se entiende por corrupción la utilización ilegal de un cargo público por los políticos o funcionarios para obtener un beneficio propio. En determinadas circunstancias, la corrupción es fácil detectar, pero puede resultar más difícil de controlar y sancionar, porque quienes la cometen tienen más poder político para mantenerse en la impunidad e inamovibles de sus cargos públicos.

Ejemplos claros de corrupción en el Sector Público, son: <>, previa entrega de dadiva alguna al funcionario de la dependencia, por parte del interesado o beneficiario, un caso más a citar, es el , diagnosticando arboles plagados que no son aptos para saneamiento, y por su condición, resuelva que son viables para aprovechamiento, aun cuando sea todo lo contrario.

Otro acto de corrupción, se da cuando el funcionario de gobierno tiene conocimiento de que se provocaran incendios en determinado predios forestales, realizado por el mismo propietario o poseedor del recurso maderable, y para posteriormente, este dar respuesta positiva a la solicitud del afectado por el incendio, en el sentido de que puede aprovechar la madera muerta, saldo que ha dejado el siniestro.

En muchas ocasiones, las actividades ilícitas se producen por la incapacidad del gobierno para hacer cumplir la Ley. Dentro de las actividades ilícitas forestales, cometidas por particulares o propietarios de bosques, destacan: <>, aprovechar especies forestales en “Status” o en peligro de extinción, extraer un mayor volumen de madera del autorizado, realizar aprovechamiento forestal fuera de los limites que contempla el respectivo plan de manejo forestal, explotar áreas naturales protegidas, etc.

Como parte de su política ambiental, en el presente año el Gobierno Federal dispuso aplicar recursos de forma sectorial, por la cantidad de 29 mil 802.3 Millones de pesos, lo cual no se ve reflejado en la operatividad de las dependencias del sector, tales como SEMARNAT, CONAFOR, PROFEPA, CONAGUA, etc.

Si eso ocurre en ese nivel, seguirá pasando lo mismo con el gobierno del Estado y los Municipios de la entidad Chiapaneca? ¿Cómo se podría reducir la desforestación en el estado de Chiapas, y fomentar el desarrollo sustentable de sus recursos naturales?, sin olvidar que mas 350 mil hectáreas de Bosques y selvas se pierden anualmente en la República Mexicana, en tanto que a nivel mundial 7.3 millones de hectáreas al año.

*Se ha desempeñado como asesor del Poder Legislativo de Chiapas, asesor de ONG’S y articulista invitado de las Revistas de circulación Estatal y Nacional “Diálogos en el Sur”, “Imagen Política de Chiapas”, y “Quehacer Político”.

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RECURSOS PARA EL AGRO DE CHIAPAS…BOTÍN DE LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS

2009-02-03T15:25:00.000-08:00

Publicado: MAYO 21 DEL 2008

Por Rafael Cruz Vázquez*

A principios de este año, durante sus visita a Chiapas, Alberto Cárdenas Jiménez, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo, Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), anunció la inversión de 2 mil 436 millones de pesos para el campo Chiapaneco entre recursos federales y del estado.

Este anuncio, propicio evidentemente que la mayoría de las Organizaciones Campesinas con presencia nacional y local, se trazaran como un fin la consecución en lo más posible de estos recursos, seguramente con la bandera de que coadyuvarán con el gobierno a detonar el desarrollo económico y social del sector en la entidad.

Es necesario precisar que los programas del gobierno federal y del estado, no son absolutamente eficaces o eficientes ante la ausencia de una estrategia integral de desarrollo, y los recursos para la activación de los mismos, se han convertido en la mayoría de los casos, en un fin en sí mismo y no en un medio para el logro de los objetivos que, al menos sobre el papel, plantean recurrentemente las organizaciones campesinas.

Bajo esta óptica, gran parte de las organizaciones campesinas, reconocen en los programas sociales del gobierno, como “el gran objetivo o botín”. De esta forma confirmamos que la “justicia social”, es supeditada a los intereses “de grupo” sin omitir los fines partidistas y electoreros.

Para poder ser beneficiadas las organizaciones, tienen como reto, cumplir, aún con simulaciones, los requisitos y condiciones que establece la normatividad vigente de cada programa institucional, al extremo que para lograr su propósito, recurren al chantaje, cohecho, soborno, y hasta amenazas de manifestaciones masivas, como medida de presión para lograr su cometido.

Si bien es cierto que las organizaciones campesinas han incurrido en esta clase de prácticas, la responsabilidad no solamente es de estas, sino del gobierno mismo al meterlas en la dinámica del clientelismo político, asignándoles año tras año prebendas o recursos financieros que les permita su existencia y subsistencia, para cumplir con su cometido, como es el responder a intereses particulares, respaldar políticas públicas del gobierno en turno, captar el voto rural, ganar posiciones en el congreso local, federal, en la administración estatal, o en ayuntamientos, que en resolver los problemas reales del campo.

Tan solo en el 2007, el Gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, otorgó a las organizaciones campesinas a través de la Secretaria del campo, un techo financiero por 183 millones de pesos, destacando por la enorme asignación de recursos la Central Independiente de Obreros Agrícolas, y Campesinos(CIOAC) con un monto de 43 millones de pesos, La Confederación Nacional Campesina (CNC), con 26 millones de pesos, La Coordinadora de Organizaciones Autónomas del Estado de Chiapas (COAECH) con 24 millones de pesos, La Confederación Independiente de Organizaciones, Asociación Civil (CIO-A.C), con 10 millones de pesos, La Coalición de Organizaciones para el Desarrollo Sustentable del Estado de Chiapas (CODESCH A.C) con 8 millones de pesos, entre otras.

Habría que ver si existe un censo preciso, para saber con cuantos militantes cuentan las organizaciones campesinas, porque existe la sospecha que los datos que proporcionan estas, son inconsistentes y contradictorios, o cual será el criterio que utiliza el gobierno para asignarles recursos.
Una realidad que viven las organizaciones campesinas, es que sus padrones de productores han ido disminuyendo, por el hecho que hace dos décadas predominaba el sector agropecuario, hoy tenemos a una sociedad rural en donde la agricultura es la actividad menos importante, en términos de la población económicamente activa, pues coexisten con este sector otras actividades económicas, que representan ingresos para los hogares chiapanecos.

La situación ha cambiado de forma drástica, que estadísticamente podemos concluir que el 31% de los hogares son campesinos, en tanto que el 69% no lo son.

La globalización hoy en día, ha forzado a las organizaciones campesinas a profesionalizar sus cuadros operativos e incluso a burocratizar su estructura, así que con la aplicación de los recursos gubernamentales que año tras año se disputan las distintas organizaciones en Chiapas, aparentemente estas se fortalecen, pero más bien son los lideres los que adquieren mayor poder, mientras sus bases se debilitan y se alejan, en la medida en que no se construyen organizaciones productivas sólidas, capaces de ofrecer una alternativa viable para la sociedad rural.

Las organizaciones campesinas en el estado y en el país, han perdido su capacidad de influir en las políticas públicas del gobierno, por eso se ven reducidas a jugar el papel de ejecutores de las decisiones tomadas por el ejecutivo. Y si no lo hacen se ven desplazadas por el trabajo de las ONG´S, ó los despachos de proyectos al servicio de los gobierno federal y estatal.

Mas que meterse en el estire y afloje para captar el financiamiento necesario para apoyar a sus agremiados, las dirigencias de las organizaciones, deberían construir acuerdos y consensos entra las mismas para presentar al gobierno estatal Y Federal, una propuesta que permita el desarrollo real del agro chiapaneco, y no solamente ser ejecutores de políticas públicas; para que no quede en estadísticas y números alegres que de manera mediática festeja el gobierno, respecto a los logros alcanzados en el sector, ya que la disminución de la participación del campesinado en el Producto interno Bruto Agropecuario PIB, es por demás evidente.

*Se ha desempeñado como asesor del Poder Legislativo de Chiapas, asesor de ONG’S y articulista invitado de las Revistas de circulación Estatal y Nacional “Diálogos en el Sur”, “Imagen Política de Chiapas”, y “Quehacer Político”.

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EL NARCO SE MOFA DE LA INEPTITUD POLICIACA EN CHIAPAS

2009-02-03T15:20:00.000-08:00

Publicado: Julio 6 del 2008

Por: Rafael Cruz Vázquez*

Es evidente que para el gobierno federal, las fronteras norte y sur del país, son prioridad en el combate al narcotráfico, y delincuencia organizada, así también el hecho de que las corporaciones policiacas de los estados del norte estén en un proceso constante de Capacitación y adiestramiento, respecto al combate al crimen organizado, a diferencia de los del sur, en particular el estado de Chiapas, que son vulnerables, al no contar con el adiestramiento necesario, y carecer de instrumentos suficientes de información e inteligencia, y de infraestructura para combatir el narcotráfico.

Independientemente que el narcotráfico es un delito federal, y no es competencia directa del gobierno del estado de Chiapas para combatirlo, sin embargo es necesario que este, dentro del ámbito de coordinación con el gobierno federal, solicite que se capacite a sus policías estatales en la persecución, y combate a estos ilícitos.

La actuación de la policía estatal en el combate al narcomenudeo y el crimen organizado debe hacerse con responsabilidad, dentro del marco de colaboración con los órganos de las policías federales, y del mismo Ejercito mexicano, de tal manera que previa concertación entre las instituciones participantes, se definan estrategias y mecanismos para hacer eficiente la lucha contra el flagelo social, también llamado narcotráfico.

El reflejo de las deficiencias de las policías locales y sus mandos jerárquicos, se hizo notar el mes próximo pasado en la cabecera municipal de Villaflores, Chiapas, en el enfrentamiento que sostuvieron 200 elementos de la Policía Estatal Preventiva e incluso del Ejercito Mexicano contra cuatro narcotraficantes del Cartel de los Valencia, especializados en el trafico de metanfetaminas, que después de dos días de combate armado, lograron someter a dos de los cuatro del grupo criminal, pues los otros dos murieron en el intercambio de disparos, según comunicado de la policía estatal, dos días después la Procuraduría general de la República, dio a conocer que los sicarios se habían suicidado para no ser aprehendidos vivos por la policía.

En tal enfrentamiento se destacó la utilización de armamento sofisticado por parte de los narcotraficantes, ya que a pesar de que la policía, y militares los superaban en número, estos se resistieron varias horas.

Tal es la ineptitud con que actúa la policía local, que después de asegurar la casa de seguridad, donde se realizó el enfrentamiento entre presuntos narcos, policías, y militares, estos no realizaron las diligencias judiciales correspondientes, no aseguraron las evidencias que se encontraban al interior de la casa, además que los habitantes del lugar entraron a la vivienda y saquearon objetos de su interior.

Otros de los errores de las instituciones policiales, se manifestó en el protagonismo, falta de planeación y coordinación en el decomiso de dos toneladas de cocaína realizado el mes pasado por policías ministeriales del Ministerio de Justicia del estado de Chiapas. Y que después de transcurridos diez días del aseguramiento de la droga, resultó que no era cocaína, sino lactosa, de acuerdo a un comunicado emitido por la misma dependencia de justicia.
Y es que el pasado 23 junio frente a reporteros de medios impresos de comunicación, y televisoras nacionales y locales, Amador Rodríguez Lozano, Ministro de justicia del Estado de Chiapas, emocionado, dio a conocer en conferencia de prensa que la incautación lograda, fue resultado del trabajo de inteligencia desarrollado por la policía ministerial.

Dijo “se trata de uno de los decomisos más importantes de esta droga en los últimos años, y fue producto de la detención de siete personas en una casa de seguridad, ubicada al oriente de esta Ciudad capital de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”, droga que al parecer sería enviada a la organización criminal del “Mayo Zambada”, y al Cartel de Sinaloa.

Este tipo de actuaciones, ante la sociedad mexicana, y sobre todo ante la Chiapaneca, es por demás irresponsable, y exhibe la incapacidad de las instituciones en materia de seguridad y procuración de justicia en la entidad, y deja en tela de duda la capacidad y honestidad con que se conducen los funcionarios.

La interrogante quedará por siempre, ¿la cocaína, la cambiaron por lactosa?, ¿en manos de quien o quienes quedaran los 1600 millones de pesos aproximados de ganancias? ¿Por qué a los diez días de la incautación de la droga dan a conocer que se equivocaron, y que no es enervante sino lactosa? ¿Existe corresponsabilidad de la Procuraduría General de la República? ¿Fincaran sanciones a funcionarios del estado y federales por estas equivocaciones?.

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CHIAPAS: PUENTE DEL NARCOTRAFICO Y CRIMEN ORGANIZADO

2009-02-03T15:05:00.000-08:00

Publicado: Mayo 9 del 2008

Por: Rafael Cruz Vázquez*

Aunado a la crisis en el campo Chiapaneco que no es mitigada ni con todo el manejo mediático de programas gubernamentales de apoyo y combate a la pobreza en el medio rural, también se acentúa el desempleo en el medio urbano de las regiones y municipios de Chiapas, ya que al no existir industrias en el estado que generen empleos, el sector público se convierte en una de las principales alternativas de empleos para algunos, pero no para la mayoría de los chiapanecos.

Si bien es cierto que el crecimiento económico y el empleo, no son factores determinantes para resolver el problema del narcotráfico en Chiapas como en otros estados del país, si es en buena medida significativo para atenuarlo.

Sin embargo los datos estadísticos de la delegación del INEGI, establece que en Chiapas la tasa de desempleo es de 43%, contradiciendo de esta manera a Samuel Toledo Córdova, Secretario del trabajo en la entidad, quien da a conocer que el nivel de desempleo es el 2.6%. Esta situación es caldo de cultivo para el crimen organizado, y el narcotráfico en su modalidad de Narcomenudeo.

El 26 de junio se conmemora el día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, pero en nuestro país, y en Chiapas, poco hay que celebrar en el marco de ese día, pues el narcotráfico ha ganado terreno a las corporaciones policíacas dedicadas al combate a este mal que aqueja a la sociedad Chiapaneca, los programas de seguridad han sido insuficientes, por lo que las bandas del narcotráfico han ramificado sus operaciones en la línea fronteriza con Guatemala.

En esta entidad, se ha detectado el flujo de la droga por varios puntos, principalmente de la cocaína, siendo las vías de paso las redes carreteras de la Costa, Centro, y Altos, así como por la vía fronteriza y el traslado marítimo por los balseros del río Suchiate.

Cabe destacar que el narcotráfico ha infiltrado a las policías locales en algunos municipios del estado de Chiapas, ya que según fuentes oficiales se ha detectado que grupos de sicarios han sido investidos de policías municipales y han participado de manera directa en ejecuciones y secuestros, y también son los encargados de controlar el paso de cargamentos de drogas en los sitios en donde operan.

Los grandes carteles mexicanos del narcotráfico que se disputan el territorio nacional, como son el cartel del Golfo y Sinaloa, se han posesionado del sureste mexicano, convirtiendo a este en ruta de recepción, producción, distribución y ventas de enervantes, sobre todo las poblaciones de Ciudad Cuauhtémoc, Puerto Madero, Ciudad Hidalgo, y Tapachula.

Es tal la guerra sin cuartel entre carteles y las fuerzas del ejército y corporaciones policíacas, que los saldos son alarmantes, en varios estados de la república, ya que tan solo la primera semana del mes de mayo el número de muertos asciende a más de 50 muertos entre narcotraficantes y mandos policíacos , sumando a ello que el mes próximo pasado, de cuatro, dos elementos de la policía estatal de caminos, fueron ultimados a metralla, y dos heridos, por sicarios en el municipio de pueblo Nuevo Solistahuacan, Chiapas, así también en el municipio de palenque un enfrentamiento entre el ejército, y un comando armado al servicio del grupo denominado “Zetas”, que dejó un saldo de un sicario muerto, cinco heridos, y dos militares muertos.

No obstante esta disputa por el control del mercado de la droga, la han internacionalizado, desde el momento que han trasladado su sangrienta lucha a Guatemala, en donde buscan dominar las principales rutas de tráfico desde Sudamérica, utilizando a Chiapas como Puente de trasiego de droga a Estados Unidos.

El narcotráfico es una de las empresas transnacionales que más ganancias reditúa en el mundo, las cifras que mueve son realmente increíbles, tan altas como las de la industria del petróleo, pero no es solo un redituable negocio, es un mecanismo de control político-social, que penetra e invade el poder público.

La realidad es que la política antidrogas del ejecutivo federal, no va a terminar con el narcotráfico, realice los operativos que realice, pues las acciones de procuración de justicia encaminadas a interceptar y erradicar el narcotráfico en países productores o de transito, nunca impactará las ganancias ni las células de comando y control de narcotraficantes, por una lógica comercial: el valor real del mercado se encuentra en las cadenas de distribución de mayoreo a menudeo, en los mercados consumidores y en los procesos de blanqueo de capital. Mientras no se ataquen frontalmente las cadenas de distribución en los mercados de consumo, y las cadenas de lavado de dinero, no se podría afectar de manera sustancial los intereses del narcotráfico
Lo que no se puede pasar desapercibido, es que Gobierno Federal, está logrando uno de sus objetivos trazados, como es el de incursionar con toda la ofensiva militar en algunos Estados, de esta manera romper toda relación del poder político local que en el pasado estuvieron vinculados con redes de corrupción y narcotráfico.

De lo que podemos estar seguros que las estructuras del narcotráfico han pasado de la operatividad vertical a redes operables de forma horizontal, es decir que existen muchas cabezas que dirigen y amplían su marco de acción delincuencial, por lo que cada día son más difíciles de combatir, y si no se rompen las cadenas de relación creciente entre el poder político y el narcotráfico a nivel local, tendremos una situación muy compleja.

*Se ha desempeñado como asesor del Poder Legislativo de Chiapas, asesor de ONG’S y articulista invitado de las Revistas de circulación Estatal y Nacional “Diálogos en el Sur”, “Imagen Política de Chiapas”, y “Quehacer Político”.

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CHIAPAS NECESITA REFORMAR SU LEGISLACIÒN PENAL

2009-02-03T14:54:00.000-08:00

Publicado: Marzo 24 del 2008

Los preceptos jurídicos del Código Penal de Chiapas, son obsoletos

Controversias genera la legislación local, por contener “Delitos de Corte Político: Incitación a la Violencia, Sedición, Motín, y Rebelión

La Ley de Sentencia Suspendida en Chiapas, para la liberación de Presos Políticos, es sinónimo de “ libertad a medias

Por: Rafael Cruz Vázquez*.

No basta con muestras de actos de voluntad política y generosidad del Gobierno de Chiapas, que se traduce en la liberación de presos políticos, mediante “La Ley de Sentencia Suspendida”, cuyos alcances jurídicos son limitados e implican una libertad a medias, no basta con reconciliarse con las Organizaciones Sociales de Chiapas; sino que es necesario contar con un Orden Jurídico Penal que no contravenga los derechos humanos de los individuos y los instrumentos internacionales de derechos humanos, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El Código Penal de Chiapas contiene muchos de los conceptos generales de justicia penal del ámbito federal; enfatiza los derechos de la sociedad, y no en los del individuo como tal, penaliza la mayoría de las formas de disentimiento político, califica ambiguamente como delitos conductas como manifestaciones publicas, que son garantizadas en nuestra Carta Magna.

Ha generado controversias el Código por contener los denominados “Delitos Políticos”, tipificados como, rebelión, sedición, motín, e delito creado recientemente por el ejecutivo en turno, los cuales fueron establecidos para prohibir la disensión política, y la protesta social.

Así mismo ha ocasionado controversias “La Ley de Sentencia Suspendida” que fue creada y aplicada por en su momento para la liberación de Presos Políticos por los Gobernadores de Chiapas Javier López Moreno, Patrocinio González Garrido, y Pablo Salazar Mendiguchía, y hoy por el Gobernador Juan Sabines Guerrero, sin embargo pareciera que dicha Ley, es sinónimo de perdón o indulto, pero no concluye el proceso penal, ni libera el señalamiento de culpabilidad.

El beneficiado con la Ley de Sentencia Suspendida recupera su libertad, pero el proceso que se le sigue no se suspende, únicamente interrumpe la detención del procesado hasta en tanto se dicta sentencia, pero si la sentencia resulta condenatoria, este pudiera ser reaprehendido.

Los preceptos jurídicos del Código penal de Chiapas, se encuentran obsoletos o retrasados con relación a las exigencias de una sociedad moderna, por eso es necesario que la legislación en comento sea revisada y ajustada a los tiempos actuales.

El sistema penal en Chiapas desde siempre se fue apartando de los criterios y principio del estado democrático de derecho, a tal grado que se fue cayendo en un sistema autoritario, porque en lugar de ser utilizado como un instrumento para proteger debidamente a los derechos ciudadanos, se fue convirtiendo en un instrumento de dominación y de sujeción del hombre frente al Estado.

Es necesario reformar y modernizar la legislación penal en Chiapas, lo cual llevaría a crear un nuevo Código Penal y un nuevo Código de Procedimientos Penales, que responda tanto a la idea de la modernidad como a la necesidad de satisfacer las expectativas actuales de la sociedad.

La reforma penal no puede basarse en un simple cambio de palabras, a unos cuantos artículos de Ley, o un incremento de las figuras delictivas y de las penas, obedeciendo a situaciones coyunturales; mucho menos puede limitarse a la simple inclusión de mecanismos que no tengan mas finalidades, que la de flexibilizar las exigencias legales para posibilitar una actuación, menos controlada del órgano persecutor, sin importar las garantías Individuales.

Para llevar a cabo la reforma a la legislación penal del estado, es necesario la realización de un diagnostico de la realidad social de Chiapas, de la realidad del fenómeno delictivo y de sus causas, y por supuesto la realidad del sistema penal chiapaneco.

También es necesario ver si la legislación que pretende entrar en vigencia se adecua o no a los principios y criterios de la Carta Magna, de los Instrumentos Internacionales y Pactos Civiles y políticos de derechos humanos, y finalmente debe tenerse la convicción de que la nueva legislación realmente represente una alternativa mejor.

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INVIABLE APLICAR EL DERECHO PENAL A LA PROTESTA SOCIAL

2009-02-03T14:41:00.000-08:00

Publicado: Febrero 18 del 2008

Por: Rafael Cruz Vázquez*

En Chiapas, como en otros estados del País y del mundo, “Protesta Social “ en sus diferentes manifestaciones, es un derecho, y el ejercicio de la misma como indispensable en una sociedad realmente democrática, que implica el goce de garantías civiles y políticas, tan trascendentes como las libertades de expresión, asociación, reunión y manifestación, así como el derecho a la información.

La reciente reforma al Código Penal de Chiapas, aprobada por el Congreso del Estado de la LXIII Legislatura local, que consiste en la adición del artículo 378 Bis, que enuncia: “Al que por cualquier medio de manera pública o privada incite a la violencia o a cometer un delito, o haga la apología de éste o de algún vicio, se le impondrá prisión de seis meses a tres años, y multa de diez a 50 días de salario".

Tal agregado a la legislación penal del Estado que se tipifica como “Delito de Incitación a la Violencia”, ha provocado reacciones en diferentes sectores y gremios de la entidad, como es el Magisterio, Organizaciones Campesinas y estudiantiles, y demás sindicatos organizados, entre muchos otros que tienen como practica la movilización y protesta social, como una forma de manifestar su inconformidad por la falta de atención e inadecuadas políticas publicas de los gobiernos en sus ámbitos federal, estatal y municipal.

Es evidente que el bien jurídico tutelado en esta nueva figura penal, es “El Orden Público”, por lo que existe temor fundado por parte de los grupos sociales organizados e incluso, aunque de forma aislada, de trabajadores de los medios de comunicación, reporteros y periodistas. Toda vez, que tentativamente cualquier manifestación que obstruya una circulación vial, tome simbólicamente oficinas públicas, o simplemente realice una marcha para presionar legítimamente a las autoridades a escuchar sus peticiones, podría ser considerado un “Delito de Incitación a la Violencia”.

Así como presumiblemente el hecho de que algún trabajador de determinado medio de comunicación local sea responsable de la publicación o artículo, cuyo contenido haga “Apología de un Delito”, es decir que de crédito o exteriorice el presunto delito o acto punitivo mediante medios electrónicos o escritos.

La modificación al Código Penal de Chiapas, se podría prestar a ambigüedades, pues se pueden confundir los delitos, y se dejaría al ministerio de Justicia en la Posibilidad de interpretarlos a conveniencia, lo que podría derivar en acusar de “Incitación a la Violencia” a manifestantes que enarbolan demandas legítimas.

La protesta social es un derecho inalienable ciudadano, pero ese derecho es incompleto, cuando no provoca cambios reales o impacto alguno, cuando no es escuchada por el gobierno y por ello, quienes se manifiestan socialmente, tienden a endurecer el tipo protesta, pues es complicado que una manifestación la realicen en orden los inconformes, sin afectar en lo mas mínimo o causar molestia alguna, cuando traen la predisposición de presionar, porque no existe voluntad de las instituciones para resolverles sus demandas.

El gobierno debe saber tolerar y oír la protesta, para no caer en la tentación de penalizarla, sino ¿Cómo ejercer el derecho a la protesta y libertad de expresión sin estar considerado dentro del Delito de Incitación a la Violencia?

El Código Penal, es una herramienta que tiene el gobierno para usarla en aquellos delitos, mas de corte individual, la aplicación de este, no es la respuesta que le tienen que dar a las acciones colectivas que se derivan de las protestas sociales,

La función del sistema judicial de Chiapas y por supuesto de nuestro país, no es resolver conflictos sociales generados por la protesta social, por el contrario se requiere cada día ampliar los espacios de decisión política, porque la que motiva esta, tiene que ver con el incorrecto quehacer-político administrativo del gobierno, por lo tanto las soluciones son políticas, no son soluciones de derecho, es decir de aplicación de la legislación penal.

*Se ha desempeñado como asesor del Poder Legislativo de Chiapas, asesor de ONG’S y articulista invitado de las Revistas de circulación Estatal y Nacional “Diálogos en el Sur”, “Imagen Política de Chiapas”, y “Quehacer Político”.

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PROCEDE REVISIÓN A CAPITULO AGROPECUARIO DEL TLCAN

2009-02-03T14:33:00.000-08:00

Publicado: Enero 27 del 2008

Por: Rafael Cruz Vázquez*

Ante la entrada en vigor del Capitulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos de Norte América y Canadá, que evidentemente perjudica a los Campesinos de México al entrar al País productos subsidiados, libres de aranceles en su importación, tales como Maíz, fríjol, leche en polvo y azúcar, cuyos precios en el mercado están por debajo de sus costos de producción, a diferencia de los que se producen en México. Y al considerar que existe una competencia desleal entre un País y otro, respecto al acuerdo comercial, así como la violación a varios artículos de nuestra Carta Magna, jurídicamente es procedente la revisión y renegociación del Tratado de Libre Comercio.

Es lamentable que los legisladores federales que representan al pueblo de México, quienes en un principio habían acordado presentar un punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder ejecutivo a revisar y renegociar el tratado de Libre Comercio con el propósito de evitar la inconformidad generalizada de productores y organizaciones campesinas. De última hora, estos solicitaron al ejecutivo la instalación de una mesa de dialogo con organizaciones campesinas para determinar la viabilidad de dicha revisión, lo cual representa congelar la discusión del tema en el congreso de la Unión, que trae como consecuencia cada día mas descontento en las calles y ante las dependencias gubernamentales.

El Presidente de México Felipe Calderón Hinojosa recientemente anuncio que destinará 200 Mil Millones de pesos al sector agrícola, sin embargo ningún aumento presupuestal, ni cambio en las políticas hacia el Campo tendrán efecto ni sentido si no se hace frente urgentemente a las nocivas, desiguales, desleales e ilegitimas practicas comerciales norteamericanas que violan nuestra constitución, las reglas internacionales de comercio y el propio Tratado Comercial.

Los “Tratados Internacionales” que estén de acuerdo con la Carta Magna de este País, serán asimismo Ley Suprema, son equivalente a Leyes, siempre y cuando se celebren con aprobación del Senado de la república. Lo que no sucede con el actual tratado comercial que contraviene en gran parte a nuestra Constitución Política, razón de sobra para iniciar una revisión y renegociación

Jurídicamente cualquier tratado o convenio internacional es revisable, si los gobiernos firmantes así lo deciden, nada impide que las partes involucradas en la firma de un tratado se sienten en la mesa de negociaciones para revisar cualquier tema que les este causando daños.

Entre las bases legales para la revisión y negociación del “Tratado de Libre Comercio”, se encuentra el hecho de que es necesario cumplir con lo establecido en la Ley de desarrollo Rural Sustentable en su capitulo XVII de Seguridad y soberanía alimentaría, pues esta define como básicos y estratégicos al maíz, fríjol, caña de azúcar, trigo, arroz, sorgo, café, huevo, leche, carne de bovinos, porcinos, aves y pescados.

Otras de las bases legales para la revisión y negociación del Tratado Comercial, se encuentra en su articulo 80, y se refiere a las medidas de emergencia o salvaguardas a las que los gobiernos suscriptores del tratado pueden acudir para evitar que se cause daño a la producción nacional de productos o mercancías idénticos o similares a las que se están importando. En este caso, el gobierno mexicano puede sin que medie petición de parte, determinar que las importaciones de determinados productos o mercancías se han incrementado, a tal grado que han causado o amenazan causar un serio daño a la producción nacional, y con base en dicha determinación establecer medidas arancelarias que impidan que la importación de los productos en cuestión se continúen realizando.

Las medidas de salvaguardas o de emergencia son recursos a los que frecuentemente acuden gobiernos de todo el mundo para defender a sus productores; y el Gobierno de México no debe ser la excepción o seguramente existen otros intereses que no permiten echar mano de este recurso.

En cuanto a las medidas desesperadas de agrupaciones Campesinas de las diferentes partes de la República Mexicana que están considerando ampararse contra los efectos del Capitulo agropecuario, los resultados serían adversos, pues los jueces federales pueden argumentar que existen jurisprudencias que confirman la facultad del Estado Mexicano de celebrar tratados y convenios internacionales.

Aunque a largo plazo, tal vez la vía idónea para evitar que se vulneren los conceptos de soberanía alimentaría, autodeterminación e independencia económica y el concepto de democracia social consagrados en nuestra Constitución General de la república, sería presentar un juicio de nulidad ante las instancias jurídicas internacionales incluyendo a la Comisión Interamericana de los Derechos humanos.

Ante ello, es necesario iniciar una gran cruzada nacional, para ayudar a los campesinos de México. Y como la soberanía del pueblo la ejerce este a través del poder público, deberían las legislaturas locales de todo el país, empezando por Chiapas, emitir un punto de acuerdo hacia el Congreso de la Unión, a efecto de que el poder legislativo federal exhorte al titular del Poder Ejecutivo de la nación, y realice una revisión exhaustiva del Capitulo Agropecuario del Tratado de Libre comercio suscrito por México, Estados unidos y Canadá, y una vez llevado a cabo, inicie la renegociación de dicho tratado comercial, con el fin de proponer las adecuaciones correspondientes y lograr un equilibrio e intercambio equitativo.

*Se ha desempeñado como asesor del Poder Legislativo de Chiapas, asesor de ONG’S y articulista invitado de las Revistas de circulación Estatal y Nacional “Diálogos en el Sur”, “Imagen Política de Chiapas”, y “Quehacer Político”.

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DEBE PAGAR USO DE SUELO TELMEX A MUNICIPIOS DEL PAÍS

2009-02-03T14:22:00.000-08:00

Publicado: Noviembre 18 del 2007.

Por: Rafael Cruz Vázquez*

En materia de gravámenes o impuestos, los Municipios de nuestro país han pasado desapercibido las facultades que nuestra carta magna, las constituciones locales, las leyes orgánicas municipales, y sus propios códigos fiscales municipales, les otorga, y que representan para estos la oportunidad de lograr ingresos considerables que se reflejarían en el desarrollo municipal en cuanto a infraestructura y servicios se refiere.

Existen empresas como TELMEX, que además de invadir con sus casetas telefónicas en gran parte la vía pública de los municipios, no paga ningún tipo de impuesto o derechos por ocupación o uso de suelo, por el contrario durante más de una década ha venido evadiendo impuestos de forma “elegante”, creando para ello , y durante este tiempo ha destinado a la misma cantidades millonarias, jactándose ante al gobierno y la sociedad, de que tales recursos son usados de forma altruista para nobles causas, sin embargo el trasfondo es que mediante esta fundación la empresa logra que por las donaciones que realiza, el fisco le deduzca impuestos, de esta forma evade u omite pago de impuestos, incurriendo así en el delito de defraudación fiscal en agravio del Estado.

Es necesario precisar que el municipio tiene autonomía para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial y dentro de su ámbito de competencia, facultad que le otorga la Constitución General de la República, sin embargo en la practica, los ayuntamientos no hacen uso de esta disposición legal.

Lo anterior ocurre porque a las autoridades municipales generalmente se les ha presentado un problema de interpretación , por autorización para instalación o permanencia anual de cables y/o tuberías subterráneas o aéreas en la vía pública.

Cabe recordar que TELMEX desde 1990 dejo de ser una empresa del Gobierno federal al venderla este al Grupo CARSO de Carlos Slim, por lo que estamos hablando que ahora es de un particular, que tiene obligaciones fiscales y constitucionales que cumplir, y estamos hablando de una empresa que pertenece a uno de los hombres mas ricos del mundo, pues sus ganancias le bastan y sobran para pagar los impuestos que nunca les ha pagado a los casi tres mil municipios del país.

Si bien es cierto que TELMEX cuenta con una concesión federal para brindar el servicio a los usuarios, esto no significa que se le tenga que hacer una exención de impuestos por ese hecho, ya que de acuerdo al Articulo 115 constitucional a la letra dice “Las leyes federales no limitaran la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refiere los incisos a) y c), ni consideraran exenciones en relación a las mismas”

Así como los estados y los municipios se unen cuando los afectan los desastres naturales y cuando se trata de gestionar recursos a la federación o asuntos de otra índole; los Ayuntamientos municipales se deberían de unir, para solicitar al gobierno federal a través de la comisión de Comunicaciones y Transportes de los Congresos locales, los datos de las empresas que tienen autorización para operar telefonía pública y casetas telefónicas en las jurisdicciones de los municipios, con el propósito de proceder a requerirles de pago por sus derechos de uso de suelo y vía aérea municipal.

Existen experiencias de algunos municipios como Ixtapan de la Sal del Estado de México, Torreón, Coahuila, el mismo Distrito Federal y el Municipio de Tlaxcala, que requirieron a empresas telefónicas, como TELMEX, y Televisión por Cable, para que cumplieran con sus respectivas obligaciones fiscales, que comprende el pago de derechos por uso suelo, por los tendidos de cables o tuberías aéreas o subterráneas en su jurisdicción municipal; pero al encontrar la negativa de las empresas, los gobiernos municipales se vieron en la necesidad de coordinar a sus direcciones jurídicas y haciendas municipales o tesorerías para iniciar los cobros respectivos de los créditos fiscales a través de Procedimientos Administrativos de Ejecución.

En ningunos de los casos ya citados le ha sido posible a TELMEX y demás empresas en evadir esa obligación fiscal con estos municipios, pues aun cuando se ampararon contra la obligación de pago, perdieron el amparo, obligándose de esta manera a que tengan que cumplir con los pagos requeridos, de hasta 4 o 5 años atrás, reafirmando así que los gobiernos municipales actuaron dentro del marco jurídico constitucional, por lo que de esta forma se sientan precedentes para que los demás municipios del País, puedan hacer valer la Ley.

Los ayuntamientos, no deben pasar por alto, de que en caso de que emprendan esta tipo de acciones legales, deben de buscar la asesoría de despachos jurídicos especializados en derecho administrativo y fiscal, para que se avoquen de manera concreta al asunto, sin desestimar el apoyo y asesoría de las Comisiones legislativas de Hacienda en las entidades federativas. Con esto lograrían hacer historia en sus respectivos municipios al cobrar como un derecho el uso de suelo y espacio aéreo en vía pública a TELMEX y demás empresas que en las mismas circunstancias pretendan operar, pues hasta ahora solo han sido letra muerta en los estados y municipios de la República.

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OPORTUNIDADES ENERGÉTICAS, NO RESUELVE DEMANDAS

2009-02-03T14:09:00.000-08:00

Publicado: Marzo 05 del 2007.

Por: Rafael Cruz Vázquez*

El flagelo social ocasionado por los altos costos del servicio de energía eléctrica, no se va a combatir con el Programa del Gobierno Federal, denominado “ Oportunidades Energéticas”, que consiste en otorgar 100 pesos bimestrales a aproximadamente cinco millones de familias de todo el País, que se encuentran empadronados dentro del programa “Oportunidades”.

La política social de combate a la pobreza que implementa el Gobierno Federal, debe reorientarse, sobre todo tratándose de este programa que impacta en aproximadamente 25 millones de personas, cuando en realidad existe por atender un promedio de 50 millones de mexicanos.

De acuerdo a versiones de la CFE, publicada en uno de los medios informativos de circulación estatal, el 80% del número total de usuarios del servicio de energía eléctrica en Chiapas se encuentran dentro del padrón de beneficiarios del programa “Oportunidades”, por lo que ante ello, consideran que se les facilitará la captación de pagos procedentes de estos usuarios.

Sin embargo, en el supuesto de que la mayoría de los usuarios del servicio de energía estuvieran siendo beneficiados, contrasta con la realidad, porque no le alcanzaría al usuario para pagar su recibo facturación, ya que en la mayoría de las ocasiones, rebasa el costo de esos 100 pesos que reciben de “Oportunidades Energéticas”, en virtud de que sus facturaciones oscilan entre 600, 500, 2000, y hasta 15,000 mil pesos, o mas cuando se refiere a los municipios de Reforma, Tapachula, Arriaga, Cintalapa, Malpaso, Tila, Salto de Agua, por citar algunos.

Las tarifas altas por consumo de energía eléctrica, no solo afectan a los más pobres, sino también a otros sectores de la entidad, incluyendo a los empresarios y microempresarios, no obstante que los cobros elevados, tenemos un “servicio de mala calidad”, apagones frecuentes, comunidades que se quedan sin suministro de energía por más de tres días, aparatos electrodomésticos, inservibles por las variaciones de voltaje, y demás irregularidades.

El recorte presupuestal de 5 Mil millones de pesos que el Gobierno Federal hizo a CFE, LFC (Luz y Fuerza del Centro, y a PEMEX, los destinó al programa de “Oportunidades Energéticas”, lo cual trae como consecuencia que estas empresas públicas no les será posible aumentar la generación de energía eléctrica en sus respectivas unidades de generación, por lo tanto no se podrá reducir el índice de apagones por sobrecarga de las líneas de distribución y transmisión. Y mucho menos aumentar los trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo, y esto incluye a PEMEX, que por falta de presupuesto tiene instalaciones obsoletas, que ponen en riesgo la vida tanto la vida de los trabajadores de la Paraestatal como de los habitantes que se encuentran cerca de las instalaciones de los complejos petroquímicos.

No se trata de desestimar la aplicación del programa “Oportunidades Energéticas” pero el Gobierno Federal, debió haber tomado los recursos para tal programa de otra partida presupuestal que no afectara al sector energético.

Es necesario que el Gobierno Federal, le invierta a la modernización del sector eléctrico, para lograr que la CFE, sea una empresa eficiente y competitiva a nivel nacional e internacional.

*Se ha desempeñado como asesor del Poder Legislativo de Chiapas, asesor de ONG’S y articulista invitado de las Revistas de circulación Estatal y Nacional “Diálogos en el Sur”, “Imagen Política de Chiapas”, y “Quehacer Político”.

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